Jueces de toda España alertan en Alicante del colapso de los juzgados de violencia sobre la mujer por la reforma legal

En su escrito de conclusiones, los jueces exponen que el cambio experimentado en la competencia objetiva para la instrucción de delitos por la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer va a conllevar «un aumento de muchísima entidad de la carga de trabajo. En este sentido realizamos un pronóstico de colapso de las futuras plazas judiciales, como resultado del número total de asuntos a ingresar y del aumento de respuestas urgentes que deben darse en el día a día».

Y es que a los juicios rápidos y órdenes de protección, «se les unirán las medidas urgentes ante denuncias por delitos contra la libertad sexual; y complicará sobremanera el ritmo de trabajo diario. Entendemos que el incremento de planta judicial acordado por el Anexo de la Ley 1/2005, de 2 de enero y el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, va a resultar muy insuficiente ante la modificación que entrará en funcionamiento el 3 de octubre de 2025».

Por todo ello, han solicitado «un incremento urgente de la planta judicial, adecuado a la nueva carga de trabajo derivada de la reforma en análisis».

También han calificado de «inaceptable» la reciente transformación de Juzgados de Instrucción en unidades judiciales de Violencia sobre la Mujer, «pues no da respuesta a las nuevas competencias que asumirá esta última jurisdicción. Y además agrava la situación de las Secciones de Instrucción afectadas, repercutiendo en la organización del servicio de guardia, carga de trabajo y en sus derechos retributivos».

Asimismo, han alertado de la «alarmante y desesperada situación de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Social», donde se requiere de medidas urgentes de incremento de las plazas judiciales.

En su opinión, las especialidades de los distintos juzgados actualmente vigentes (Juzgados de Familia, de Discapacidad, o de Ejecutorias, entre otros), deben mantenerse en las plazas judiciales resultantes de los Tribunales de Instancia, independientemente de las secciones en las que se encuadren, con la consiguiente especialización de los integrantes de la Oficina.

Finalmente, otra cuestión sobre la que han alzado la voz es sobre la creación de las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia o en su caso de plazas especializadas en los Tribunales de Instancia, en los que no existan tales secciones.

Esto «plantea el problema de la ausencia de regulación en cuanto a su coordinación con el servicio de guardia de la Sección de Instrucción. Esta coordinación deberá abordarse en el Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales 1/2005. Uno de los problemas que también deberán asumir estas secciones integradas por una sola plaza es que estarán asumiendo de facto funciones de guardia de modo permanente y será dificultoso establecer un régimen de sustituciones a favor de su titular».

Concluyen que el nuevo modelo «debe garantizar la estricta separación de la jurisdicción de Menores del resto de las jurisdicciones, velándose por la protección de los menores y de todos los intervinientes conforme a la normativa estatal e internacional».

Los jueces decanos han manifestado su profundo agradecimiento a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por su intervención en nuestras jornadas y sus palabras de aliento y en defensa de la Carrera Judicial en su discurso de apertura.

También han expresado su apoyo «a las reivindicaciones del pasado miércoles 11 de junio, en defensa de la independencia judicial. Defendemos el vigente modelo de acceso a la Carrera Judicial que garantiza la objetividad y la transparencia, el mérito y la capacidad, frente al que propone la reforma en trámite».

La Ley de Eficiencia, señalan, «acomete una profunda reforma del sistema judicial, sin abordar la regulación de aspectos relevantes para su funcionamiento. No puede hacerse, como se pretende, a coste cero y sin contar con el Poder Judicial».