Los transportistas convocan una huelga como la que paralizó la economía en marzo
Valencia decidirá el miércoles su posición | La cadena alimentaria urge al Gobierno que evite el colapso
La conflictividad vuelve a la carretera y, salvo que el Gobierno se mueva rápido en la negociación, los transportistas irán a una huelga indefinida ... a partir del próximo lunes, día 14, en vísperas de la campaña del Black Friday y con la Navidad a vuelta de calendario. Es la decisión adoptada por la Plataforma en Defensa del Transporte, integrada por autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que ya el pasado marzo convocó una protesta similar.
Aquel paro –del que hubo un segundo intento (frustrado) en junio– provocó problemas en las cadenas de suministro y dejó imágenes de estanterías vacíos en los supermercados, camiones escoltados y colas de barcos fondeados a la espera de poder acceder a los puertos.
De ahí la reacción en cadena del sector alimentario que ha instado al Gobierno a que garantice la seguridad de los transportistas que quieran seguir trabajando y se evite un colapso como el de marzo en el que se registraron «graves incidencias y episodios violentos», remarcaron en un comunicado asociaciones como Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Cooperativas agroalimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración, además de las organizaciones agrarias COAG y UPA.
Recuerdan el «complejo» escenario internacional y el momento «delicadísimo» que atraviesan miles de pymes por el impacto del alza de las materias primas, los costes energéticos y la guerra en Ucrania. En este sentido, el impacto de la huelga anterior se cifró en unas pérdidas de 130 millones al día sólo para el sector de la distribución. Además, las organizaciones agroalimentarias han resaltado el «grave perjuicio» que esta situación podría llegar a suponer para los consumidores, en caso de prolongarse.
En el caso de la Comunitat, la patronal del sector, que es la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), todavía no se ha pronunciado sobre este nuevo paro ya que celebrará junta directiva este miércoles. No obstante, la organización que preside Carlos Prades no respaldó la convocatoria anterior al entender que la vía de negociación e interlocución es el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el organismo que reúne con el Gobierno a todas las asociaciones de empresas y autónomos elegidas por el propio sector y que a última hora se desmarcaba del paro y pedía diálogo.
Intervención policial
A este comité no pertenece la Plataforma en Defensa del Transporte, en la que está integrada la Asociación de Transporte Portuario de la Comunitat Valenciana (Asotraport). Precisamente la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor agrupación de empresas de transporte del país que sí está en el CNTC, ha pedido al Gobierno que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúen «con la contundencia y firmeza necesaria» para permitir que el sector garantice el suministro a la población.
Mientras, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido «responsabilidad» al sector asegurando que el paro «no va a beneficiar a nadie» y ha solicitado que se deje trabajar a aquellos transportistas que así lo desean y que cualquier movilización de produzca en un entorno pacífico.
La ley que prohíbe trabajar a pérdidas, el origen de la protesta
Los «pequeños desajustes» en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno «son muertes laborales», denunciaba este lunes el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que cifraba entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.
Detrás de esos desajustes que menciona el líder de la plataforma figura, por ejemplo, el «incumplimiento» por parte de los cargadores (es decir, los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector. Hernández señalaba al ministerio por desautorizar a la Guardia Civil para controlar y denunciar este incumplimiento, al que la ministra Raquel Sánchez contestaba diciendo que esas situaciones deben denunciarse ante Inspección en vez de forma genérica.
Ese decreto-ley, aprobado en agosto por el Gobierno, recoge que el precio del transporte efectivo debe cubrir los costes individuales incurridos por el profesional. También establece la obligación de reflejar por escrito el precio del servicio y los gastos asumidos por el transportista. Se incluye, además, un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.
El Gobierno puso en marcha otras iniciativas para dar respuesta a las peticiones de los transportistas, como un paquete de 900 millones de ayudas directas –como el descuento de 20 céntimos–, la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga o las ayudas al abandono de la profesión.
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