Agrupar los pueblos en 7 zonas y unificar adjudicaciones: la solución de los contratistas para agilizar la reconstrucción post-dana
La patronal Fecoval plantea una metodología común para ordenar 1.753 millones en obras, reducir expedientes y aliviar la carga administrativa de los ayuntamientos afectados
La riada que azotó la provincia de Valencia dejó un mapa de daños que parecía inabarcable, con calles levantadas, redes colapsadas, centros públicos inundados ... y equipamientos básicos inutilizados. Con el paso de las semanas, los ayuntamientos afectados descubrieron la verdadera dimensión del impacto: más de 1.753 millones de euros en daños repartidos en 1.829 actuaciones, desde alcantarillado y pavimentación hasta colegios, polideportivos, alumbrado público, parques o instalaciones culturales. Un volumen desproporcionado para administraciones que, en muchos casos, cuentan con plantillas muy reducidas.
La carga se ha vuelto tan pesada que la reconstrucción avanza a un ritmo que nada tiene que ver con la urgencia ciudadana. Muchos consistorios han visto paralizada su gestión ordinaria porque la riada les ha obligado a volcar al personal en valoraciones, informes, expedientes y trámites previos a contratar. Otros, directamente, no tienen medios técnicos para asumir los trabajos preparatorios.
Con ese escenario, la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) ha elaborado un informe técnico que, sin ser vinculante, pretende actuar como un plano de obra para ordenar y acelerar todo el proceso.
La propuesta parte de un diagnóstico claro: la atomización de expedientes y la fragmentación por municipio provocan que la reconstrucción sea lenta, ineficiente y cara.
Para corregirlo, Fecoval plantea agrupar el territorio en seis zonas y una complementaria, separando de forma sistemática las actuaciones de edificación y urbanización, y fijando un valor medio de contrato en torno a cinco millones de euros. Con ello se evita la multiplicación de pequeños expedientes, se permite adjudicar de forma simultánea, se reducen desplazamientos y se libera a los ayuntamientos de buena parte de la carga administrativa que hoy los bloquea.
Reorganización por zonas
La reorganización arranca en la Zona 1, compuesta por Alborache, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Chera, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Macastre, Mira, Pedralba, Requena, Riba-roja de Túria, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Turís, Utiel, Vilamarxant y Yátova. En conjunto suman 291,1 millones de euros, de los cuales 266,9 millones corresponden a urbanización, lo que refleja que el golpe más grave se concentró en infraestructuras viarias e hidráulicas.
La Zona 2, la más extensa en población, agrupa a Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Loriguilla, Manises, Massanassa, Mislata, Montroi, Monserrat, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Sollana, Torrent y Xirivella. Es, de largo, la más dañada: 899,3 millones de euros, de los cuales 688,4 millones corresponden a urbanización y 210,8 millones a edificación. Es también el punto donde más equipamientos públicos han sufrido daños y donde la simultaneidad de obras resulta más crítica para recuperar la actividad normal.
La Zona 3, formada por Albalat de la Ribera, Alfarb, Alginet, Almussafes, Benicull de Xúquer, Benifaió, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Rióla y Tavernes de la Valldigna, suma 39,4 millones, mientras que la más reducida, la Zona 4 —Calles, Llíria y Paterna— registra 13,9 millones, principalmente asociados a urbanización.
La Zona 5, integrada por L'Alcúdia, Algemesí, Alzira, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Guadassuar, Real y Sueca, concentra 257,4 millones, un equilibrio entre daños en edificios y daños urbanos que obliga a desplegar equipos especializados en ambas áreas.
La Zona 6, centrada en Valencia y sus pedanías —Castellar-Oliveral, El Palmar, El Perellonet, El Saler, Faitanar-La Torre, Horno de Alcedo y Pinedo—, suma 145,8 millones, con predominio absoluto de urbanización y servicios esenciales afectados.
Completa el mosaico una zona complementaria (Alhaurín de la Torre, la Diputación y Letur), con 67 millones de euros adicionales.
Sobre esta estructura, Fecoval calcula que la reconstrucción puede ejecutarse de forma eficiente con 350 contratos: 71 de edificación y 279 de urbanización, todos ellos de en torno a cinco millones de euros, lo que permitiría una adjudicación ágil, simultánea y gestionable por los municipios.
Distribución de contratos
Además, la Federación propone distribuir esos contratos entre 26 empresas o grupos empresariales, garantizando cobertura para todas las zonas sin necesidad de que cada pueblo tramite procedimientos independientes que saturen sus recursos. Así, por ejemplo, la Zona 1 necesitaría cinco grupos empresariales y la Zona 2, dieciséis, mientras que Valencia y su entorno quedarían atendidos por cuatro.
El informe también distingue por tipo de actuación qué obras pueden entrar por vía de emergencia, dado que afectan a servicios esenciales —como abastecimiento, depuración o movilidad—, y cuáles deben tramitarse por negociado sin publicidad. En total, 118 actuaciones están relacionadas con agua potable, 124 con alcantarillado, 487 con infraestructuras viarias y 195 con parques y jardines, además de colegios, polideportivos, alumbrado, mercados y dependencias municipales. Una reconstrucción que abarca desde grandes redes técnicas hasta equipamientos de proximidad.
La propuesta, en definitiva, busca una reconstrucción más rápida, menos burocrática y mejor organizada, reduciendo la carga sobre ayuntamientos que hoy continúan desbordados. Como resume José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval, «una respuesta coordinada entre administraciones y empresas permite ganar tiempo, optimizar medios y ofrecer a la ciudadanía una recuperación más rápida y con mayores garantías».
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