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Circuito de Fórmula 1 de Valencia. Damián torres
Anticorrupción y la Abogacía reclaman reactivar el caso Valmor con la declaración del interventor de la Generalitat y del policía de la Udef

Anticorrupción y la Abogacía reclaman reactivar el caso Valmor con la declaración del interventor de la Generalitat y del policía de la Udef

El ministerio público solicita además que se remita la traducción al castellano de los correos en inglés

A. Rallo

Valencia

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Miércoles, 30 de octubre 2019

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La Audiencia ordenó hace apenas unas semanas la reapertura del caso Valmor, pero sólo en lo relativo al procedimiento administrativo que se siguió para que la Generalitat pasara a ser avalista del Gran Premio, aunque este hecho finalmente no tuvo consecuencias para la Administración. La Sala, en cambio, validó el resto del proceso para traer la F-1 a Valencia, incluso la negociación de Camps con Ecclestone que se puso en duda durante la instrucción y llevó al fiscal encargado entonces del caso, Vicente Torres, a solicitar su procesamiento.

El mandato de la Audiencia ya ha tenido consecuencias. Anticorrupción ha presentado sus primeras diligencias, lo que supone la reactivación del caso tras cerca de casi un año de parálisis desde que se decidiera el archivo provisional. El ministerio público reclama ahora la declaración del interventor de la Generalitat que hizo el controvertido informe sobre el aval. Nunca llegó a comparecer en el juzgado tras la presentación de su trabajo como sí lo hizo el policía de la Udef que efectuó los informes policiales. Es decir, la de la Intervención fue una diligencia pedida en su día pero no acordada. Se puede efectuar pese a que el tiempo de la instrucción está agotado. Esta es una de las circunstancias que de manera más decisiva limita las posibilidades de rastrear cualquier tipo de irregularidades.

Además, la acusación pública también considera que se deben aportar a la causa la traducción de determinados correos en inglés. Esta petición, la de la traducción, se ordenó en su día, pero los textos nunca llegaron traducidos a la sede judicial. Los documentos forman parte de los informes policiales que se elaboraron mientras estaba secreta la causa con el volcado de los ordenadores de varios responsables de la Generalitat. En su día, el departamento contestó al juzgado que tardarían en completar el encargo debido al exceso de trabajo, pero la realidad es que el material no regresó al juzgado instructor.

La Audiencia dijo que era irrelevante que el aval no entrara en vigor para que se cometieran delitos

La Generalitat Valenciana también se ha sumado a las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción. Aparte de la declaración del interventor de la Generalitat que hizo el informe sobre el aval, la Abogacía -la única que recurrió el archivo inicial de la causa- ha pedido la citación, de nuevo, del agente de la Udef que elaboró los informes policiales. La acusación particular recuerda que la comparecencia sí se efectuó, pero se suspendió a las 15 horas. El profesional no fue citado de nuevo.

La Sala sólo ordenó la reapertura del caso en este punto, el del aval. Discrepa sobre la posición de la jueza y la que mantuvo en su día el fiscal acerca de que como el aval no entró en vigor no hay delito. Los magistrados concluyeron que esta circunstancia es irrelevante y ordenaron profundizar en la investigación del supuesto proceso por el que la Generalitat se convierte en avalista de la F-1. Por un lado, al parecer, admiten que no tuvo consecuencias económicas para el erario, pero sí aprecian ciertas irregularidades en el proceso de tramitación y urge a analizar las consecuencias jurídicas de aquellos actos. En este punto, en concreto, entiende la sección segunda de la Audiencia que podría haber «una omisión» al completo del procedimiento legalmente establecido y en la que tendría «una participación relevante» el expresidente Camps.

El inspector de la Udef sí ratificó su informe, pero el del órdago auditor nunca llegó a declarar

Las investigaciones de la Fórmula 1 no han prosperado como en su día se anunció. El amaño del diseño del circuito urbano y el cobro de comisiones por obras se archivaron al estar prescritos los hechos. En esta pieza estaba Francisco Camps y el exconseller Mario Flores, entre otros altos cargos investigados.

Existen otras dos causas de la F-1, que se instruyen en Instrucción 2 de Valencia, al margen del aval. Por un lado, los supuestos amaños de contratos en Circuito Motor. La tercera pieza, la de la compra de Valmor por un euro, no ha experimentado ningún avance desde la presentación de la denuncia. De hecho, no se ha practicado ninguna diligencia. Anticorrupción pidió el archivo. La Generalitat, una vez más, se opuso. La jueza todavía no ha resuelto sobre el destino de esta investigación.

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