El Consell revisa el plan estrella del Botánico para proteger la costa por su «insuficiente calidad técnica y jurídica»

El escrito, que cuenta con la firma del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, arranca denunciando el difícil encaje legal del Pativel tanto por su incidencia en las competencias municipales como por las sentencias contrarias que ha recibido en la vía contencioso-administrativa.

Para los actuales responsables de Medio Ambiente, los distintos aspectos del plan señalados por la justicia «hacen necesario reflexionar» sobre cuestiones como la autonomía municipal, la determinación de la zona litoral o el vínculo las competencias del Estado correlativas y convergentes en la zona litoral relacionadas con la protección del dominio público marítimo-terrestre, en especial las áreas de influencia y las de servidumbre.

Desde el equipo de Martínez Mus ponen el foco de los problemas del Pativel en su metodología de sustituir una auténtica ordenación territorial por el empleo de proyecciones lineales a partir de la línea de costa para definir zonas de ordenación. «El mandato de la Ley 3/2025 al que se ha hecho referencia es claro: revisar el documento vigente y aprobar un nuevo Plan de Acción Territorial conforme a la normativa actual, creando así la oportunidad idónea de superar las dificultades que, claramente, no ha podido abordar con satisfacción el vigente PATIVEL», señalan.

Asimismo, recuerdan cómo la jurisprudencia ha manifestado que la técnica ideada por el Botánico, de delimitación de franjas medidas desde el límite interior de la ribera del mar en orden a establecer ámbitos de protección, «produce una ordenación desordenada y una protección arbitraria». A su juicio, de este caos deviene la «imperativa» necesidad de modificar el documento del PSPV y Compromís.

Por otro lado, también ponen el foco en la no concreción del valor ambiental de algunos suelos protegidos por el Pativel -como la existencia de aquellos que no están 'abiertos al mar'-, «lo que hace discutible su protección, o la atribución de distintos regímenes de protección a supuestos de hecho iguales, hacen necesaria y oportuna igualmente, la revisión del documento».

«Es ahora el momento adecuado para que, de modo sereno, con la debida participación ciudadana, y con esmerada calidad técnica, se impulse la tramitación de un POC que intente de modo global, corregir y superar la deficiente normativa actual», concluyen en Medio Ambiente.

La Ley de Costas valenciana contempla que el Pativel pase a denominarse Plan de Ordenación Costera (POC); y deberá ser revisado, para su adaptación a esta ley, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor. La conselleria esgrime que es imposible modificar la norma actual sin reescribirla por completo.

Eso sí, el alcance exacto de los cambios se concretará cuando concluya el trámite de consulta, teniendo en cuenta las sugerencias que se reciban. No obstante, algunas de las líneas maestras consistirán en el diagnóstico del estado del litoral, con la caracterización de los asentamientos, el inventario cartografiado de los espacios naturales protegidos marítimos-terrestres y el patrimonio cultural litoral y los demás datos y herramientas que sirvan para establecer un marco básico de referencia para la integración de las políticas territoriales y las actuaciones urbanísticas sobre el litoral.

La concreción de las determinaciones de las directrices de ordenación del litoral; el establecimiento de un modelo territorial a partir de la identificación y caracterización de las distintas áreas que conforman el litoral, según lo previsto en la Ley de Costas; el desarrollo de los objetivos de ordenación asignados a cada área del litoral en la Ley; las medidas orientadas a la preservación del paisaje litoral y del patrimonio cultural, material e inmaterial; o la determinación de los espacios afectados por la regresión costera, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de costas y a lo declarado por la Administración General del Estado, también se encuentran incluidas en el escrito sometido a consulta pública