Una huelga pone en jaque la segunda prueba de las oposiciones de profesores

Ambas organizaciones denuncian que hasta las oposiciones de 2023 los tribunales «cobraban con normalidad las asistencias», a razón de 90 euros por día para la presidencia y la secretaría y de 74,50 euros para los vocales. «Unas cantidades que ahora dejan de cobrarse a partir de la finalización de las actividades lectivas, es decir, del 19 de junio», se dice.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación se ha pedido «rigor» a la hora de plantear la cuestión, matizando que el criterio que se aplica (ya se utilizó para las oposiciones de 2024) tiene que ver con la diferencia entre el periodo lectivo y no lectivo. En el primer caso la gratificación se abona cuando deben realizar tareas vespertinas, al menos tres horas fuera de su horario ordinario (y por tanto no incluidas en su retribución normal). Y en el segundo, cuando los docentes han pasado ya a una jornada laboral matutina, siempre que se justifique la necesidad de que se necesitan al menos esas tres horas adicionales y extraordinarias por la tarde, además de las siete ordinarias de su jornada de mañana.

Es decir, si el tribunal organiza su trabajo sólo por la mañana una vez acabadas las clases no hay gratificación, pues se entiende que los seleccionados ya están cobrando su salario normal, pero si se necesitan al menos tres más por la tarde para sacar adelante la faena, sí se genera el derecho. «No prohibimos a los tribunales trabajar por las tardes, sólo que se justifique convenientemente que se necesitan esas horas», añaden desde el departamento.

«Más de una tercera parte de los tribunales se han organizado para acordar movilizaciones ante este brutal recorte y han solicitado a los sindicatos la convocatoria de una huelga para el 31 de mayo, cuando está previsto que se celebre la prueba práctica», destaca el comunicado de ambas organizaciones, que defienden que el 24 de mayo, cuando se llevará a cabo la parte teórica, «los tribunales podrán informar a las personas aspirantes de la convocatoria, que en ningún caso va contra los intereses de los aspirantes, sino como medida de presión a la conselleria para que rectifique y abone las gratificaciones íntegramente». En caso de no alcanzarse un acuerdo, habrá que ver qué servicios mínimos se determinan para posibilitar la evaluación de la prueba, o si se opta por modificar la fecha.

Por su parte, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos «para no poner en riesgo el futuro de 18.000 opositores», defendiendo que los integrantes de los tribunales «van a percibir, adicionalmente a su salario mensual, las retribuciones establecidas en el Decreto 7/2023, de 27 de enero, del Consell sobre indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios».

En concreto, a los miembros de los tribunales se les paga por concepto de hospedaje, restauración y otros gastos (45,74 euros/día), kilometraje (0,19 euros por kilómetro para turismos y 0,078 para motocicletas) y la asistencia a los tribunales (los valores ya citados).

«De acuerdo con el artículo 10 de este decreto, las gratificaciones por asistencia a percibir por los miembros de los tribunales, por el carácter irrenunciable de su nombramiento, solo se otorgarán cuando las sesiones tengan lugar fuera del horario normal de trabajo», ha recordado el director general.

Pablo Ortega ha explicado, asimismo, que las retribuciones en los tribunales de oposiciones «se han incrementado desde 2022 una media de 365 euros». Entonces el ingreso medio bruto fue de 2.552 euros, superándose en materias como Música, con 2.775, o Audición y Lenguaje con 2.769.

«En las oposiciones de 2024 -ya con el criterio vigente- la media fue de 2.917 euros, y en materias como Inglés, Educación Física o Audición y Lenguaje superaron los 3.000», ha añadido. Además, la previsión es que los importes del inminente proceso sean similares, lo que sirve a la administración para defender que no habrá perjuicio para los miembros de los tribunales. Por ello, Ortega ha reiterado su petición de «rigor» a quienes están llamando a la huelga «y generando un clima de inquietud en personas que llevan muchos meses preparándose».

Asimismo, el director general ha señalado que los tribunales no trabajan los fines de semana, a excepción de los dos sábados en los que se programan las dos partes de la primera prueba, y ha recordado también que la Dirección General de Función Pública «tampoco retribuye las sesiones realizadas durante el horario habitual de trabajo, ya que es de aplicación el mismo decreto para todo el personal de la Generalitat Valenciana».

Por último, Ortega ha defendido que la conselleria ha planteado una propuesta a las organizaciones sindicales para negociar un nuevo sistema de oposiciones de forma que se exima a los miembros de los tribunales de sus funciones docentes, sustituyéndolos en sus centros, mientras dura el proceso selectivo.

Por otro lado, las organizaciones convocantes también han criticado que para este curso se haya decidido «que los tribunales vayan a realizar las pruebas y corregir en jornadas lectivas, un trabajo que debe realizarse después de la jornada laboral lectiva, las correcciones de los trabajos, las pruebas, las reuniones con madres y padres y en el centro». En definitiva, se alega que «sobrecargan de trabajo a las personas que están en los tribunales evaluadores así como a los opositores, en lugar de facilitar la labor extraordinaria que se les exige a ambos colectivos».