Los vecinos de la Ciudad de las Artes llevan dos años de espera para celebrar el juicio contra el ruido de los conciertos

El periplo de los vecinos comenzó con la presentación de numerosas quejas al Ayuntamiento de Valencia para que atendieran sus problemas con el ruido durante la temporada de verano. El origen de los conflictos fue la discoteca Umbracle, que abre en periodo estival y ofrece su oferta musical al aire libre. Sin embargo, con la llegada de los conciertos y los festivales a Les Arts, la situación se agravó. Por este motivo, un grupo de residentes presentó una declaración al Consistorio pidiéndole que, en defensa de sus derechos, adoptara las medidas necesarias para el cese del ruido que provocan estas actividades, además de una indemnización simbólica por las molestias causadas.

Sin embargo, no hubo respuesta por parte del Ayuntamiento, por lo que los vecinos decidieron acudir a la Justicia por medio de un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales. Se trata de un proceso especial cuya motivación es que se puedan estar vulnerando derechos que marca la propia Constitución y cuya protección es competencia del Ente municipal. La demanda, en todo caso, no es contra las promotoras de los eventos ni contra la discoteca Umbracle, si no contra el propio Ayuntamiento por no estar defendiendo los derechos de los vecinos al permitir estas actividades.

Hubo una primera citación ante el juez en octubre de 2023 donde un perito de la parte de los vecinos debía ratificarse y aclarar los informes de sonometría aportados. Sin embargo, un abogado personado en nombre de la discoteca Umbracle pidió la suspensión de la vista argumentando que necesitaba disponer de todos los datos originales registrados por el sonómetro utilizado para preparar su defensa. El juez dio la razón a la parte contraria a los vecinos. La presencia de representantes de Umbracle o festivales está permitida, pues pueden personarse como parte afectada de lo que ocurra en el juicio.

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Los vecinos defendieron que que ya se había entregado una copia de los datos registrados y no era necesario entregar el registro original, pero el juez les requirió a hacerlo. La entrega del registro original del sonómetro se realizó en enero de 2024, cuyo contrainforme debía estar presentado por la parte contraria en un plazo de 20 días. En abril de ese mismo año los residentes no tenían noticias, así que su letrado presentó una queja y la secretaria judicial apremió al abogado de Umbracle a presentar sus conclusiones. La respuesta llegó ese mismo mes, pero el juzgado no informó de ello a los vecinos, según defienden.

Los residentes supieron que el letrado de Umbracle envió su contrainforme porque el 21 de enero de 2025 recibieron la notificación oficial de que la vista se celebrará, por fin, el 15 de octubre de este mismo año. Dentro del proceso, y como parte contraria, se han presentado hasta ahora letrados de Umbracle, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat. Sin embargo, no hay rastro -por el momento- de abogados personados en nombre de las promotoras de festivales.

A partir de aquí, el proceso no debería dilatarse en el tiempo, pues los contenciosos-administrativos por vulneración de derechos fundamentales tienen un carácter especial y los plazos destacan por su agilidad frente a otros procesos. Cuando llegue la vista, ambas partes presentarán sus estudios y se podrán interrogar a los distintos peritos. Una vez celebrada, el juez valorará las pruebas así como el informe de conclusiones de los letrados de cada parte para dictar sentencia. Con todo ello, este mismo año podría saberse si estos eventos se pueden celebrar en la Ciudad de las Artes, o si Ayuntamiento y Generalitat deberán buscar una nueva ubicación para estos espectáculos.