Ximo Puig abre la guerra por el control de las diputaciones provinciales

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ya no oculta su intención de hacerse con el control económico, y hasta político, de las diputaciones. Para ello, el Consell llevará a Les Corts en el primer periodo de sesiones del año una reforma de la Ley de Coordinación con los organismos provinciales y conseguir que «todas las instituciones valencianas caminen juntas». De esta manera, Puig hace pública su intención de manejar estos organismos, creados en el siglo XIX y ratificados por la Constitución de 1978, y que son los únicos que financieramente se han sostenido en el periodo de crisis económica.

No se escapan las dificultades económicas que afronta la Generalitat Valenciana, que apenas le permiten decisiones políticas, por lo que Puig ha recurrido a las diputaciones para sufragar algunos de los pocos programas que se han puesto en marcha como el #XarxaLlibres. Se da el caso, además, de que los socialistas controlan la institución provincial de Valencia, pero el PP ha retenido el mando en Castellón y Alicante. Con esta última ha tenido sonoros enfrentamientos, como la ausencia en el consejo de administración del Puerto o la ayuda al banco de libros, a los que todavía no se ha adherido.

El anuncio de Puig no servirá para rebajar esta tensión, sino todo lo contrario. De hecho, el secretario general del PP alicantino y vicepresidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ve detrás de este cambio legislativo «querer eliminar a la provincia». Y le quiso lanzar una advertencia en toda regla: «No vamos a permitir que el Consell vacíe las arcas de la Diputación, que son las de los 141 municipios alicantinos, sólo porque no es capaz de gestionar absolutamente nada».

Dolón fue más allá y recurrió al viejo enfrentamiento provincial al acusar a Puig de querer «desnaturalizar a la provincia de Alicante». Y prosiguió: «La Diputación tiene que salvaguardar los intereses de los 141 municipios de la provincia de Alicante. Y ese objetivo no incluye en su hoja de ruta la pérdida de la identidad, de la autonomía y de la libertad de la institución» que le garantiza la Constitución Española.

El presidente no entró en el fondo económico, sino político, para argumentar este cambio. A su juicio, «no se sostienen cuatro niveles de la administración» y, por ello, propone que en una hipotética futura reforma constitucional «cada comunidad pueda definir su espacio territorial».

Para el jefe del Consell, las diputaciones, tal y como están concebidas ahora, «no tienen sentido en nuestro ordenamiento futuro» y cree que deben servir para «apoyar a los pequeños municipios y a la Generalitat».

En una alusión poco velada, Ximo Puig destacó que «no existe el gobierno provincial» (término que ha adoptado de la mano de César Sánchez la Diputación de Alicante), porque «los gobiernos surgen de las urnas» y advirtió del «déficit democrático» de las diputaciones. En las instituciones provinciales, la elección de representantes se hace de manera indirecta entre los concejales de cada comarca y estos, a su vez, eligen al presidente.

Reforma constitucional

«No es de recibo que permanezcan como cuestión sagrada instituciones que ya están superadas», manifestó. Para eliminarlas, sería necesario una profunda reforma de la Carta Magna, con referéndum incluido. Sería, en todo caso, un proceso muy a largo plazo, de ahí que Puig quiera modificar esta Ley de Coordinación para tener más control sobre las instituciones. Él mismo lo reconoció en su intervención en Les Corts: «En cualquier caso, en la actualidad tenemos que asumir que existen las diputaciones, por lo que hay que ver de qué forma hacemos más efectiva su labor».

Los socialistas gobernaron las diputaciones provinciales en los primeros años del actual periodo constitucional, hasta que el cambio político de mitad de los años 90 les despojó de mucho poder territorial. A partir de ahí, los populares se hicieron con el control de las instituciones, en algunos casos hasta la actualidad como en Castellón y Alicante.

Precisamente, el presidente denunció que, durante los 20 años del gobierno del PP en la Comunitat, las tres diputaciones provinciales «han estado muy ensuciadas y muy desacreditadas por la gestión» popular, y criticó prácticas de «clientelismo», como puedan ser el reparto de subvenciones a municipios pequeños.

Aunque considera que actualmente en las diputaciones ha habido «avances», hizo hincapié en que hay que «ir mucho más allá y conseguir que, finalmente, todas las instituciones valencianas caminen juntas».

Ximo Puig hizo este anuncio en contestación a una pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri. Este grupo, Podemos y Ciudadanos están a favor de eliminar las diputaciones por ser administraciones «opacas, poco democráticas» en las que ha habido «clientelismo y casos de corrupción».

Ferri también destacó que la Diputación de Alicante está actualmente en manos del PP, con el apoyo de Ciudadanos porque «el presidente le garantizó todos los asesores que quería». Asimismo, manifestó que el diputado provincial de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, se llevará «un sobresueldo de 2.000 euros» por su asistencia a organismos autónomos.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en Les Corts, Emigdio Tormo, reiteró la intención de su grupo de querer «suprimir las diputaciones provinciales», pero, consciente de su dificultad, apuesta por el momento por «eliminar la grasa y dejar el músculo».

En respuesta a las críticas de Compromís respecto a los nombramientos de C's en la corporación provincial, Tormo incidió en que el único diputado provincial de la formación, Fernando Sepulcre, «está en todos los organismos posibles para poder ejercer un control mayor y más efectivo de la institución». En cuanto a la reducción de sueldos que promueve Compromís y que se hará en 2016 en Alicante, «Sepulcre fue el primero en proponerlo, pero depende de un decreto de Presidencia».