El cierre de seis playas a la semana en la Comunitat pone el foco sobre las acequias

Hasta mediados del mes de agosto se han cerrado al baño cerca de una treintena de playas en la Comunitat por diversos motivos, pero las prohibiciones por contaminación copan la mayoría de estos cierres, según reconoce Medio Ambiente mientras defiende que las clausuras son «episodios puntuales». Desde el departamento dirigido por Vicente Martínez Mus argumentan que el 91% de las 250 zonas marítimas de baño registradas el año pasado obtuvieron parámetros del agua de categoría 'excelente'. Las mismas fuentes apuntan también a que la causa de estas prohibiciones suele provenir de alguna fuga de la red del alcantarillado municipal o arrastres que se producen en acequias o ríos que desembocan en puntos cercanos a lugares de baño autorizado.

La campaña de analíticas semanales del agua de las zonas de baño permitido empieza la segunda quincena de junio y acaba la segunda de septiembre, donde cada año se realizan cerca de 5.000 controles en los que se tratan parámetros microbiológicos que miden la contaminación a través de la presencia de escherichia coli y enterococos intestinales.

El protocolo a seguir consiste en que si se superan los indicadores establecidos, 200 unidades formadoras de colonias (u.f.c) de enterococos cada 100 mililitros o 500 u.f.c de coli cada 100 mililitros, Medio Ambiente envía un correo electrónico a los servicios técnicos del ayuntamiento correspondiente para que comunique a los bañistas que el estado del agua no es del todo salubre, pero no se llega a cerrar la playa. Eso sí, en este escenario, los muestreos de agua pasan de ser semanales a diarios hasta que se vuelvan a obtener resultados inferiores a los máximos autorizados. Sin embargo, en caso de duplicarse los umbrales permitidos, Conselleria insta al consistorio en cuestión a cerrar la playa de inmediato quedando prohibido el baño hasta que se vuelvan a registrar dígitos permitidos por la norma.

Este protocolo es bien conocido en Alboraia. El cierre del norte del arenal de Port Saplaya, tramo que lleva clausurado desde mediados de la semana pasada, es uno de los casos más sonados después de que la prohibición decretada el pasado 6 de agosto colmase la paciencia de su Ayuntamiento.

«Somos la última parada de las acequias y no podemos ser quien se coma el problema de lo que excede nuestras competencias», explicaba el comunicado emitido por el Consistorio con el que dijeron «basta» ante los continuos cierres de sus playas «provocados por la contaminación que procede a través de las acequias, aguas arriba» que están jugando «una mala pasada» tanto a los vecinos como a los sectores de la hostelería y el turismo local.

Sin embargo, lo cierto es que la gestión de los canales de riego es un asunto complejo en el que intervienen diversos actores. Las instituciones que responden en este asunto van desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pasando por la Conselleria de Medio Ambiente y el Tribunal de las Aguas hasta llegar a los ayuntamientos por los términos municipales de los cuales discurren las acequias hasta desembocar en el mar.

El alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, garantiza a LAS PROVINCIAS que su localidad no vierte nada a las acequias puesto que tanto la red de alcantarillado y desagüe del casco urbano como del polígono van a colectores que bombean el flujo hasta la estación depuradora situada en el municipio. Sobre las alquerías de la huerta que no están conectadas a la EDAR o el poblado formado por las casetas de pescadores situado en la desembocadura del barranco Carraixet, Chavarría explica que cuentan con un pozo ciego mantenido por una empresa.

El primer edil trata de tranquilizar a los vecinos alegando que los cierres son episodios puntuales y que las partículas contaminantes se disuelven con rapidez en el mar recuerda que este año se ejecutará el proyecto de desvío de la acequia de Mortera a la de la Mar para que pase por la depuradora.

Por otro lado, el alcalde apunta a que el origen de la contaminación de las aguas de la acequia de Sant Vicent, la que origina los cierres del norte de Port Saplaya, provienen de las de Rascanya y Moncada. Chavarría expone, por tanto, que los vertidos se producen «fuera del término de Alboraia»: «Eso es Almàssera, o es Tavernes Blanques, o es Bonrepòs... Nuestra obligación es medir (la contaminación) en la entrada de nuestro municipio y muchas veces las medidas que tomamos al principio son bastante elevadas», asegura mientras exige una actuación conjunta entre el Gobierno central, la Generalitat y los consistorios afectados para acabar con los vertidos.

Ante las acusaciones sobre poblaciones vecinas, este diario consultó, sin éxito, la versión del los ayuntamientos de Almàssera y Tavernes Blanques. Desde el primer consistorio optaron por mantenerse al margen de hacer declaraciones, aunque se abrieron a plantear acciones conjuntas para resolver el problema, mientras que en el segundo directamente no respondieron a las preguntas.

Por otro lado, la CHJ, organismo mencionado en el comunicado remitido por Alboraia, también elude cualquier responsabilidad alegando que no habían detectado ningún incumplimiento en los puntos de vertido autorizados en el entorno del barranco del Carraixet para volver a poner el foco, al igual que Medio Ambiente, sobre las acequias o puntos de desbordamiento tras un episodio de lluvias.

Cabe reseñar en este punto que el Ayuntamiento de Alboraia abona un canon, que paga «regularmente» al ente de la cuenca, ante la posibilidad de que aparezcan vertidos en el cauce del Carraixet para que la confederación «actúe en cuanto se detecte contaminación».

Preguntado por si el Consistorio paga otra cuantía económica a las acequias, el alcalde reconoce que las arcas municipales de Alboraia abonan «una pequeña cantidad a las acequias por el desagüe de pluviales». Chavarría explica que el pago a los canales de riego por el vertido del agua de la lluvia sirve para canalizar dicho flujo hacia el mar. Cuestionado sobre si estos podrían ser nocivos, el primer edil responde que se tratan de restos de riego, «en principio, no contaminantes».

Desde el Tribunal de las Aguas, del que forma parte la acequia de Rascanya, admiten el cobro de dicho dinero, aunque la cantidad recaudad en los municipios de l'Horta Nord sea «simbólica», y confirman que la función del mismo es para aliviar el agua proveniente de las precipitaciones, en consonancia con la versión del Ayuntamiento implicado.

En resumidas cuentas, pese a que las distintas partes, que presentan evidentes vínculos entre sí, reconocen la existencia del problema que circula por las acequias, ninguna administración se responsabiliza de desvelar el origen de los niveles de contaminación que llegan al agua y que provocan el cierre de parte de las playas de Alboraia a golpe de analíticas con resultado negativo.