Los afectados por los deslindes acudirán a Europa para que se modifique la ley de Costas

Pese a la reforma que fue aprobada en 2013, la política de deslindes no ha hecho más que incrementarse continuando con las aparentes expropiaciones encubiertas sin compensación y las arbitrariedades a través de las delimitaciones del dominio público marítimo, según denuncian los afectados. De esta forma, consideran que «no ha resuelto los problemas de confiscación de propiedades e inseguridad jurídica en la compra venta de viviendas o libre disposición de capitales, todo ello bajo un claro abuso de poder del Estado», argumentan.

En este sentido, destacan que desde la Dirección General de Costas se ha seguido incluyendo en los deslindes numerosas viviendas y terrenos de afectados que pasan a ser propiedad del Estado y se les permite continuar viviendo en ellas en concesión durante una serie de años.

Como dato, diversos miembros de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, la entidad que pretende llevar a Europa esta norma, han calculado que en 1988 las propiedades del Estado en la costa era de 15.000 hectáreas. En 2023 eran ya, según esta entidad, 160.000, más de diez veces más. Y siguen sumando. Los cálculos se han realizado a través de imágenes satélite y otros procedimientos teniendo en cuenta la línea que avanza con los deslindes. Hay que tener en cuenta que esta cantidad sigue creciendo en el lugar donde los terrenos son más valiosos como son los del litoral.

La asamblea de los afectados tuvo lugar el pasado sábado en Valencia y a ella acudieron víctimas de los deslindes desde Mallorca, Menorca, Huelva, Murcia, Dénia, Bellreguard, El Saler y Torre la Sal, entre otros lugares. Es en ella donde se decidió acudir al Parlamento Europeo. En concreto, han iniciado los trámites para presentar una denuncia en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara.

Este es sólo el primer paso porque los afectados están dispuestos a llevar el caso ante los tribunales de Justicia europeos puesto que están viendo que la UE da dinero para ampliar y regenerar las playas pero, por otra parte, el Estado confisca propiedades contiguas a las zonas que se amplían, «algo que carece de sentido alguno», apuntan.

Fuentes de los afectados han precisado que este es un paso complicado. «No es fácil ir contra una ley de un Estado. Ya en 2011 no encontramos apoyo en los europarlamentarios españoles. Ahora pensamos que pasará algo parecido», argumentan y señalan que como hay afectados propietarios ingleses, alemanes o franceses creen que encontrarán respaldo de parlamentarios de estos países.

La política de deslindes impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Dirección General de Costas continúa ampliando la línea de delimitación del dominio público marítimo terrestre a lo largo de la costa española, incluido la Comunitat Valenciana.

Precisamente en la Comunitat en las últimas semanas han tenido lugar dos actuaciones por parte del Ministerio. El pasado 19 de noviembre concluyó el plazo de presentación de alegaciones al deslinde de la parte sur del Saler. Esta operación supone que la Administración Estatal pasará a poseer cerca de un millón y medio de metros cuadrados que en la actualidad son propiedad del Ayuntamiento de Valencia que incluyen instalaciones como el Casal d'Esplai y las compuertas de la Gola de Pujol. Tanto la Generalitat como el Consistorio valenciano han anunciado que acudirán a los tribunales en el caso de que no sean escuchadas sus alegaciones.

Ambas entidades han alegado que el ministerio tendría que acometer las obras de regeneración de playas previstas desde 2013 antes de iniciar la nueva delimitación del dominio público marítimo terrestre.

Por otra parte, el pasado septiembre el ministerio paralizó en el último momento el derribo de cerca de medio centenar de viviendas en la costa de Guardamar del Segura después de que la Generalitat las declarase núcleo de especial valor etnológico, una figura contemplada en la recientemente aprobada ley de Costas valenciana.

Algunas de estas viviendas tienen cerca de cien años, construidas durante la Segunda República. Estas edificaciones fueron concebidas no solo como viviendas de primera línea de playa, sino también como una infraestructura de protección contra el avance de las dunas, que ya habían llegado a sepultar en el pasado el propio municipio de Guardamar, además de aportar un valor estético y urbanístico al litoral.

Pero la paralización de los derribos es sólo una demora. El ministerio continúa implacable y ha interpuesto un recurso de reposición contra la decisión de declararlo núcleo de especial valor etnológico, paso previo a la interposición de un recurso contencioso administrativo ante los tribunales.

La declaración de un grupo de viviendas como de especial valor etnológico es una figura creada en la nueva ley de Costas valenciana que pretende frenar la política de deslindes del Gobierno central. Es el único escollo que enfrenta al a Administración autonómica con la central y que puede acabar en el Tribunal Constitucional.

La nueva ley autoriza a a los gobiernos locales a utilizar esta figura para dar respuestas más eficientes a las necesidades de cada municipio. También con ella se podrán proteger los núcleos arquitectónicos en su totalidad y con ello se da un paso más en la protección de los núcleos con valor etnológico. Algunos ya han mostrado interés por esta figura como Moncofa. Otro podría ser las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche. Torre la Sal en Cabanes o la zona de Babilonia en Guardamar.