Consumidores reclaman más control de los ayuntamientos a las ferias tras el accidente de Alcoi
Algunos empresarios también denuncian la «faltan de mecanismos para hacer cumplir la ley»
P.S.
Alcoi
Martes, 26 de abril 2022
Accidentes como el ocurrido en una pequeña montaña rusa en Alcoi la pasada semana, o el letal castillo inflable de principios de año en Mislata, han reabierto el debate sobre la seguridad en las atracciones de feria. El incidente de Alcoi a penas quedó en un susto para unos padres que vieron como el vagón de la atracción en la que montaban sus hijos se soltaba del resto del convoy. A pesar del sobresalto (y de las ligeras contusiones de los cuatro menores) la atracción volvía a entrar en funcionamiento el día posterior al accidente, todo ello después de ser sometida a una nueva revisión técnica y de que se subsanara la avería.
Se trata de un escenario muy distinto al de Mislata, con un balance de dos niñas fallecidas y una causa abierta por homicidio imprudente en la que están imputados los dueños del hinchable y el ingeniero que autorizó la instalación.
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“Los consumidores somos marionetas que dependemos de que la administración y los empresarios hagan bien su trabajo”. Son palabras de Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu), quien plantea dudas al respecto del cumplimiento de la legislación que regula este sector. “Legislación hay, ¿pero estamos seguros de que se cumple? ¿Los controles se pasan de manera exhaustiva? ¿Se inspeccionan de verdad todas las instalaciones?”. Preguntas que Moner considera necesario plantearse, ya que en el centro del debate está el público infantil, es decir, “usuarios especialmente vulnerables”.
"Antes de pedir una normativa más exigente, lo primero que hay que hacer es comprobar si se cumple la actual"
En la Comunitat Valenciana es la Ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos la que regula este tipo de instalaciones. Aunque la legislación es autonómica, los garantes de la seguridad en las atracciones son mayoritariamente las administraciones locales, que deben exigir, tanto la documentación a los feriantes, como que un ingeniero verifique si la instalación se ha hecho correctamente.
En ese sentido, el presidente de Cecu reparte la responsabilidad entre feriantes y administración pública. “Antes de pedir una normativa más exigente, lo primero que hay que hacer es comprobar si se cumple la actual. En caso de accidente, el responsable puede que no sea únicamente el empresario, sino también el ayuntamiento por no haber revisado completamente la seguridad”.
Esta opinión es compartida por la Asociación Española de Juegos Hinchables, un sector muy apegado a la actividad ferial. Su presidente, Tomás Tomás, considera que la legislación de este tipo de instalaciones es “clara, concisa y completa”, aunque, “desgraciadamente, hacen falta mecanismos para hacerla cumplir”.
Tomás pone el ejemplo del trágico suceso de Mislata, donde la investigación apunta a que el ingeniero que había de certificar in situ la correcta instalación del hinchable podría haber rubricado su firma a distancia. “Si trabajas conforme a la normativa, es muy difícil que surjan problemas”, apunta el empresario.
Responsabilidad de los ayuntamientos
A pesar de estas demandas, algunos empresarios aluden a los "estrictos" requerimientos que les piden desde la administración. “Hay ayuntamientos que incluso llegan a exigir más de la cuenta”. Así lo reconoce Juan Antonio Almazán, vicepresidente de la Asociación de Feriantes Industriales de Valencia, quien asegura que incluso se llega a verificar que la altura de los escalones de una atracción no supere determinados centímetros.
Almazán explica que todas las atracciones deben pasar una revisión anual, así como otra cada vez que se instalan y desinstalan. La revisión la suele realizar un ingeniero, ya sea del ayuntamiento o contratado a través de una empresa externa. Algunas administraciones locales también exigen una OCA, es decir, una inspección técnica a cargo de un Organismo de Control Autorizado, y que suele ser obligatoria en algunos casos. Sumado a ello, y entre otras cosas, los feriantes también están obligados a presentar la documentación relativa al seguro de responsabilidad civil, el alta en el régimen de autónomos, y el seguro de sus trabajadores.
Para Almazán, el cumplimiento de estos requisitos no es suficiente para evitar que se produzcan accidentes. “Es muy difícil, por no decir imposible”. En ese sentido, alude al percance que sufrió el pasado verano en Gandía junto a unos socios, cuando el fuerte viento les derribó de manera espectacular una noria de su propiedad. “¿Quién se iba a esperar algo así? Hay que saber distinguir entre accidentes y negligencias”.
Desde la Asociación Cultural Unión de Feriantes de Madrid añaden que los profesionales del sector "son los más interesados" en que no se produzca ningún percance, por lo que "siempre se extreman las precauciones". "Nuestra vida depende de ello; por una negligencia te pueden meter en la cárcel".