El Gobierno aprueba ocho meses después los incentivos a la inversión en la zona cero de la dana
La medida, adoptada tras la presión del Consell, activa una serie de ayudas estatales financiadas con fondos europeos. Con el volcán de La Palma, el Ejecutivo central las aplicó de inmediato
Este domingo se cumplen ocho meses desde que una dana arrasara media provincia de Valencia y dejara a su paso 228 víctimas mortales. Ocho ... meses de recuperación que, por ejemplo en el caso del metro, han culminado este viernes con la recuperación definitiva de la conexión con las localidades más afectadas por la riada. Si para una administración como la autonómica la recuperación de la normalidad se hace lenta y costosa, para un particular, un autonómo o un empresario se convierte en una tarea hercúlea.
Para facilitar esos procesos de recuperación, y en particular los de reactivación de la economía, las administraciones tienen en su mano la posibilidad de adoptar medidas e incentivos que contribuyan a facilitar la reapertura o la llegada de negocios. Así los adoptó por ejemplo el Gobierno central en el caso del terremoto de Lorca (2011) o en el más reciente del volcán de La Palma (2021). En ambos casos, y de forma casi instantánea, el Gobierno –presidido por Zapatero en el primer caso, y ya por Pedro Sánchez en el segundo- adoptó desde el Consejo Rector de Incentivos Regionales una serie de «medidas excepcionales con el fin de conseguir discriminación positiva en la concesión de incentivos regionales». Los incentivos regionales son ayudas estatales financiadas con fondos europeos Feder y gestionadas por el Ministerio de Hacienda.
Ante la inacción del Ejecutivo central desde la riada del 29 de octubre, la Generalitat Valenciana remitió el pasado 30 de enero un escrito al Ministerio de Hacienda solicitando que los municipios afectados de la provincia de Valencia recibieran el mismo trato preferente que el que habían recibido en su momento las localidades de Lorca y La Palma. En concreto, la petición planteaba aplicar bonificaciones adicionales o puntuación extra para obtener incentivos regionales a los proyectos empresariales que se desarrollaran en las zonas damnificadas.
El pasado 6 de mayo, a la vista del silencio de los responsables del departamento que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, la administración valenciana volvió a dirigirse al mismo ministerio para reiterar su solicitud. El silencio volvió a ser la respuesta hasta… hoy.
Porque este mismo viernes, el Consejo Rector de Incentivos Regionales del ministerio de Hacienda ha notificado a la administración valenciana que el pasado miércoles adoptó una modificación del acuerdo para el periodo 2022-2027 que, con el objetivo de «potenciar las inversiones empresariales en las localidades afectadas por la dana mejorando su tratamiento en la línea de incentivos regionales, se concederá a aquellos proyectos localizados en las localidades (…), una bonificación adicional de cinco puntos porcentuales», sin que esta bonificación pueda superar el límite máximo de ayudas de la zona establecido por la Comisión Europea.
«Esta modificación se aplicará a todos los proyectos que se califiquen a partir de la aprobación del presente Acuerdo y se comunicará a los órganos competentes de la tramitación de los incentivos regionales en las Comunidades Autónomas afectadas», se señala.
El acuerdo llega, por tanto, ocho meses después de la dana que arrasó media provincia de Valencia, y después de que la administración valenciana se haya dirigido hasta en dos ocasiones a los responsables del ministerio de Hacienda para solicitarles su activación, conscientes de que el acceso a este tipo de ayudas resulta determinante para disponer del impulso necesario para la recuperación de esas inversiones.
Una medida que no solo favorecerá la implantación de nuevas empresas sino que permitirá que pequeñas y medianas empresas ya instaladas en los municipios afectados y con ayudas concedidas a través de incentivos regionales puedan mejorar las condiciones y aumentar las cuantías de las ayudas vigentes. Actualmente hay más de una treintena de centros de trabajo en las zonas damnificadas en los que se han llevado a cabo o están en curso inversiones financiadas con estos fondos.
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