El Gobierno quiere tener en marcha en 2030 las obras para proteger Valencia ante riadas

Que las obras hídricas salvan vidas es una de las principales lecciones aprendidas de la catástrofe que el 29 de octubre de 2024 provocó la muerte de 230 personas y que causó daños materiales por valor de casi 18.000 millones de euros. Por ello, la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, hace suyas las palabras que expuso Teodoro Estrela, adjunto a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el pasado lunes en una conferencia sobre el plan de infraestructuras hidráulicas planteado por el Miteco tras la dana: «Son obras que normalmente podrían llegar a costar cerca de diez años, pero la idea que tenemos es que en 2030 esté prácticamente todo en ejecución», dijo Estrela.

Pérez señala a LAS PROVINCIAS que las obras de emergencia como consecuencia de la dana, valoradas den 220 millones de euros y que se prevé que estén culminadas en junio de 2026, han permitido rebajar la peligrosidad ante avenidas de muchas poblaciones que se vieron afectadas el 29-O. Por otro lado, destaca el carácter «integral» de las actuaciones de prevención, preparación y protección recogidas en el plan dotado con 550 millones de euros que debe ejecutar la CHJ. También resalta la amplia participación técnica y ciudadana en su elaboración.

La comisionada comenta que la explicación de que haya algunos trabajos más avanzados que otros, como sucede con los de la Saleta o el Bajo Júcar, reside en que estas obras «ya se estaban estudiando» antes de la riada y lo que se ha hecho ahora es mejorarlos y adaptarlos a los caudales y periodos de retorno que se dieron en la dana. Contar con estudios previos ha propiciado que su tramitación haya sido mucho más rápida. En este sentido, Pérez asegura que la conexión de la Saleta con el nuevo cauce «ya va a permitir quitar una parte importante de riesgo» y recuerda que se prevé licitar la redacción de la obra a principios del año que viene.

Por otro lado, la representante gubernamental encargada de la reconstrucción alega que el documento de la CHJ ya recoge las actuaciones que proponen los partidarios del Plan Sur Metropolitano en materia de retención de aguas en las cabeceras de los cauces, zonas de almacenamiento controlado y áreas de drenaje tanto en las cuenca del Poyo como en la de la Saleta. Además, Pérez manifiesta que este concepto esgrimido por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, o por el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es más «un posicionamiento político que un proyecto técnico».

«Lo suyo es hablar del plan que hay en marcha, que está presupuestado, que ha tenido participación de los técnicos del Ministerio, los de la Generalitat, el Cedex, los expertos de la Universidad Politécnica y de la Universidad de Valencia y además ha estado en exposición pública. Eso es realmente una planificación que mira de manera integral la gestión de las inundaciones, no las ideas abstractas que además contemplan cosas que ya han sido descartadas técnicamente», asevera Pérez sobre la idea del Plan Sur Metropolitano y la negativa gubernamental a levantar la presa de Cheste.

La construcción de este pantano es una de las grandes reivindicaciones de los partidarios del Plan Sur Metropolitano y una de las exigencias formuladas también por Vox que el Gobierno ha descartado tras la dana, pese a haber sido ideado a principios de siglo. En su lugar, la CHJ ha proyectado unas zonas de almacenamiento natural a ambos márgenes del cauce.

Según Pérez, los cálculos elaborados por los técnicos de la CHJ vaticinan que si se hubiera construido dicha infraestructura en Cheste, las consecuencias del desastre hubieran sido mucho peores. Factores como la poca capacidad con la que estaba dotada, unos ocho hectómetros cúbicos -medio más que la presa de Buseo dependiente de la Generalitat-, los materiales sueltos de la misma y la brutal avenida hubiesen hecho que vertiera por coronación hasta su colapso.

La Confederación ha optado por presentar una alternativa a esta presa puesto que los riesgos de materializarla «son superiores a los beneficios que pueda tener». «Se ha buscado una solución que es igual de efectiva o más que la presa, pero con menos riesgo», asevera la comisionada sobre las zonas de almacenamiento en ambos márgenes del cauce. «Lo que se consigue con esto son efectos más satisfactorios que con la presa proyectada y, sobre todo, más naturales: hay una mayor efectividad y una menor peligrosidad», concluye Pérez.