Suspendido el juicio contra el Puerto de Valencia por presunto 'enchufe' laboral

El nombramiento de tres directivos de la APV ha acabado en los juzgados por la denuncia del sindicato UGT al entender que se habían favorecido determinados perfiles en la selección de personal, por lo que también recurrió las bases de los distintos procesos. De hecho, varias personas acudieron a notario para levantar acta de quiénes conseguirían los puestos y acertaron, como publicó este diario en octubre de 2024.

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Se trata de Manuela Gras como subdirectora de Infraestructuras y de Alicia Gimeno para la jefatura de Apoyo a Gestión Económico Financiera, ambas vinculadas al Consorcio que, hasta hace poco, gestionaba la Marina de Valencia. Precisamente este último nombramiento era el que se juzgaba este jueves en la Ciudad de la Justicia y ha quedado aplazado.

El tercer puesto es el correspondiente a Belén Fernández, que logró la plaza de subdirectora de Gestión de Dominio en la APV aunque no superó el periodo de prueba, según explicaba la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, tras el consejo de administración del pasado lunes.

Allí Chao presentó un informe de auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que refleja que no hay «ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico a la entidad. Son recomendaciones de gestión». Un análisis que contemplaba los nombramientos de directivos denunciados por UGT.

Respecto a la primera cita judicial de este jueves, la presidenta del Puerto aseguraba que existe «el Estado de derecho y los tribunales determinarán» al tiempo que recordaba que las bases para acceder a estos puestos se han publicado en la web de la APV sin que nadie las haya recurrido. «Nadie ha recurrido las bases en el momento de su publicación ni ninguno de los participantes en los procesos ha recurrido tampoco el resultado del proceso selectivo», añadía en declaraciones a los medios.