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Mediodía. Justo a las doce una serie de asociaciones jueces y fiscales han convocado una concentración ante las puertas de las sedes judiciales. Las organizaciones ... convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Está previsto que durante el paro lean un manifiesto conjunto en el que reclaman la independencia judicial ante los proyectos de cambios legislativos que ha propuesto el Gobierno central. En concreto, en el texto se señala que la Constitución Española establece la separación de poderes y la independencia judicial «clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea» está en estos momentos «bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».
Entre estas medidas legislativas los convocantes destacan la ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que el primero de ellos se ha tramitado «injustificadamente» por la vía de urgencia y «no responde a demanda social alguna». En el manifiesto señalan que esta reforma legal «va a rebajar la excelencia de conocimientos» en el acceso en las carreras judicial y fiscal. Apuntan que se quiere crear un centro de preparación de opositores «dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».
El escrito recoge que se quiere modificar la base de ambas carreras «convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello» en contra de los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad «con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».
Con el segundo anteproyecto «se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado» que seguirá siendo nombrado por el Gobierno o que aumentará aún más «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Además, subrayan que las reformas tiene lugar en medio de un ambiente de ataques al poder judicial y el descrédito de la Fiscalía «con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan». Todo ello, subrayan, «minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
Defiende en el manifiesto «un poder judicial fuerte e independiente» que no es «un derecho de los jueces» sino una garantía de todos. «No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder», recoge el escrito.
Además, las asociaciones amenazan con una huelga y reclaman la creación de más plazas judiciales para mejorar el servicio.
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