Vivienda anuncia que «no hay más dinero ni recursos» para pisos sociales

Vivienda anuncia que «no hay más dinero ni recursos» para pisos sociales

Unas 9.000 personas están en lista de espera para recibir un inmueble mientras Oltra promete ampliar las ayudas a inmigrantes sin papeles

J. A. M./D. G. VALENCIA.

La felicidad va por barrios aunque, en este caso, por consellerias. Sólo un día después de que Mónica Oltra, titular de Igualdad y Política Inclusivas, anunciara uno de los planes más ambiciosos de la Generalitat para esta legislatura, la ampliación de las ayudas para las familias con menos ingresos, su homóloga de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, advertía de la limitación de los recursos autonómicos.

En concreto, y como informó hace unas semanas la propia Conselleria de Vivienda, el parque valenciano de inmuebles de alquiler social, aquellos concebidos para las personas con menos recursos o bajo la amenaza de quedarse en la calle, está compuesto por 15.542 domicilios. En la actualidad, todos están ocupados o pendientes de rehabilitar, aunque hay unos 9.000 solicitantes en lista de espera. Pese al esfuerzo por arreglar aquellos que en la anterior legislatura quedaron en mal estado, unos 700, Salvador indicó que, a fecha de hoy, «ya se han rehabilitado y adjudicado más de 360 pisos, y hay otras cien viviendas más en valoración. Sin embargo, la consellera lamentó: «No tenemos más recursos ni más dinero».

LAS PROVINCIAS consultó a la citada delegación si existe previsión de ampliar ese parque público de viviendas ante las miles de personas que se encuentran a la espera de recibir un piso social, situación que presumiblemente empeorará el próximo mes de mayo, cuando finaliza la moratoria para desahucios, por lo que miles de valencianos podrán verse en la calle. Desde Vivienda supeditan la ampliación del parque a la futura Ley por la Función Social de la Vivienda, «pero la cantidad de casas o el presupuesto todavía no se sabe y sería algo que precisará un estudio», añadieron.

Y frente a toda esta situación, la titular de Igualdad, Mónica Oltra, anunciaba el lunes una significativa ampliación de las ayudas recogidas en la renovada renta valenciana de inclusión, por lo que teóricamente se incrementará tanto el número de beneficiarios como las cuantías de las prestaciones.

En concreto, los requisitos para optar a estas ayudas se reducen y podrán solicitarlas incluso personas que no cuenten con permiso de residencia legal en España. Bastará con ser mayor de edad, llevar empadronado un año en algún municipio de la Comunitat y contar con escasos recursos. Además, las cuantías se incrementan (de 385,15 a 532 euros mensuales) y la prestación se convierte en ilimitada mientras dure la situación que ha motivado su concesión (hasta ahora tenía un límite de tres años). Incluso podrán solicitarlas personas con un trabajo con una remuneración inferior al salario mínimo interprofesional.

Con estas nuevas condiciones es más que probable que se incremente el número actual de beneficiarios (unos 44.500), por lo que también será necesario aumentar el presupuesto anual (este año, de algo más de 44 millones de euros). Asimismo, el compromiso de la vicepresidenta es que, si la partida destinada para ello se agota, se dispondrá de créditos adicionales para cubrir toda la demanda. La conselleria, sin embargo, todavía no dispone de un cálculo exacto del coste que va a suponer para las arcas autonómicas este compromiso adquirido por la propia vicepresidenta, y que se verá transformado en ley cuando lo aprueben Les Corts.

Por tanto, mientras un ajustado presupuesto está impidiendo al Consell acabar con la lista de espera para otorgar viviendas sociales a familias sin recursos, la propia Generalitat promete ampliar las ayudas económicas directas para estos colectivos en riesgo de exclusión.