Siete detenidos por las irregularidades en la gestión del agua de Sagunto

Ayuntamiento de Sagunto este martes 15 de enero de 2019./Irene Marsilla
Ayuntamiento de Sagunto este martes 15 de enero de 2019. / Irene Marsilla

La jueza ordena el arresto de una exconcejala y de un exdirectivo de Aguas de Valencia en una causa en la que se calcula un perjuicio de 24 millones

A. Rallo
A. RALLOValencia

Nueva operación contra la corrupción en la Comunitat. La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto ordenó ayer la operación policial que se saldó con siete arrestos por irregularidades en la gestión del agua del municipio. Cinco de estas detenciones se produjeron en la Comunitat. Este causa deriva de una investigación de 2015, bautizada como operación Flotador, en la que se analizaba el fraccionamiento de contratos a favor de al menos seis mercantiles. Estas irregularidades, cometidas durante al menos dos legislaturas en las que el primer edil era el hoy diputado del PP, Alfredo Castelló, estaban siendo rastreadas por los especialistas de la Policía Nacional. Fruto de estas pesquisas, se desarrolló el dispositivo policial de ayer.

Un comunicado de la Policía Nacional concretaba que las detenciones se habían producido en Valencia, Sagunto, Bétera, Lleida y Murcia. Entre los arrestados figura al menos una exconcejala de Partido Popular y un exdirector general de Aguas de Valencia. La investigación se centra en la constitución de la empresa pública Aigües de Sagunt cuyos socios participativos son el Ayuntamiento de Sagunto (51%) y la entidad Aguas de Valencia (49%). El Ayuntamiento sacó a concurso la alianza con un socio privado para prestar el servicio.

Al parecer, es en ese proceso donde supuestamente se suceden una serie de irregularidades. La más evidente, siempre según los datos facilitados por la Udef, es que la cantidad presuntamente malversada podría ascender a 24 millones, que se corresponden con la valoración económica de la concesión del agua, obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales.

Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento de Sagunt, derivada del expediente para la adjudicación de la concesión del agua y cuya gestión corresponde a Aigües de Sagunt, se materializó en la existencia de un préstamo participativo de aproximadamente 12,5 millones a favor de Aguas de Valencia y una ausencia de ingreso del importe restante hasta los 24 millones antes citados. La causa fue asumida en su día por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Pero las detenciones de ayer no se producen a petición de los responsables del ministerio público. La jueza investiga la supuesta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación. El diputado Castelló, al ser aforado, no puede ser citado por el juzgado instructor para dar su versión de los hechos. En el caso de que la titular encontrara indicios de criminalidad suficientes en la actuación del diputado, debería elevar una exposición motivada para que el Tribunal Superior de Justicia asumiera la causa y le citara como investigado.

El responsable popular realizó declaraciones a la agencia Efe. Castelló precisó que se trata de actuaciones que ocurrieron antes de que él fuera alcalde de la localidad. Añadió que la adjudicación del contrato que el Ayuntamiento firmó con Aguas de Valencia se produjo a principios de 2007, unos dos o tres meses antes de que él se hiciera cargo de la Alcaldía. La delegada de Aguas del Ayuntamiento de Sagunto, Roser Maestro, aseguró que colaborarán con la investigación «para depurar absolutamente y sin fisuras todas las responsabilidades». El actual alcalde, Francisco Fernández, explicó que ayer se trabajó con normalidad en el Consistorio. Idéntica situación a la de Aguas de Valencia, donde ningún agente reclamó ayer documentación.