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Entrada a la piscina climatizada de Bigastro.
Agua caliente de 24 kilates

Agua caliente de 24 kilates

Decenas de equipamientos en la Vega Baja quedan inservibles a los pocos años de su creación por los elevados costes de mantenimiento

Fernando Amat

Domingo, 1 de junio 2014, 01:45

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Una vez transcurridos varios años desde que se colocaran las primeras piedras del Plan E del Gobierno aún quedan pendientes adecentar las fachadas de los últimos proyectos del Plan Confianza de la Generalitat. La Vega Baja ha recibido desde el año 2009 la friolera de 122 millones de euros en inversiones por parte de las dos administraciones. En la mayoría de casos las obras eran necesarias e implicaban una gran urgencia, pero algunos municipios padecieron una especie de fiebre de la subvención y el dinero se ha colado por el retrete después de unos años.

  • Almoradí.

  • Infraestructuras prevé rematar la ampliación del Ayuntamiento antes del verano.

  • Benejúzar.

  • El equipo de gobierno se encuentra pendiente de adjudicar una piscina con un sistema geotérmico para reducir costes.

  • Bigastro.

  • El Consistorio cerró la piscina climatizada ante la imposibilidad de costear los gastos.

  • Callosa.

  • El equipo de gobierno asumió la gestión del centro deportivo para minorar pérdidas de 300.000 euros anuales. La red de wifi que valía 100.000 euros no se ha pusto en funcionamiento.

  • Catral.

  • El tanque de tormentas costó medio millón de euros y el parque senior 150.000 euros. Ambos equipamientos son inservibles. El aula de la naturaleza costó otro medio millón de euros y no se ha abierto porque carece de sistema eléctrico. El municipio espera una subvención para reurbanizar el casco urbano.

  • Dolores.

  • El museo de la huerta apena recibe visitas, a pesar de que supuso una invesión de más de 300.000 euros

  • Granja.

  • El auditorio de verano, anexo al auditorio municipal no ha llegado a albergar ningún evento, aunque costó más de 470.000 euros del Plan Confianza.

  • Orihuela.

  • El municipio espera la construcción de obras millonarias como el centro de salud del Rabaloche, el centro cívico de La Aparecida y el centro de seguridad y emertencias de la costa.

  • Rafal

  • El Ayuntamiento espera desde hace más de tres años que la Conselleria de Sanidad acabe la construcción del centro de salud.

  • Redován.

  • El equipo de gobierno optó por cerrar la piscina climatizada tres años después de que se pusiera en marcha. El Consistorio no podía soportar unos gastos de 3.000 euros mensuales.

  • Rojales.

  • La Generalitat Valenciana tiene pendiente concluir las obras del centro cultural y la rehabilitación de caminos rurales. Aunque el gobierno del PP gastó en 212.000 euros en un sistema de videovigilancia pionero que no ha llegado a funcionar.

  • San Isidro.

  • El municipio sigue sin disfrutar de piscina municipal porque se emplearon tres subvenciones para construirla y climatizarla. El equipo de gobierno espera que la Diputación Provincial ceda la obra antes del próximo verano.

  • Torrevieja.

  • El museo de Semana Santa es uno de los proyectos que han quedado en el cajón de la subvenciones. La obra quedó paralizada la pasada legislatura.

La creación de nuevos servicios e infraestructuras se justificó en la existencia de una demanda del ciudadano que era ficticia, si bien otros proyectos se han diluido por el gran gasto del mantenimiento de las instalaciones públicas. Como ejemplos más sangrantes se encuentran las piscinas climatizadas de Redován, Bigastro o San Isidro. Aunque también existen equipamientos a medio construir como el centro de salud de Rafal. El Gobierno de Rodríguez Zapatero abrió un periodo de inversiones públicas para frenar el desempleo en el sector de la construcción. Cada municipio de la Vega Baja obtuvo 117 euros por habitante y la vorágine de obras con sus respectivos carteles se desató en la comarca.

Una de las inversiones malogradas e icono de la ambición de cada pueblo por tener su propia joya fue la piscina climatizada de Redován. Tras la apertura del Palacio del Agua y el centro deportivo de Callosa de Segura se esperaba que la población iba a acudir en masa a bañarse. No fue así, porque el pasado año cerró su actividad por falta de clientela. El recinto abrió en el 2010 con un presupuesto de 700.000 euros.

El equipo de gobierno no tuvo más remedio que derivar a la docena de nadadores que asistía a diario a poblaciones cercanas. La piscina la explotaba una empresa privada que no sacaba ni para el sueldo de un empleado y el Ayuntamiento fue el primer interesado en cerrar la puerta. El agua costaba a las arcas municipales más de 3.000 euros mensuales. Esta cantidad no era asequible para una administración endeudada y pendiente de cumplir un riguroso plan de ajuste.

Otra localidad con los números en rojo como Bigastro también prescindió a principio de legislatura de costear una zona de baño con agua caliente. En este caso había mayor demanda de deportistas, hasta 70 inscritos iban cada mes al polideportivo, pero no cubrían los gastos de la instalación. Por ello, el gobierno municipal clausuró este espacio, porque los ingresos suponían una sexta parte de los gastos. A raíz de esta decisión se organizó un movimiento ciudadano contrario al cierre, pero las deudas bigastrenses hipotecaron el baño climatizado. Ahora la instalación se utiliza como piscina de verano, aunque tenga techo se abre al público porque no existe otra posibilidad de refrescarse.

Y es que en lo referente a las piscinas climatizadas todo grupo de gobierno que ha implantado una ha tenido sus más y sus menos. Otro ejemplo atípico es el de San Isidro, que con una población que no llega a los 3.000 habitantes apostó fuerte por esta prestación más propia de ciudades como Torrevieja o Elche. La localidad más joven en constituirse de la comarca llegó a emplear hasta tres subvenciones para disfrutar de una instalación de este tipo.

Con una ayuda del Consell se creó el vaso que se cerró con otra subvención del Estado. El edificio todavía no ha abierto sus puertas porque la última fase que era la climatización y que paga la Diputación se ha alargado varios años por culpa de la empresa adjudicataria. Desde la Concejalía de Deportes se asegura que el centro será viable porque «solo costará 2.000 euros mensuales». Este bajo precio se debe a que el gobierno del PSOE solicitó colocar placas solares en el techado del recinto.

Otro centro deportivo creado con carácter comarcal es del Benejúzar que abrirá en octubre, puesto que ya se ha adjudicado su explotación a una empresa. El desafío de la adjudicataria será atraer con buenos precios a posibles clientes del entorno, puesto que los gastos también se han minimizado. El gobierno local antepuso la apertura a su eficiencia energética con la implantación de un moderno sistema de calefacción geotérmica que obtiene energía del subsuelo. Para atraer a clientes de otros pueblos el Ayuntamiento la ha bautizado como Piscina Climatizada Vega Baja.

La viabilidad de este tipo de espacios pasa por reducir el coste de mantenimiento. Así lo ha entendido el gobierno que dirige Javier Pérez en Callosa de Segura, que rescató el servicio a Aqualia. La adjudicataria reclamaba unos gastos añadidos de 300.000 euros anuales, por lo que decidieron asumir su gerencia. Ahora el gobierno callosino espera instalar una caldera de biomasa, y en lo que va de año el rescate municipal ha permitido que el Centro Deportivo sea rentable.

Sin embargo, en la gestión de Pérez se encuentra el lunar de las antenas wifi. Un novedoso proyecto para dotar de una red de internet gratuito en los espacios públicos. La inversión de 100.000 euros del Plan Confianza en estos dispositivos no se ha podido aprovechar. En un principio las antenas contravenían la legislación vigente, por lo que el Ayuntamiento no ha logrado que funcione.

Un edificio que se ha llevado por delante casi medio millón de euros fue el Museo de la Huerta de Dolores que apenas recibe visitas. El anterior equipo de gobierno encargó este equipamiento con 300.000 euros procedentes de Valencia y con otros 191.000 euros que salieron de las arcas municipales. Sobre esta exposición etnográfica no hay registros de visitas anuales, aunque el PSOE asegura que no pasan cien personas al año.

Otros ilustres caseríos de Rojales como la Casa de los Maestros se rehabilitaron por completo con 126.000 euros para utilizarse como centro juvenil y sala de exposiciones, pero quedó reducida a sede de la Ampa. Además, en la vieja hacienda de Lo Marabú fue trabajaron 27 personas durante un año. Los jardines y el patio exterior de este viejo chalé quedaron restaurados, si bien el interior de la vivienda está pendiente de una nueva actuación que permita la visita al museo de la casa solariega del Siglo XVII.

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