EDITORIAL | La dimisión no es suficiente
La marcha de José María Ángel como comisionado del Gobierno debe ir acompañada de una investigación de su acceso a la función pública
Editorial
Jueves, 31 de julio 2025, 10:31
La dimisión de José María Ángel como Comisionado Especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana era ... un primer paso ineludible después de que se destapara el supuesto fraude de la titulación -inexistente- con la que accedió a un puesto de funcionario de la Diputación de Valencia. Primer paso ineludible pero insuficiente. Porque a continuación debe abrirse una investigación para llegar a conocer qué ocurrió en 1985, cuando el dirigente socialista accedió a la función pública. Con independencia de que el posible delito haya prescrito.
La notoriedad del personaje y el escándalo que se ha montado a partir de conocerse el caso obliga a ser meticulosos para saber la verdad, sin juicios previos pero con la firme voluntad de esclarecer un asunto turbio que arruina una dilatada trayectoria política.Ángel ha sido alcalde de La Eliana y senador, siempre en las listas del PSOE, así como secretario autonómico de Emergencias con el Botánico. Cuando ya parecía retirado de la primera línea, el Ejecutivo sanchista lo recuperó tras la tragedia del 29 de octubre, confiando en su experiencia y en sus buenas relaciones con las instituciones valencianas. Una aventura que ha terminado en sonoro fiasco y en un nuevo descrédito para el Gobierno.
La carta de renuncia que el ya ex comisionado ha remitido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tan sólo sirve para comprobar que nos encontramos ante un caso en que el afectado se niega a admitir la realidad y se obstina en defender una versión de los hechos que no resulta creíble ni admisible. Asegurar que ha acreditado la titulación con la que accedió al puesto de funcionario, cuando no ha podido demostrar que haya terminado la licenciatura que constaba en su currículum, nos muestra que lejos de admitir el fraude -como sí hizo la ex diputada del PP Noelia Núñez- se presenta como víctima.
El silencio de su partido -el PSPV-, que lo elevó a los altares, y el movimiento del Gobierno al pedirle la certificación de su título situó a Ángel en una posición insostenible, añadiendo un nuevo quebradero de cabeza a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant. La imprescindible salida de Ángel no cierra el escándalo. La Diputación debe tomar las medidas necesarias para arrojar luz sobre lo sucedido, aunque hayan pasado cuarenta años. Y la justicia tiene que intervenir para averiguar si se cometió una falsificación.
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