Las pesquisas de la dana cumplen siete meses sin la declaración de dos testigos clave
José Miguel Basset, jefe de los Bomberos, y Jorge Suárez, el técnico de mayor rango en el Cecopi, constituyen elementos esenciales para entender el desastre
Los jueces disponen de plena autonomía para configurar la instrucción de la forma que consideren más eficiente para aclarar los hechos bajo investigación. Encargan diligencias, ... imputan, sobreseen, solicitan periciales, convocan a los testigos... Lo habitual en cualquier investigación penal. En este caso, llama la atención que los primeros siete meses de pesquisas –las primeras indagaciones comenzaron en el mes de diciembre– se hayan cerrado sin que dos de los testigos esenciales en la fatídica tarde del 29 de octubre hayan comparecido. Se trata de José Miguel Basset, máximo responsable del Consorcio de Bomberos y de Jorge Suárez, subdirector de Emergencias y el funcionario de mayor rango al frente del operativo. Su declaración está acordada, pero sigue sin fecha al igual que la de otra veintena de personas, entre ellas, los alcaldes de municipios afectados, como la de Valencia, María José Catalá.
Los testimonios de ambos responsables se presentan cruciales. De tal modo que, a día de hoy, y tras un buen número de comparecencias: los dos investigados Salomé Pradas y Emilio Argüeso; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y un rosario de responsables del Centro de Emergencias quedan al menos dos grandes agujeros en el relato que, en principio, solo Basset y Suárez serían capaces de aclarar. O al menos de la manera más directa.
Su versión resulta capital. El jefe de los bomberos deberá aclarar por qué se retiró la vigilancia de los barrancos en aquella jornada. La investigación ha permitido concluir que se dio el aviso a los efectivos para que se vigilaran los cauces. La competencia es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero el plan también contempla que al dispositivo se sumen los medios autonómicos. No todos los barrancos están controlados por el sistema automático de la CHJ. El jefe del dispositivo deberá aclarar si como insinuó en la comisión de la Diputación fue él quien ordenó la retirada en un momento en el que, por otra parte, el caudal no era nada preocupante.
De igual modo, la convocatoria de Suárez se antoja imprescindible. Seguro que su testimonio aporta más datos relevantes que el de Pradas, Argüeso y el resto de cargos de Emergencias que han desfilado por el juzgado las últimas semanas. El subdirector de Emergencias, que estuvo presente en el Cecopi, tiene la clave para conocer por qué el mensaje masivo que, según algunos testimonios, tenía ya en mente a las 18.36 horas no llegó a los móviles de los valencianos hasta las 20.11 horas. Él es quien puede aportar una explicación al supuesto retraso en la alerta masiva, el mando que ejercía Pradas y si recibió indicaciones del presidente de la Generalitat.
Los investigados y, en definitiva, todos los testigos han admitido que desconocían el riesgo del barranco del Poyo y que todas las alertas estaban concentradas en el riesgo de rotura de Forata. La falta de información ha sido confirmada por la Guardia Civil en un dosier que la jueza, no obstante, ha menospreciado. Este dato, la información disponible, es esencial a la hora de elaborar una eventual acusación.
Una acusación insiste en la imputación de Bernabé tras el informe de la Guardia Civil
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha sido de las pocas dirigentes, junto al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que han salido indemnes de la tragedia de la dana o que incluso ha mejorado su imagen por cercanía y capacidad de trabajo. De hecho, el PSOE la ha situado como la número tres de la organización, la encargada de las políticas de igualdad.
La jueza la ha exonerado de cualquier responsabilidad en la gestión de la dana al atribuir el mando único y el poder de decisión a la consellera de Emergencias. Esta tesis inicial ha sido ratificada por la Audiencia de Valencia que en sus primeros análisis del caso coincidió con el criterio de la instructora.
Pero son numerosas las acusaciones que, en diferentes fases, han solicitado su declaración como investigada. Ahora lo han vuelto a hacer. En este caso, el partido Valores, una de esas organizaciones sin demasiada trayectoria, prácticamente desconocidas, que habitan en el sumario de la dana. El letrado sostiene que el informe de la Guardia Civil –menospreciado por la instructora por excederse de las competencias iniciales– ofrece argumentos para la imputación de la delegada.
La acusación insiste en que Bernabé «incumplió sus deberes legales de coordinación y alerta temprana, contribuyendo a que la catástrofe tuviera consecuencias luctuosas mayores». Considera que su gestión fue ineficaz a la hora de paliar las consecuencias del desastre y que no hubo coordinación entre las diferentes agencias bajo su paraguas competencial.
Además, también reprocha que no impulsara la declaración de nivel 3 de emergencia (interés nacional), lo que hubiera proporcionado mayores recursos, según su relato. Sin embargo, esta cuestión ha sido ya superada por anteriores resoluciones de la magistrada.
La acusación –la jueza rechazó la unificación de las representaciones populares y particulares tal y como solicitaban los investigados– mantiene que esa supuesta omisión fue determinante en el fatal resultado de aquella jornada: 228 muertes, la mayoría en los municipios de L'horta Sud.
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