El Síndic pide más controles sobre el cobro de cuotas en los colegios concertados

La actuación del Síndic se inició tras recibir «múltiples quejas ciudadanas que alertaban de pagos exigidos en centros concertados, ya fuera en forma de actividades complementarias, extraescolares o donaciones supuestamente voluntarias». Estas prácticas, dice la institución a través de un comunicado, extendidas tanto en centros de enseñanza laicos como en los gestionados por congregaciones religiosas, se justifican habitualmente por la necesidad de cubrir gastos no financiados por la administración. Sin embargo, el defensor considera que estas cuotas vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza básica, recogido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación.

La resolución también advierte de que la aplicación del decreto de 2024 que regula el proceso de admisión escolar «bajo el modelo de distrito único y libertad de elección de centro» puede agravar la situación. Y es que según el Síndic «se favorece la concentración del alumnado con mayores recursos en determinados centros, lo que profundiza la brecha socioeconómica y perpetúa la segregación escolar». «La gratuidad en la educación no es una opción, es un derecho fundamental que debe garantizarse sin excepciones», ha señalado Luna.

Como en cualquier investigación de la organización, a la administración implicada se le requirió un informe sobre la cuestión, pidiendo datos como el número de denuncias registradas y las actuaciones realizadas o las referencias normativas que regulan los casos en los que se pueden solicitar pagos. En este documento la administración rechazaba la crítica anterior -que favorece la segregación-, alegando que los datos de admisión del curso pasado (el primero con el modelo) no pueden interpretarse como una relación de causalidad. Defendía, por ejemplo, que el 98,47% de los alumnos valencianos habían entrado en los centros que demandaron (en alguna de las opciones, no en la primera), que la nueva normativa da mayor peso a criterios económicos y sociales en la baremación y que el porcentaje de admitidos en 1º de Infantil, en la concertada, fue superior al peso que representa la red. Así, entonces contaba con 337 centros con este nivel que suponían el 25,22% del total, mientras que el volumen de niños admitidos se elevó al 37,21%.

En cuanto a los registros oficiales de denuncias presentadas por familias respecto a las cuotas, el Síndic considera «llamativo el bajo número pese a la magnitud del problema», teniendo en cuenta que en los últimos cuatro cursos la Inspección Educativa ha contabilizado «únicamente» ocho reclamaciones en la provincia de Valencia, otras ocho en Alicante —incluyendo un caso especialmente conflictivo con 67 quejas relacionadas con el cobro de servicios de comunicación y comedor escolar— y ninguna en Castellón». En dos de ellas se obligó a las titularidades a corregir las irregularidades constatadas, como no indicar que las aportaciones eran voluntarias, en otros tantos se devolvió el importe cobrado indebidamente y en la más compleja se inició una investigación.

«Estos datos contrastan con la realidad de una red concertada que escolariza a más de 152.000 alumnos en 375 centros de toda la Comunitat, lo que evidencia una falta de fiscalización de oficio por parte de la Administración», defiende el Síndic, que considera que la prevalencia del problema es mucho mayor y requiere de un papel más activo por parte de la conselleria.

Por ejemplo, cita el estudio publicado en abril de 2024 por EsadeEcpol, que entre sus conclusiones destaca la existencia de centros que cobran «para hacer frente a unos gastos no concertados que van más allá de los que se pueden considerar de interés público». Es decir, para ofrecer unos servicios «diferenciales tanto cualitativa como cuantitativamente», por lo que se plantea que para evitar que la doble red (pública y concertada) se convierta «en una estructura que reproduzca o amplifique las desigualdades de partida es necesario activar medidas que consigan garantizar la gratuidad real del sistema y al mismo tiempo eviten la diferenciación en la provisión del servicio».

«Ante lo expuesto, si en esta defensoría han sido presentadas quejas en relación con una vulneración de la gratuidad de la enseñanza y hay informes que acreditan la necesidad de que la administración intervenga para garantizar el derecho fundamental, cuanto menos llama la atención la constatación de un nivel tan bajo de intervención en la materia», dice Luna en la resolución.

Por ello, denuncia que las actuaciones de Educación «se han limitado a gestiones administrativas habituales, sin una supervisión proactiva ni medidas específicas para garantizar el cumplimiento del principio de gratuidad». De ahí que recomiende «intensificar las inspecciones, intervenir ante cualquier práctica contraria al régimen de conciertos, adoptar estrategias para eliminar la segregación derivada de las cuotas y garantizar la transparencia en la autorización y justificación de los cobros realizados por los centros».