La jueza de la dana indaga a los agentes medioambientales del Consell tras declinar hacerlo con los de la CHJ
La instructora requiere a la conselleria que concrete en qué comarcas ofreció efectivos para vigilar barrancos mientras el organismo de cuenca no indica dónde estuvieron sus guardas fluviales
Más de un año después de la dana, y con la investigación judicial para depurar posibles responsabilidades penales en su gestión ya avanzada, la jueza ... Nuria Ruiz Tobarra tiene clara su tesis: la alerta a la población llegó tarde y su contenido era erróneo, factores que impidieron salvar vidas. Bajo esta premisa, la titular de Instrucción 3 de Catarroja trata de esclarecer qué información manejaba Emergencias para tomar decisiones el 29 de octubre de 2024. Una de las fuentes para conocer el estado de los cauces son los agentes medioambientales tanto de la Conselleria de Medio Ambiente como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). De hecho, estos departamentos han centrado algunos de sus últimos autos. En ellos, la magistrada ha requerido a la Generalitat más detalles sobre el desempeño de estos efectivos mientras ha declinado indagar con mayor concreción el paradero de los del organismo de la cuenca.
La jueza rechazó la semana pasada la petición de una acusación particular que solicitaba que la CHJ indicara en qué sectores de la provincia de Valencia se encontraban sus guardas fluviales, los trayectos que realizaron y sus horarios la fatídica jornada, su identificación con nombres y apellidos, la información que recabaron y la que se les dio desde la Confederación o el acta del Comité Permanente del organismo de cuenca -en caso de existir tal documento-. El criterio utilizado para desechar esta prueba consiste en que la instructora cree que la vigilancia de los cauces en situación de emergencia recae sobre la Generalitat.
La acusación presentó el escrito en base a un informe remitido previamente por el ente presidido por Miguel Polo en el que debía responder a si estos efectivos vigilaron 'in situ' algún punto de control de caudal el 29-O así como la ubicación de los mismos. En dicho informe la CHJ explicó la manera en la que se divide la demacración del Júcar en zonas, subzonas y sectores así como sus agentes o guardas fluviales responsables de cada territorio. Expuso también que el promedio de terreno a cubrir por zona es de 995 kilómetros cuadrados, por lo que ejercen sus labores de manera itinerante, en solitario y con un vehículo o el número efectivos que ese día prestaron servicio. Todo ello, sin atender el objetivo del requerimiento: detallar si controlaron caudales en puntos de medición.
Para Ruiz Tobarra, este dosier aportado por la Confederación ya responde gran parte de las cuestiones planteadas por la acusación, como por ejemplo el mapa zonificado con la distribución de los efectivos o la plantilla que integra el servicio de Policía de Aguas. Sobre los trayectos, la jueza intuye que el personal se desplazó por sus respectivas demarcaciones y asevera que la identificación con nombres y apellidos de cada uno de los agentes «no resulta necesaria a la instrucción de la causa, dada la información aportada». De hecho, ironiza en su auto que, en base al criterio de la acusación, «habría que determinar el lugar concreto, nombre, apellidos de los miles de agentes que podían, conforme al Plan Especial, colaborar en la vigilancia de los barrancos».
Por tanto, la magistrada concluye que la prueba solicitada «es redundante con lo ya facilitado» así como que la petición se aparta del objeto del procedimiento: analizar las posibles negligencias por la muerte de 229 personas.
Ofrecimiento
Sin embargo, la magistrada sí ha solicitado un mayor grado de concreción sobre el papel de los agentes medioambientales de la Generalitat tras la declaración en calidad de testigo del director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis. La instructora requirió que la conselleria le facilitase un informe en el que se especificara las cinco comarcas de Valencia sobre las que están desplegados a las que aludió en su testifical. También le pidió información sobre los responsables zonales.
En concreto, Ruiz Tobarra quiere conocer las demarcaciones que integran la provincia y que se vieron afectadas por la dana. Fue el propio Gomis el que mostró su predisposición a facilitar tanto estas áreas como quién era la persona encargada de cada una el 29 de octubre de 2024.
Cabe recordar que Medio Ambiente hizo una propuesta de colaboración a las 12:19 horas y que consta que llegó a las 12:25. Esto se hizo a través del registro departamental que es el cauce reglamentario. Sin embargo, al menos tres testigos, según recordó la jueza, insisten en que eso no se transmitió de manera efectiva al Centro de Emergencias. Es más, que el documento constaba como descargado ya el día 30.
Gomis señaló que consta como recibido el día 29 a las 12.55, pero ya no sabe si se abrió el documento en ese momento. Él tampoco contactó telefónicamente con Emergencias o la conselleria para reiterar esa propuesta de colaboración que hizo porque forma parte del plan, según aclaró. Además, también negó que se enviara a los agentes medioambientales a casa a las 11:00: «Se les dijo que hicieran sus funciones de manera segura», matizó.
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