Alfonso Grau sale de la cárcel

El exvicealcalde tiene 80 años de edad. Desde su ingreso ha permanecido en la Enfermería de la cárcel, algo habitual en un interno de su edad. Anticorrupción pidió su encarcelamiento por riesgo de destrucción de pruebas, pero también por riesgo de fuga pese a la edad del imputado. Grau tiene una hija que reside en el extranjero. Sin embargo, la titular de Instrucción 13 de Valencia sólo apreció el primero de los motivos para argumentar su ingreso. De ahí que el tiempo transcurrido, esos seis meses, anticipen una inminente salida de la cárcel.

Grau era el único de los imputados que seguía todavía en prisión desde que se desarrollara la operación policial, la segunda fase de la operación Azud. Junto a él ingresó, Jaime Febrer, el empresario urbanístico al que algunas fuentes sitúan como el cabecilla de esta segunda trama vinculada a la red de corrupción en la que también participaba supuestamente el cuñado de la alcaldesa de Valencia, José María Corbín.

Desde el primer momento se acusó a Febrer de tener una cuenta en Luxemburgo. Él siempre lo ha negado. Su puesta en libertad se produjo después de que su letrado presentara una documentación relacionada con la capital europea, en concreto, un folleto propagandístico. Quizá no estuvo motivado con las diligencias que se estaban efectuando. Esa relación causa-efecto es algo que sólo se podrá comprobar con certeza una vez se levante el secreto de sumario.

También terminó en la penitenciaría Rafa Rubio, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia y el hombre fuerte del urbanismo del PSPV en la ciudad de Valencia. Fue, no obstante, el primero en salir. Anticorrupción sospecha que utilizó una operativa conocida como pitufeo -ingresos periódicos en cuentas bancarias para blanquear un dinero de procedencia ilícita- con el objetivo de camuflar una presunta comisión de 300.000 euros del empresario.

Rubio está acusado también en la pieza de los zombies de Imelsa y se enfrenta a seis años de cárcel. El exdirigente ha pedido que un seguro de Divalterra se haga cargo de sus gastos de defensa. Todavía no le han contestado. En realidad, la póliza sólo ha pagado a excargos del PP.

El historial judicial de Grau durante los últimos años no tiene desperdicio. La corrupción ha rodeado su persona. El primer envite, del que salió airoso, fue el caso Nóos. Se sentó en el banquillo por la acusación del PSPV, pero logró una absolución. Ese proceso dilapidó todos los puentes con Rita Barberá a quien acusó de dejarlo solo cuando la idea del proyectos de los Valencia Summit, de Iñaki Urdangarin, partió supuestamente de otras altas instancias.

Sólo aquello salió bien. Tras esto, llegó la condena a tres años de cárcel por aceptar relojes de un contratista del Ayuntamiento. El fallo está recurrido en el Tribunal Supremo. Y conoció, ya en prisión, el procesamiento por la financiación ilegal del PP de Valencia. Un asunto por el que se enfrentará a importantes penas de prisión. Su edad, no obstante, hace poco probable que regrese a una cárcel.

La titular de Instrucción 13 de Valencia, el órgano que tramita estas diligencias, por otra parte, se ha quedado sin refuerzo, según explicaron fuentes judiciales. La no renovación del juez que le permitía dedicarse prácticamente en exclusiva a la trama de corrupción urbanística multiplicará el trabajo de la titular del juzgado. Se trata de una de las causas más voluminosas de todas las que actualmente copan los juzgados de Valencia. Los tomos de documentación se cuentan por decenas al igual que el número de imputados. Este último factor augura un buen número de recursos y solicitudes a los que deberá dar respuesta.

Los jueces de refuerzo se plantean por el decanato a partir de la demanda del juzgado. Se analizan en Sala de Gobierno y de ahí se eleva la petición al Consejo General del Poder Judicial. En este caso, fuentes conocedoras de la petición de la juez instructora indicaron que no estaba suficientemente motivada.