El SEPE retira el subsidio para mayores de 52 años a una mujer por hacer un viaje sin comunicarlo y le pide 6.621 euros

La situación económica actual es muy delicada. España sigue a la cabeza de Europa en desempleo con un problema que podríamos decir que es estructural. El paro se elevó en el primer trimestre del año al 11,4%, ocho décimas más de golpe respecto a final de 2024, aunque aún así sigue estando 0,9 puntos menos que el primer trimestre de 2024. Además, la inflación ha hecho que los precios se disparen. Cada vez es más caro hacer la compra y más difícil pagar la factura de la luz o el gas. Frente a esta situación, muchas personas desempleadas se ven obligadas a solicitar una ayuda. Debido a que los mayores de 52 años tienen muy difícil reincorporarse al mercado laboral, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene un subsidio pensado para este grupo de edad.

Este subsidio, dirigido a personas paradas de larga duración en edad próxima a la jubilación, exige que los ingresos mensuales del beneficiario no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 888 euros. También hay otra serie de requisitos como tener al menos 15 años cotizados a la Seguridad Social, dos de ellos en los últimos quince años, y haber cotizado al desempleo durante al menos seis años. Sin embargo, si queremos mantenerlo una vez nos lo han concedido, hay una serie de obligaciones que no podemos saltarnos. Si no las cumplimos, el SEPE puede retirarnos la ayuda.

Eso es precisamente lo que le ha pasado a una mujer. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ha dado la razón al SEPE por extinguir el subsidio para mayores de 52 años y pedir la devolución de 6.621,94 euros a una beneficiaria que realizó varios viajes sin notificarlo, superando el límite de 15 días permitido.

Al parecer realizó dos viajes a Rumanía. Uno en septiembre de 2021 y otro junio de 2022. En ambos permaneció más de 15 días (límite permitido) y no lo notificó al SEPE. El organismo destapó los hechos en 2022 e inició un procedimiento sancionador con el que decidió extinguir el subsidio de 52 años y solicitar la devolución de 6.621,94 euros en concepto de cobros indebidos entre septiembre de 2021 y marzo de 2023.

La afectada reclamó explicando que las salidas se debían a una causa justificada (el confinamiento por COVID de su madre, según recoge la sentencia). Aun así, estas fueron desestimadas por lo que decidió llevar su caso a los tribunales. Tras estudiar el caso, el TSJM confirma que incumplió su obligación de comunicar sus salidas al extranjero, lo que constituye una infracción grave conforme al artículo 25.3 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

El tribunal fue claro al señalar que «solo la salida comunicada superior a los 15 días permite la suspensión de la prestación», y que, en este caso, al tratarse de una estancia no notificada, procedía la extinción del derecho. Además, ha recordado que «la beneficiaria omitió la obligación de poner en conocimiento del SEPE su viaje y estancia en el extranjero, tanto antes de desplazarse como durante su permanencia», lo que constituye una conducta sancionable.

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