Una factura de luz y gas de más de 3.000 euros

Crispín Gómez aprovechó el comienzo de julio para liquidar algunos pagos pendientes después de recibir la paga extraordinaria. No pensaba tener ningún gasto más hasta que le llegó la sorpresa. «Me mandaron un correo electrónico desde la compañía energética avisándome de que la factura de los últimos dos meses ya estaba disponible para consultarla pero no le hice caso porque era algo rutinario», afirma a LAS PROVINCIAS. Cuatro días más tarde, una notificación en su móvil le informaba de que tenía un descubierto de más de 1.200 euros en la cuenta del banco. «En cuanto vi que me había quedado en números rojos por la factura del gas llamé a la empresa para saber qué había pasado. Me dijeron que se trataba de una regularización del consumo de los últimos años. Algo extrañísimo porque venía pagando alrededor de 190 euros».

La factura emitida por Energías de Portugal (EDP) ascendió a 3.473,33 euros (49,29 euros de electricidad, 2.798,38 euros de gas, 19,92 euros de servicios y 605,74 euros de impuestos) y desde la empresa no ofrecieron a su cliente ningún tipo de explicación que justificara con detalle el cálculo de dicho importe, como señala él mismo. En una de las varias llamadas de teléfono que realizó el usuario para aclarar lo sucedido, la compañía adujo que durante un periodo superior a un año y medio no había obtenido lecturas del contador del gas y había estado realizando cargos al usuario basándose en consumos estimados. Una cuestión que fue desmentida por el perjudicado, quien asegura que rellenó regularmente las hojas de lectura del contador que colocan en el edificio y que nunca recibió notificación alguna por parte de la empresa de que estas no se hubieran podido obtener.

Para más inri, al analizar las lecturas de luz y gas entre diciembre de 2016 y julio de 2018, Crispín comprobó que los cargos de cada factura durante ese periodo eran superiores al consumo real que había realizado, por lo que la regularización a la que hacía referencia la empresa debería haber sido negativa, es decir, conllevaría un reintegro del exceso que se le había cobrado. No obstante, la lista de irregularidades no acaba ahí, como denuncia el afectado. La compañía llevó a cabo una domiciliación bancaria de más de 3.400 euros cuando para ello tendría que haber solicitado una autorización previa.

Ante tal situación, Crispín optó por poner una reclamación en Consumo en la que solicita la anulación de la factura, que la compañía compense los gastos ocasionados por el descubrimiento de la cuenta bancaria así como le indemnice por sus días de trabajo perdidos por tener que realizar la queja formal. Además pide que las autoridades pertinentes analicen la mala praxis y las ilegalidades que hubiera podido cometer EPD.

Aparte de emitir la denuncia, el afectado expuso en redes sociales lo que le había pasado mencionando a la compañía y pronto recibió una contestación por parte de la misma, quienes le solicitaron algunos datos y le invitaron a solucionar el asunto a través de mensajes privados en Twitter.

Tras unos días, la pesadilla acabó. La empresa reconoció su fallo. Había realizado una estimación del consumo errónea y no sólo no tenía que cobrarle a su cliente más de 3.000 euros de luz y gas sino que debía devolverle 102 euros, como bien había calculado el afectado. El principal problema del inusual cargo, como relató el vecino de Valencia a este diario, consistió en que la valoración a ojo que hizo EPD del consumo de los últimos años de Crispín, que vive solo, estuvo basada en el gasto que hicieron los anteriores ocupantes de la vivienda, una familia numerosa.

A pesar de haberse resuelto el inconveniente, la reclamación en Consumo sigue adelante: «Confío en que nadie tenga que pasar por algo así».