La jueza de Catarroja da tres días a À Punt y a Emergencias para que le entreguen las grabaciones del Cecopi del 29 de octubre

Que esta entidad, apuntaba en el escrito, «hará entrega de cuanto material audiovisual dispone (grabaciones de audio, grabaciones de vídeo o grabaciones de ambos tipos) en el momento sea requerido por parte de este juzgado».

Respecto de la grabación que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024 en el CECOPI, recordaban desde À Punt, «se corresponden con grabaciones de «mudos» (bruto de cámara que registra imagen para ilustrar piezas informativas, sin que exista autorización para registrar sonido) de las que se dispone del sonido ambiente registrado, el cual no puede ofrecerse voluntariamente por cuanto no se disponía de autorización para su registro, circunstancia que fue expresamente advenida por el personal de la Generalitat, y su difusión voluntaria podría suponer, tal y como se indicó por este Juzgado en el auto emitido el 8 de septiembre de 2025 una vulneración del «secreto profesional de los medios reconocido constitucional y jurisprudencialmente». Sin perjuicio de lo cual, en caso de ser requerida la aportación del audio que acompaña a los «mudos», se pondrá a disposición del Juzgado con carácter inmediato»».

Sin embargo, la magistrada responde que «ha de ponderarse en primer lugar, en el acceso a las grabaciones, el carácter de medio público de À Punt, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento» y agrega que «la grabación emitida por RTVE permite dar una información veraz de lo sucedido».

«En esa ponderación entre mantener oculto el audio y la cooperación en la investigación de un procedimiento penal, ha de ceder de manera clara que dichas grabaciones que pertenecen a una sociedad de carácter público deben ponerse a disposición de este órgano judicial», apunta la jueza.

Asimismo, debe ponderarse, continúa la jueza, la relevancia de las grabaciones de que pueda disponer À Punt en la presente causa, dado que, precisamente, es objeto de investigación el momento de remisión del ES ALERT, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en dicho proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados, partiendo igualmente de la gravedad de los hechos objeto de la presente instrucción: la pérdida de 229 vidas humanas (una de ellas dependiente) y los lesionados«.

La grabación pública, insiste la jueza, «contradecía declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado». Por lo tanto, «se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación».

Por otra parte, en otro auto, la jueza pide que se requiera a la Conselleria de Emergencias e Interior, de la cual depende la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a fin de que aporte a este Juzgado todas las grabaciones (brutos incluidos) obtenidas por la empresa con la cual tiene contratado el servicio de soporte audiovisual de las intervenciones de la AVSRE en materia de emergencias, durante el día 29 de octubre de 2024, desde las 9 horas hasta las 4 horas del día 30 de octubre de 2024.