Anticorrupción abre la puerta a que Ábalos y Koldo ingresen ya en prisión por riesgo de fuga

La decisión del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, llega después de que este miércoles el instructor haya decretado la libertad provisional de Santos Cerdán en la segunda pieza que investiga en el Supremo, relativa al presunto cobro de mordidas por el amaño de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos (2018-2021). Del mismo modo, da el paso tras entregar al juez su escrito provisional de acusación contra el que fuera titular de ese departamento y su antiguo asesor, en el que reclama elevadas penas de cárcel para ambos.

En concreto, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y otros siete años para el empresario Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama. Incluye también multas superiores a los 3,7 millones de euros para los tres procesados por el uso y/o aprovechamiento de información privilegiada para el beneficio económico obtenido con sus supuestas actividades delictivas.

En el rango de penas que reclama el fiscal jefe llama la atención que a Víctor de Aldama - acusado también de un fraude fiscal de más de 220 millones en una causa sobre la gestión de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional-, le reclame un tercio menos de condena que a Ábalos, quien fuera también secretario de Organización del Partido Socialista durante cuatro años. El motivo es que le aplican la atenuante de confesión y/o colaboración con la Justicia, que no solo le supuso salir en su momento de prisión preventiva sino que ahora le ha granjeado 'ventajas' punitivas. Un mensaje nítido de Luzón a los otros dos procesados, Ábalos y Koldo, quienes de momento no han dado el paso de mostrar su arrepentimiento pese a los cantos de sirena del primero.

En los 21 folios de su escrito, menciona las relaciones a tres bandas de los encausados al margen de la ley para su beneficio personal. Incluye por ejemplo los presuntos «premios económicos» obtenidos por el exministro para que Transportes, a través de su asesor Koldo García, adjudicara la compra de mascarillas en plena pandemia a Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama que también recibió contratos sanitarios de los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.

Anticorrupción atribuye a Ábalos y a Koldo los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos, los mismos por los que el pasado 3 de noviembre el magistrado dictó un auto de procedimiento abreviado (similar al procesamiento) contra el extitular de Transportes y su asesor ministerial. En el caso de Aldama, le imputa tres ilícitos: organización criminal, cohecho (incluye una multa añadida de 180.000 euros, al igual que a los otros dos acusados) y aprovechamiento de información privilegiada.

A la espera de la confirmación de la sala de tres magistrados que supervisa la instrucción del procedimiento, en esta primera pieza del 'caso Koldo' los tres se sentarán previsiblemente en el banquillo por, entre otros motivos, haberse constituido en una suerte de grupo organizado para el cobro de mordidas o la recepción de dádivas, principalmente con la adjudicación a la citada empresa Soluciones de Gestión de varios contratos valorados en 53 millones en Transportes, a través de sus organismos ADIF y Puertos del Estado.

Este primer juicio también incluirá todo lo referido al hecho de que «Koldo García, con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro, habría desplegado su influencia para lograr que De Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran» de las actuaciones del «propio ministerio».

Así, en este bloque que sería enjuiciado en 2026, también entran la publicación de la nota de prensa avalando la financiación pública para el rescate de Air Europa; las gestiones realizadas a favor de la sociedad de hidrocarburos Villafuel para que sus representantes se reunieran con responsables del Gobierno; o el encuentro de De Aldama con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de «procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de De Aldama».

En esta vista oral también responderán Ábalos y Koldo de la «arbitraria colocación en sendas empresas públicas de, al menos, Jésica Rodríguez y Claudia Montes», las amigas del exministro de Transportes que habrían sido enchufadas en la administración o los supuestos pagos recurrentes de Aldama a Koldo García (10.000 euros al mes) por los servicios prestados por éste en su favor. Una tarea que consistiría en ejercer su influencia sobre el exministro y exsecretario de Organización del PSOE durante los años en los que Ábalos dirigió Transportes: 2018-2021.