Amnistía Internacional alerta de que se sigue edificando en zonas inundables un año después de la dana

La entidad denuncia que el derecho a la vivienda no fue debidamente protegido por las autoridades, tanto a nivel estatal como autonómico y municipal al permitir que edifique en esas zonas sin aplicar medidas eficaces de adaptación al cambio climático. En ese sentido, pone de relieve que doce meses después de la dana, todavía no se ha procedido a una revisión del Patricova (el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. Es más, hace hincapié en que el «urbanismo 'exprés'» aprobado por la Generalitat permite seguir aprobando proyectos en los municipios afectados, con lo que se pone en riesgo el derecho a la vivienda de las personas.

Sobre este aspecto, Amnistía Internacional recuerda que la Comunitat Valenciana es la segunda región con mayor extensión de zonas inundables de España, donde habitan aproximadamente 600.000 personas. Como ejemplos pone Paiporta y Catarroja. Según destaca, estas localidades tienen todas las viviendas en áreas de riesgo de inundación y en ellas se registraron las mayores cifras de víctimas y daños a consecuencia de la dana.

«Hay dos velocidades en la reconstrucción», lamenta la entidad . Aún no se ha aprobado una revisión del Patricova ni se han reformado las normas estatales de gestión de los riesgos de inundación un año después, mientras que «las autoridades autonómicas y locales han adoptado el urbanismo exprés, flexibilizando más que antes el urbanismo y desprotegiendo a la gente», asegura Marta Mendiola, investigadora sobre cambio climático y derecho a la vivienda de Amnistía Internacional en España.

Por ese motivo, desde la organización de derechos humanos reclama de manera urgente a Generalitat y ayuntamientos «una moratoria que paralice los proyectos urbanísticos en los municipios afectados por la dana hasta que se apruebe la revisión del Patricova cuyo fin sea la prevención de riesgos y la protección del derecho a la vivienda».

Para la entidad, las inundaciones del 29 de octubre de 2024 han sacado a la luz «la evidente falta de protección del derecho a la vivienda y la ausencia de una estrategia de adaptación adecuada frente al cambio climático» y eso se traduce en lo que califica como «una vulneración clara de derechos humanos». Según sus estimaciones, unas 60.000 personas migrantes víctimas de la dana, «muchas de ellas mujeres dedicadas a los cuidados», se han topado con barreras para cumplir los requisitos exigidos para las ayudas. Entre ellas figuran el carecer de documentación como el empadronamiento, el número de identificación de extranjero (NIE), un contrato de arrendamiento o la titularidad de una cuenta bancaria. Esos obstáculos alejan a estas personas de poder optar a ese dinero.

Los trámites complejos que debían afrontar, la escasa información y la escasez de vivienda social no les han ayudado, añade. Y tampoco lo ha hecho la cuantía económica a la que podían acceder. Para Amnistía Internacional, «la ayuda máxima de la Generalitat de 800 euros mensuales resulta insuficiente frente a los precios de alquiler en los municipios afectados, que aumentaron tras la dana». Un obstáculo infranqueable que ha provocado que «las mujeres, especialmente las migrantes trabajadoras del hogar hayan sufrido exclusión en el acceso a estas ayudas».

Teresa García del Vello, investigadora sobre derecho a la vivienda de la organización, subraya que el problema es estructural. «La ausencia de planificación, la escasez de vivienda social y las políticas de construir de espaldas a los derechos de la gente garantizan que la próxima catástrofe vuelva a golpear con más dureza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad», añade.

Por otro lado, la organización incide en que las inundaciones del pasado año han agravado el estado de precariedad extrema que sufrían en los barrios del Xenillet y La Mancha, en Torrent. Según señala, se han demolido muchas viviendas sin información suficiente sobre aspectos tan importantes como las indemnizaciones, el destino de los terrenos o las alternativas habitacionales, «vulnerando el derecho a la vivienda de las personas residentes».

Por ese motivo, desde la entidad solicitan a las autoridades, desde la central a la locales, que revisen el sistema de protección social frente a los impactos de fenómenos meteorológicos extremos en España. También pide que se confeccione un protocolo integral de ayudas que marque «un decálogo de medidas orientadas a reforzar la protección del derecho a la vivienda».