Anticorrupción vira y pide el archivo de la compra de Valmor por el Consell

La tesis inicial era que se engañó a todos los miembros del Gobierno al ocultarles que con la adquisición de la sociedad se asumía también la deuda de cerca de 20 millones que arrastraba la mercantil, consecuencia del déficit que generaban las carreras. Una circunstancia, la de las pérdidas, que ya habían expresado los socios de Valmor desde la primera edición. Y, además, era pública porque prácticamente todos los medios de comunicación se hicieron eco de la deuda de la sociedad.

La instrucción, finalmente y después de varios años, ha permitido descartar cualquier indicio de ilegalidad por parte de los miembros del Consell presidido por Alberto Fabra.

La decisión de la compra se adoptó para evitar que la Generalitat corriera con los gastos de una posible cancelación de la F1, lo que habría supuesto una penalización de cerca de 70 millones de euros aparte del desprestigio de la Comunitat. El canon desde 2009 lo abonaba la Sociedad Proyectos Temáticos.

La tesis inicial de la fiscalía cuando se interpuso la querella, en diciembre de 2014, era que la consellera Lola Johnson había engañado al Gobierno valenciano al esconder los verdaderos compromisos que suponía la absorción de la mercantil. Sin embargo, ya en su día el ministerio público solicitó el archivo para la exportavoz del Consell y desde entonces no han surgido nuevos indicios delictivos alrededor de esa operación. De tal forma que la Fiscalía concluye ahora que la compra de Valmor fue la operación menos perjudicial para los intereses de la Generalitat y, además, durante el proceso de adquisición se respetaron todos los procedimientos legales. La instrucción, con las sucesivas imputaciones, se llevó por delante la carrera política de muchos altos cargos del PP. Es el caso de la misma Lola Johnson, destituida por Alberto Fabra de manera inmediata en cuanto fue imputada.

Recientemente, también el Tribunal de Cuentas validó la compra de Valmor y exculpó a varios dirigentes de cualquier responsabilidad contable. Ahora, la incógnita consiste en averiguar el papel que mantendrá la Abogacía de la Generalitat en este asunto. Si se sumará al archivo o, por el contrario, se opondrá a que se cierre la causa. Las tesis del ministerio fiscal y de los letrados del Consell han tomado rumbos diferentes en los últimos meses.

El distanciamiento, la ruptura o incluso mejor «la desconfianza» se ha instalado definitivamente entre fiscales y Abogacía de la Generalitat con asuntos como la construcción del famoso circuito y la singular actuación de la Generalitat. La juez de Instrucción 17 convirtió un asunto en apariencia sencillo -la querella inicial del fiscal- en una macrocausa sin el apoyo del ministerio público. La fiscalía, a lo largo de otros procedimientos, ya ha insistido en que son ellos los encargados de la defensa de lo público.

La F-1 arrancó con el caso Valmor. La denuncia del PSPV y Compromís sobre la organización del evento terminó, tras la investigación del fiscal Vicente Torres, primero en el TSJ y después en el juzgado. Tras una extensa instrucción, el caso comenzó a deshincharse pese a los esfuerzos por darle oxígeno con aquel sorprendente registro masivo de los correos a mitad de la causa. El expiloto Jorge Martínez Aspar pasó de ser el malvado compinche de Camps a no tener ninguna responsabilidad en el asunto. Algo similar a lo de la exconsellera Lola Johnson, de inicial colaboradora del fraude a nada en absoluto. El fiscal, no obstante, pidió el procesamiento de Camps con una prevaricación, copiada del caso Jaume Matas, que mantenía la acusación cogida con pinzas. Tras no ver delito la jueza, el ministerio público desistió, como ocurre ahora.