Argüeso, a la jueza de la dana: «Si Pradas está investigada por el Poyo, cómo no lo está Polo que debía informar del barranco»

El exsecretario autonómico considera incomprensible que Polo no figure en estos momentos como investigado. Su explicación es la siguiente: «Si Salomé Pradas lo está por no haberse enterado del mensaje de la crecida del Poyo y no haber decidido enviar el mensaje, cómo no llama como investigado a quien dirigía el organismo del que salió el aviso del Poyo y quien estando presente en el Cecopi no alertó de ello».

Argüeso incide en el hecho de que el exdirigente no alertara de esta situación en la reunión de Emergencias ni informara del envío del correo que a las 18.43 reflejaba una situación al borde del caos. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, admitió en su declaración como testigo que ella tampoco se enteró de la emergencia por Polo sino por la llamada de la alcaldesa de Paiporta, desesperada ante el caudal que arrastraba el Poyo.

«No se entiende esta diferencia de trato», señala en referencia a las condiciones procesales de Pradas y Polo. Más contundente, si cabe, resulta en su argumentación contra José Miguel Basset, el que fuera jefe de los bomberos y al mando de la emergencia la trágica jornada. Hoy está jubilado. Argüeso mantiene que, en el supuesto de existir una causa penal, la responsabilidad de Basset es capital. «Debe explicar por qué retiró a los bomberos de los barrancos de la zona afectada el día 29 sin avisar al Cecopi ni a ningún responsable de Emergencias».

La defensa de Argüeso reprocha a la jueza sus tesis sobre Basset. «En este caso, actúa como un tribunal sentenciador que ya hubiera valorado las pruebas practicadas en juicio oral. ¿Cómo se le puede preguntar a este señor como testigo si retiró los bomberos del Poyo sin decir nada a nadie y sin avisar al Cecopi?». De hecho, la defensa de Argüeso adelanta que la respuesta a esta cuestión puede generar una responsabilidad penal para Basset.

Idéntica conclusión extrae de la situación de Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112 a quien considera responsable de que no llegara al Cecopi la información de las miles de llamadas de emergencias que se estaban recibiendo a escasos metros de donde se desarrollaba la reunión. Advierte a la jueza de «la temeridad legal» que supone una comparecencia como testigo.

La jueza estableció desde el primer momento que la competencia en el área de Protección Civil corresponde a la Generalitat y, en este caso, a la persona que ejercía el mando único en la emergencia, la consellera Salomé Pradas. La Fiscalía respalda esta tesis, pero no comparte la imputación de Argüeso porque no se define qué conducta desarrolló que pudiera ser delictiva. Parece más -apuntan- una imputación en virtud de su cargo y no de su actuación, algo evidentemente prohibido. Todo se encuentra en manos de la Audiencia.