600 euristas o menos

Puri Navarro, de 51 años, a veces pide dinero a sus hermanas en lugar de a los bancos./
Puri Navarro, de 51 años, a veces pide dinero a sus hermanas en lugar de a los bancos.

Tener salario ya no es una garantía para dejar de ser pobre. No salen, tiran de manta cuando hace frío y, si es necesario, de Cáritas para comer. «No vamos a poder soportar tanto dolor social durante más tiempo», avisan los expertos

ANTONIO CORBILLÓN

El mileurista hace tiempo que decidió irse de casa y gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta disfrutar de la gran ciudad. El mileurista no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día. A veces es divertido, pero ya cansa». Va camino de diez años (agosto de 2005) cuando la joven Carolina Alguacil acuñó la palabra mileurista, que la RAE acaba de incluir en octubre en su último diccionario. La carta al director enviada al diario El País generó un debate sobre el techo salarial de aquel tiempo. Desde entonces, Carolina ha cambiado muchas veces de trabajo y tres veces de ciudad. Barcelona, Córdoba y finalmente Madrid. Al menos nunca tuvo que irse de España. «A base de empeño hago lo que me gusta, aunque no me considero todavía bien pagada después de diez años de experiencia», dice hoy con aire agridulce. A sus 36 años, trabaja en lo suyo, la comunicación audiovisual, y tiene un contrato fijo que supera, «aunque no por mucho», esos codiciados mil euros.

Hoy mira a su alrededor y se acuerda de sus compañeros. Casi todos se han marchado al extranjero. «Nos llamaban la generación cangrejo porque la mayoría parecía que caminábamos hacia atrás». Ha pasado una década y una demoledora crisis que sigue llenando el país de crustáceos laborales. De trabajadores empobrecidos con la excusa de que sólo bajando los salarios se podía mejorar la productividad y crear alguna esperanza para los 5,5 millones de parados que han llegado a estar inscritos en las listas del paro.

Al mileurismo de Carolina le han surgido con los años más dolorosas declinaciones. Del nimileurismo hemos llegado a la última, aún más apabullante y extendida: el seiscientoseurismo. No ha hecho falta que la inventara nadie. Se impone por todas partes. ¡Quién pudiera ser mileurista! Es lo que seguramente claman hoy los 5,7 millones de trabajadores que no pasan del Salario Mínimo Interprofesional (645,30 euros al mes) y que ya son el 34% de la fuerza laboral, según los datos de la rimbombante Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo del Ministerio de Hacienda. Por ese techo salarial clama Pablo Díaz, que vive en su casa de Málaga con su novia y 698 euros mensuales. «Tiramos de manta cuando hace frío», confiesa. También lo sueña Joao Carvalho, que supera por cinco euros el salario mínimo en un comercio de Badajoz, aunque prefiere «cambiar el chip de quejica y ser positivo». Quizás porque llegó desde Portugal huyendo de salarios que nunca llegaban a los 500. Y qué dirá Esther Wiltshire, a la que pagan en Valencia cuatro euros por hora como costurera y que se deja las pestañas para acercarse a esos añorados 600 euros al mes. «No son suficientes para mi marido (parado) y mi hija de un año, pero Cáritas nos ayuda bastante», todavía agradece.

Suponiendo que sus empleadores cumplan la ley (14 pagas anuales), los salarios de esta ingente masa laboral no pasan de 9.034 euros al año. Si usamos la misma estadística de Hacienda y le sumamos los que han logrado al menos rozar el viejo sueño de los mil euros, a ese ejército de mal pagados habría que añadirle otros dos millones. Total: 7,7 millones de empleados, casi la mitad de los españoles que trabajan (46,4%). Y aquí no acaba todo, sobre todo los jóvenes están precipitándose por un nuevo roto en nuestro bolsillo social: el minieurismo.

«Es lo que querían, que pasáramos de no tener nada a aceptar lo mínimo», denuncia Aitor García, que gana 395 euros con un contrato de media jornada en un centro comercial de Gijón. Fátima Carmona logra llevar a casa entre 200 y 400 euros con los que debe alimentar a sus dos críos. Depende de las horas que le ofrezcan como limpiadora en Vegas del Genil (Granada) y alrededores. Durante un tiempo, ha logrado ahorrarse el gasto de cocina, lavadora y plancha gracias al proyecto La Tahona de Cruz Roja de Granada, que le cede un piso por horas a familias en apuros para no engordar las facturas de su propia casa. Pero la falta de fondos ha hecho que se cierre por una temporada. «Lo tengo muy complicado. Estábamos comiendo con su ayuda. Pero ya veremos a partir de ahora». Su titulación en Graduado Social no le ha permitido dar el salto. Algo parecido le ocurre a Miriam Sarrapio. Titulada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco, apenas supera los 200 euros mensuales con contratos de unas horas, «a veces por días», acompañando a madres solteras bajo tutela pública o mayores con autismo. «Estudié para atender a personas con precariedad y ahora soy una de ellas», lamenta. Si no fuera por lo que recibe con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -una ayuda social reconocida en el País Vasco como un derecho, igual que la salud y la educación- no podría sobrevivir en Bilbao. Antes fue friegaplatos en un restaurante con pedigrí Michelin, cajera o vendedora de bolsos.

La cultura puede ser un refugio, pero cada vez es más difícil que sea un empleo. Acribillada a impuestos, no hay un solo profesional que no denuncie el «criminal» 21% de IVA que ha obligado a echar el telón a muchos teatros y la persiana a los cines. Con una dilatada carrera como actriz y directora, Ruth Rivera lograba vivir de su adictiva entrega al teatro. «Nunca con lujos, pero a base de bolos algunos meses llegábamos a 600, incluso a cerca de mil», rememora. Hoy, apenas se lleva 200. Le salva una beca salario de 900 euros con la que espera completar su doctorado. Es el sustento básico para ella, su compañero (un actor que ahora diseña páginas web) y su hija de nueve años.

Trabajadores y pobres

Son perfiles de personas que luchan en los bordes del mercado laboral. «Si añadimos a pensionistas, personas con contratos a tiempo parcial y no declarantes, el avance de ese nuevo minieurismo es aún mayor. Ya hay 4,2 millones de personas que declaran menos de 500 euros al mes», explica el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Estos expertos ponen en cuarentena parte de estos datos porque «todos los estudios insisten en el incremento de la economía sumergida». Los pagos en negro, horarios extra con compensaciones sin control alguno, una «economía del trapicheo» en la que se abusa de la desprotección y las necesidades.

«Tener un salario ya no es una garantía para dejar de ser pobre», advierte el coordinador de Estudios de Cáritas y la Fundación Foessa, Francisco Lorenzo. Lleva semanas recorriendo punto a punto el país para explicar los alarmantes datos sobre pobreza de su último informe, que habla de 11,76 millones de excluidos, cifra en la que cada vez hay más gente activa. «La tasa de trabajadores en esta situación se sitúa en el 15%. El trabajo deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en otro de vulnerabilidad y pérdida de capacidad económica, social y personal».

Mientras, los organismos internacionales sueltan globos sonda confusos en los que un día dicen que hay que empezar a subir ya los salarios y al siguiente afirman que hacerlo pondría en peligro la recuperación. Cuando hace unos días los datos certificaron que el salario mínimo ya es el salario más extendido, el servicio de Estudios del BBVA lanzó su mensaje: «Bajar los salarios un 7% podría reducir el paro un 10,4%». Es la gran receta ultraliberal. El mismo dinero global en salarios pero repartido a escote entre más personas. «Subir sueldos lanzaría un mensaje equivocado a las esperanzas de cinco millones de desempleados -advierte en esta línea de pensamiento Daniel Barceló, que asesora a la multinacional de recursos humanos Adecco-. El mercado laboral español sale de un incendio. Hemos apagado los escombros. Y ya llegará la reconstrucción».

Pero expertos como Florentino Felgueroso, director de la Cátedra de Capital Humano y Empleo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, rebaten este argumento. «La precariedad es un problema estructural, es nuestro modelo de trabajo desde hace 30 años». Insiste en que el efecto trampolín dl trabajo es casi inexistente en España y «quien empieza precario suele acabar precario». De hecho, los estudios de mercado que coordina Daniel Barceló alcanzaron en su última entrega una conclusión sorprendente. El salario medio español no ha dejado de subir desde 1949. Ha tenido que llegar 2013 para romper una inercia de seis décadas y dejar ese tope en 1.643 euros al mes. Así, 2009 fue «el año que más subieron los sueldos y más despidos hubo». Hay más ricos, por lo que al sacar la media parece que todos los ciudadanos ganan más: en el último año ha crecido un 24% el número de españoles con una fortuna de más de 465.000 euros.

Estos movimientos de montaña rusa del empleo ayudan a entender por qué somos el segundo país con un reparto más injusto de las rentas del trabajo de Europa, sólo superados por Letonia, según avanza la ONG Intermon Oxfam. Y también el tercer país europeo con el porcentaje más elevado de trabajadores pobres, sólo por detrás de Rumanía (19,1%) y Grecia (15,1%), según un estudio de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. «¿Que bajan los salarios? -se sorprende el economista y profesor de Sociología del Consumo Santiago Álvarez-. Lo que está pasando con los desniveles entre directivos y empleados en España es alucinante. No hay un país con tales diferencias como el nuestro. El recorte se centra sólo en los segmentos más bajos».

Ni viejos, ni jóvenes

España ya no es un país para viejos. El 61% de los parados son de larga duración, personas que llevan tanto tiempo sin empleo que no esperan nada. Y los que sí lo tienen sólo luchan para que la actual selva no les devore. Es el caso de Mari Carmen Ortiz (60 años), con un contrato a media jornada en un comedor de empresa en Lasarte (Guipúzcoa) y que completa sus ingresos trabajando el fin de semana en un cine. «No me atrevo a tentar un cambio. No hay nada que merezca la pena, salvo que me ofrezcan un contrato relevo (prejubilación)». En su calendario no hay días en rojo. Su jornada es de lunes a domingo.

Pero España tampoco es un país para jóvenes. Por primera vez, los contratados con estudios superiores superan a los de cualquier otro colectivo. Y sin embargo, el 38% de ellos no ha logrado saltar por encima de esos 9.000 euros anuales básicos. «Su media de ocupación no ha bajado, lo han hecho sus salarios, que han caído un 20% en estos años. Estos titulados han pasado del mileurismo como objetivo al salario de reserva: aceptar lo que hay», lamenta Felgueroso.

El martes se conocieron los datos del empleo de noviembre. Ligero descenso del paro (14.688 menos) y unos miles de cotizantes más a la Seguridad Social (5.232). «El mejor de la serie histórica», según la ministra del ramo, Fátima Báñez. Un optimismo oficial en el que no creen los que investigan lo que hay detrás de las cifras. La socióloga Elisa Chuliá, coordinadora del Gabinete de Estudios de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), lleva años traduciendo los efectos sociales de lo que llama «exclusión financiera». Entrevista a personas como Rosa Valverde, que ha visto reducido su contrato en una empresa de limpiezas hospitalarias de Santander: ahora tiene una jornada parcial que apenas le da 240 euros al mes. «Mis dos hijos -24 y 16 años- han aprendido a no pedir nada, a renunciar a cosas que les gustarían o que necesitan». Chuliá trabaja con datos como estos que no pueden medir las estadísticas, pero que los ciudadanos de un país llevan marcado en el rostro. «En España el porcentaje de gente que aún se siente feliz sigue siendo alto, pero ¿hasta cuándo? El capital social que nos empuja a seguir se está reduciendo. Esa lluvia fina no está en los datos, ocurre de puertas adentro. No vamos a poder soportar los efectos sociales de todo esto a largo plazo».

Los expertos consultados insisten en los riesgos de que la depresión de los salarios se instale en los corazones. También en que no hay argumentos en Economía que demuestren que de las crisis se sale bajando los salarios. «Las empresas deben entender que no se puede vivir dignamente con 600 euros y que una sociedad insatisfecha ni es productiva, ni progresa ni tiene futuro», lamenta Elisa Chuliá.

Otros análisis ven en esa lluvia fina de la que habla la socióloga una tormenta que amenaza con llevarse todos los paraguas que guarecen a los más necesitados. Santiago Álvarez, que dirige también el centro de análisis Fuhem Ecosocial, cree que detrás de tanto «sufrimiento laboral innecesario» no se busca salir de la crisis, sino «redefinir el orden social». Y esa nueva sociedad que asoma ya está dejando un pésimo rastro. El de una gestión que «está echando a la gente del sistema y sin posibilidad de volver».

Porque un futuro de cielos despejados se fía cada vez más lejos. La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha buscado alguna respuesta en Trabajar en 2033. Ha puesto ese horizonte en el título de un informe porque es la fecha en la que creen que España recuperará los niveles de empleo de antes de la crisis. El estudio dibuja un panorama de gente autoempleada, con varios jefes y contratos a la vez y cuyo mercado laboral será el mundo entero. Un tiempo con apenas oficinas y mucho flexitrabajo, en el que solo tendrán una oportunidad los mejor cualificados.

La mejora de la macroeconomía, que nadie niega, invita a pensar en el mañana laboral. Pero ¿qué pasará si recuperamos la prosperidad? «No creo que cambiaran mucho las cosas -avisa Álvarez-. Si no hacemos algo como sociedad, el capitalismo del siglo XXI se seguirá pareciendo cada vez más al del siglo XIX».