Lo mejor y lo peor de la Justicia

Es un fenómeno que se da con frecuencia en casos de corrupción. Se habla de 'lawfare' sin rubor y se especula acerca de una intencionalidad encubierta de determinadas decisiones judiciales. Ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Mónica Oltra y, en sentido contrario, con el archivo del pitufeo que afectaba al PP.

Son los órdenes más afectados por la alta litigiosidad que registra el sistema. No resulta extraño que se señalen juicios por despidos a dos años vista cuando las circunstancias vitales del perjudicado, sin duda, habrán variado. O que las reclamaciones por hipotecas, por poner otro ejemplo, se demoren también más allá de lo que sería aceptable. La carga de trabajo no deja de crecer. Los datos de 2024 muestran 387.098 nuevos asuntos en Civil, un 15,3% más. En lo Social, el incremento es similar: otro 17%.

Existe un empeño de la izquierda de introducir la idea de que los jueces y fiscales proceden de clases acomodadas, fundamentalmente conservadoras. Otra de las iniciativas que siembra desconfianza sobre la Administración. Pero, además, los datos desmienten por completo ese estigma. Por ejemplo, el 70% de los que obtuvieron plaza en la última promoción no tienen familiares en la Justicia y más de un tercio procedían de padres que carecen de formación universitaria. Dos detalles como para reformular la tesis.

La principal consecuencia del mal funcionamiento. La Justicia rara vez es ágil para el que aguarda una indemnización por un despido, una condena a su agresor o conocer si tiene razón ante una decisión de la Administración. La puntualidad suele ser una excepción en los señalamientos.

Una desigualdad del ciudadano. Salvo contadas excepciones, el sistema funciona de manera más ágil en las sedes de grandes partidos judiciales que en las pequeñas localidades. Ocurre, por ejemplo, en las investigaciones penales. Pero también en los procedimientos de familia.

El número de asuntos, prácticamente en todas las jurisdicciones, no deja de crecer. Siempre se habla de la mediación como un cauce para reducir la litigiosidad. Pero la realidad es que carece de efectos prácticos. El año se cerró con 455.503 asuntos en trámite, un 15,1% más que el último ejercicio.

No son solo los juzgados sino también la Policía y otros organismos con los que trabajan los instructores. Al margen de casos mediáticos, otros asuntos se demoran en exceso por falta de personal. Por ejemplo, el volcado de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo se puede demorar varios años en determinados tipos de delito. Recordemos el caso del incendio del tren de Bejís, más de un año y medio a la espera de un informe, en teoría de escasa dificultad. También, en ocasiones, existe falta de coordinación con la Administración. Por ejemplo, un juez ha estado esperando tres meses la instalación de un escáner.

Por suerte, aquellos tiempos de impagos en el turno de oficio forman parte del pasado más remoto. El primer cuatrimestre se han abonado 20 millones de euros. Los letrados, en cambio, demandan una actualización de los honorarios. Aseguran que, en determinados asuntos, el esfuerzo no compensa. Además, apuntan que con el incremento del salario mínimo, pero sin la equiparación de otros indicadores como el Iprem, se están multiplicando el número de denegaciones de justicia gratuita.

El nuevo sistema Justa, resulta, sin duda, un elemento positivo. La desaparición del papel en los juzgados es un hecho que llega con años de retraso a los órganos judiciales. La aplicación informática tiene algunas incidencias y los lógicos inconvenientes que genera el cambio de un sistema de trabajo a otro en un colectivo, además, que puede tener ciertas dificultades con las tecnologías. De hecho, el TSJ y Justicia han pactado mantener la asistencia presencial técnica.

No se trata de buscar un lenguaje de la calle o coloquial para las sentencias, autos o informes. Algo que tampoco es posible en una resolución que exige un lenguaje técnico y es, o debería ser, producto de una importante reflexión intelectual. Pero sí se debe exigir un especial trabajo en la sintaxis y la claridad de los argumentos. En ocasiones, entre los propios profesionales se ignora qué trata de decir el compañero. Hay también cierto aroma pretencioso. Aparentar ser el más listo de la clase suele ser un error.

La mitad de la carrera no está asociada a ninguna de las asociaciones judiciales. Este dato ya invita a pensar en cierta apatía o al menos desapego hacia el asociacionismo y/o la voluntad de trabajar en la mejora del sistema. Pero también es cierto que la mayoría de las organizaciones han caído en el juego de los partidos políticos. Sin ir más lejos, por ejemplo, la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Hace años se felicitaban al ver reconocido su derecho a huelga. Ahora lo niegan.

Obtener una plaza de funcionario no debería traducirse en acomodarse a la espera de la jubilación. Es necesaria la formación y también la especialización para determinadas materias, realmente complicadas, como los delitos económicos. Las modificaciones legislativas hacen más necesaria si cabo esa tarea constante del reciclaje.

Las carencias se mantienen, sin duda. Pero no se puede obviar el esfuerzo inversor de la Conselleria de Justicia. El palacio de Justicia de Gandia, tras una inversión de 20 millones de euros, ha comenzado a funcionar hace unos meses. También se trabaja a buen ritmo en las sedes judiciales de Alzira y Llíria, que entrarán en funcionamiento en la última parte de este año. Sin olvidar, además, la rehabilitación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, una actuación que lleva varios años en el histórico edificio del centro de Valencia. Se echa en falta el necesario impulso a la segunda Ciudad de la Justicia de Valencia cuyo emplazamiento no está decidido.

La Comunitat ha sido pionera en la llegada de las mujeres a puestos de responsabilidad. Tuvo en Pilar de la Oliva la primera fémina presidenta de un TSJ. En aquel periodo llegó a coincidir con Teresa Gisbert como fiscal jefa provincial y con Carmen Llombart al frente de la Audiencia de Valencia.

Un dato que parece menor, pero de cierta trascendencia. El Poder Judicial entendió la necesidad de un gabinete de prensa en cada una de las autonomías para difundir las resoluciones en los casos de mayor relevancia mediática. Pero, a su vez, también distribuye informaciones, estadísticas y comunicados. En definitiva, 'cuida' la imagen pública de los magistrados. En cambio, la Fiscalía no dispone de profesionales de la comunicación en sus respectivos departamentos salvo casos aislados, como Madrid o la FGE. Esto reduce las posibilidades de exponer su trabajo, igual de necesario que el de los jueces.

La Justicia ha reaccionado de manera rápida y eficiente a las crisis de los últimos años. Ocurrió, por ejemplo, con la pandemia y la suspensión automática de los plazos judiciales. Sirvió, entre otras cuestiones, para descubrir la aplicación de las tecnologías para la realización de numerosos trámites. De nuevo, con la dana se ha demostrado la agilidad de un sistema al recolocar a los profesionales de las sedes afectadas. Agilidad de movimientos ante situaciones comprometidas.

No es la primera vez que el esfuerzo que suponen determinados asuntos o el empeño por llevar al día un juzgado por parte de sus profesionales deriva, más tarde, en problemas de salud. Como en todas las Administraciones, el esfuerzo y la dedicación profesional de sus integrantes aseguran el mantenimiento del sistema.