Morán evita cualquier autocrítica en la gestión de la dana por parte del Gobierno

El número dos del Ministerio de Transición Ecológica ha participado en una jornada para presentar el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana, con la presencia de asociaciones de víctimas, alcaldes, técnicos municipales y representantes de la Generalitat.

Durante la atención a los medios se le ha preguntado por si considera que la cobertura de la CHJ fue la adecuada, en relación a dos de las últimas diligencias ordenadas por el juzgado que instruye la causa a petición de la defensa de Salomé Pradas: información sobre el punto de control de Massanassa de cuya existencia no se informó hasta después de la catástrofe (mide altura, no volumen y a las 14.50 horas marcaba metro y medio) y la identificación del personal que aquella tarde trabajaba en la sala que sirve para valorar caudales, que era la mitad que en el turno de mañana.

«La instrucción viene constatando que las actuaciones que corresponden a los organismos dependientes de la Administración General del Estado (CHJ y AEMET) respondieron a la perfección a los que se esperaba de ellos», ha señalado. «Todas las conclusiones que aparecen en los autos responden a la información que han ido trasladando», ha añadido.

En cuanto a la sala SAIH, ha dicho que el último auto pide ampliar información para identificar al personal vespertino y que se le dará cumplimiento -«ya se había informado de cuántas personas eran y su responsabilidad, pero no estaban identificadas individualmente- y también ha alegado que «estuvo perfectamente atendida durante toda la jornada». Como informó LAS PROVINCIAS, por la tarde, en el momento crítico, tres personas seguían la evolución de los acontecimientos, la mitad que en el turno matutino.

En relación a la estación 'fantasma' de Massanassa, ha recordado que se situaba aguas abajo de los núcleos poblacionales y que su función se limitaba a controlar el volumen de aportaciones a la Albufera. «No es un aforo que tenga relevancia en el ámbito de la información hidrológica», ha dicho. Y preguntado sobre si la altura medida cerca de las 15 horas no podía interpretarse como un riesgo elevado para estas poblaciones -el agua, en este punto, ya había circulado por el tramo urbano del barranco- ha replicado que la advertencia existía, desde antes, tanto por la alerta roja meteorológica decretada por la Aemet como por la hidrológica de la CHJ en el Poyo (pasadas las doce de la mañana).

El argumento de que la información existía desde el primer momento también le ha servido a Morán para salir al paso de la pregunta sobre por qué Miguel Polo no dio ninguna información en el Cecopi sobre la situación del barranco, como se desprende del avance de la instrucción. «En el Cecopi se manejaba toda la información que estaba disponible, entre otra la que la Demarcación del Júcar había estado informando y que es cincominutal. Había información disponible en tiempo real», ha defendido, sin llegar a explicar por qué Polo no habló sobre el Poyo en ese foro. También se ha referido al informe sobre Forata (que centró la atención del órgano de coordinación) y a las desconexiones de los participantes por vía telemática. «La información estuvo disponible desde antes del minuto uno: desde primera hora de la mañana, mucho antes de que se convocara el Cecopi», ha reiterado.

Por último, se le ha interpelado por el silencio del presidente de la confederación durante estos meses. «Su responsabilidad principal ha sido la de estar a pie de obra para intentar sacar adelante todas las actuaciones» de la reconstrucción, ha explicado. «Hemos entendido desde el minuto uno que lo más importante era que cada cual ocupase el espacio que le corresponde. El de los técnicos de la Confederación del Júcar era estar al frente de las actuaciones, y las explicaciones a la ciudadanía y a los medios de comunicación las vamos trasladando quienes en cada momento comparecemos», ha concluido.

En cuanto al plan para la recuperación y mejora de la resiliencia, se compone de varios proyectos que deben servir para mejorar la capacidad de evacuación de avenidas de los barrancos y cauces que afectaron a la zona cero, con una inversión inicial de 530 millones de euros. Entre ellos están los cinco cuya declaración de impacto ambiental se consiguió en 2011 pero caducó cinco años después por no ejecutarse, tendentes «a mejorar la gestión de inundaciones en los barrancos de cabecera». Eso sí, han sido revisados para aumentar su capacidad de evacuación. Si todo va bien, la redacción de los mismos podría estar lista entre 2025 y 2026, con la intención de que ese año «el grueso de los trabajos estén en marcha».

Entre ellos figura la conexión de la Saleta al nuevo cauce del Turia, que es el más adelantado. Morán se ha detenido en esta actuación tras ser preguntado por las alegaciones del Ayuntamiento de Valencia, que cuestionó la capacidad del encauzamiento del plan Sur tras la conexión. Morán ha dicho que han trabajado con los técnicos municipales y que «en estos momentos están prácticamente resueltas las dudas que se planteaban».

Este extremo ha sido replicado desde el Consistorio a través del concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundicna. «No son ciertas esas expectativas, no se han contestado las alegaciones y no se nos ha dicho que se vayan a acometer actuaciones de protección tras los desvíos», en referencia también a la futura conexión del Poyo. «No hay atisbo de un nuevo Plan Sur Metropolitano, como hemos pedido, que dé una solución global y actualizada tras la dana. No se puede seguir con parches y proyectos de 2011», ha criticado.

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, presente en la presentación, ha señalado que muchas de las obras recogidas en el plan «se deberían de haber hecho hace mucho tiempo y todavía no se han efectuado», y ha advertido de que la Generalitat estará vigilante y «no consentirá ni un solo día de retraso».

Por último, Morán también ha dado cuenta de las actuaciones de emergencia realizadas en el ámbito de la confederación (220 millones vía contratos de emergencia) y de los 500 millones que se destinarán a la reposición de infraestructuras dañadas, como redes de saneamiento, de abastecimiento o de depuración. Además, ha señalado que el plan de prevención incluirá cambios en materia urbanística que afectarán a todos los consistorios españoles. En síntesis, se regulará de manera más restrictiva la construcción en zonas con riesgo de inundación, entre ellas aquellas que han resultado afectadas por la dana, como polígonos industriales.