El juez archiva la causa contra Rafael Aznar por su gestión al frente del Puerto de Valencia

El juez archiva la causa contra Rafael Aznar por su gestión al frente del Puerto de Valencia

El magistrado no ve delito en la dirección de la instalación, pero remite al Tribunal de Cuentas la información que se ha recogido

A. MOHORTE / R. E.

El juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha decretado el sobreseimiento de la causa contra expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar por supuestas irregularidades en la gestión del recinto portuario. En la línea expuesta por el fiscal a inicios de semana y tras más de cinco años de instrucción, el juez considera que no existen indicios suficientes para continuar con la causa penal contra el directivo y sus colaboradores Ramón Gómez-Ferrer y Marcelo Burgos.

La decisión del ministerio público en esas dirección abocaba ya la causa al sobreseimiento al no existir otra acusación personada en las diligencias. En todo caso, el juez ordena derivar el asunto al Tribunal de Cuentas por si los hechos, que a juicio del fiscal merecen reproche, pudieran generar algún tipo de procedimiento por alcance, es decir, una reclamación del dinero. Sin embrago, esta vía puede tener un corto recorrido, según fuentes consultadas.

La investigación al expresidente del Puerto se dividió en dos piezas. La primera incluía el cobro de sobresueldos por parte de Aznar y otros directivos de la Autoridad Portuaria de Valencia, a través de una empresa participada en su inmensa mayoría por fondos públicos. La Intervención General del Estado alertó de la grave irregularidad que suponía el cobro de dos remuneraciones procedentes de dinero público. A partir de esto, la Fiscalía llegó a pedir cinco años de prisión, pero la Audiencia evitó el juicio al desmontar el relato acusatorio del juzgado porque no se habían tenido en cuenta los datos exculpatorios que aportaron los investigados.

Actualmente sólo quedaba abierta la otra pieza, la relacionada con la gestión de las instalaciones y que abarcaba cuestiones tan peliagudas como obras en el Puerto, el gasto de cuatro millones de euros en un yate para seguir las regatas de la Copa América o el perdón de un millón de euros a la empresa Valmor por el acceso alternativo al recinto para la Fórmula 1.

Esa causa en torno a la gestión del Rafael Aznar, ahora sobreseída, motivó en su momento la comparecencia como testigos del actual presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y del actual director general, Francesc Sánchez, en noviembre del año pasado. El actual mandatario fue preguntado por el acceso al recinto construido para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1.

Lejos de cargar contra quien ocupó su puesto hasta su designación, Martínez defendió la utilidad que se le da a esta infraestructura, cuyo coste fue asumido por la Autoridad Portuaria en lugar de por la empresa Valmor Sport S.A., adjudicataria de la prueba automovilística.

Otra asunto polémico fue la demolición del tacón de un muelle destinado al atraque de buques Ro-Ro (vehículos automóviles) donde la carga y descarga se realiza por rodadura. El expresidente encargó esta obra a la empresa MSC, naviera de referencia de la institución, por 3,5 millones de euros que adelantó la institución portuaria. Posteriormente con la liquidación final de las actuaciones quedaban 1,5 millones de euros que no se reclamaron a la empresa, según los investigadores. Respecto a este asunto, Aurelio Martínez apenas pudo aportar información al asegurar que desconocía los pormenores.

El juez también preguntó por el yate comprado por Aznar en su día y que costó cerca de cuatro millones de euros. Recordó que la embarcación se encuentra a la venta pero que, lamentablemente, tras la celebración de tres subastas nadie había querido quedarse con ese lujoso buque. La Intervención del Estado, en un informe que dio inicio a la causa penal, alertó de que esos gastos no encajaban «con los criterios de austeridad que deben presidir la gestión del dinero público».

Tanto Martínez como Sánchez admitieron que no han conseguido desprenderse del buque y comunicaron al juez su pretensión de alquilarlo para excursiones. La embarcación, que está en el Puerto de Gandia, conlleva unos costes de mantenimiento de 15.000 euros anuales, frente a los 400.000 euros iniciales.