El Constitucional congela el dinero para el referéndum independentista

El Tribunal Constitucional ha suspendido esta mañana las partidas referidas al referéndum incluidas en el presupuesto de la Generalitat. Cuatro días después del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, los magistrados del alto tribunal, de manera anánime, han admitido a trámite la impugnación del Ejecutivo central. Se trata de la primera decisión del Constitucional tras su última renovación de un tercio de sus miembros y la elección de Juan José González Rivas como presidente del organismo de arbitraje.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha suspendido la disposición adicional 40 de los presupuestos, que instaba al Ejecutivo catalán a "habilitar las partidas necesarias para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña" y otras tres partidas que reservaban 5,8 millones para consultas y procesos electorales. La admisión supone la suspensión de dichas partidas durante al menos 5 meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.

El Constitucional, además, reunido de urgencia, ha advertido a Puigdemont y a los miembros del Gobierno catalán de las responsabilidades penales en que podrían incurrir si no acatan la suspensión y siguen adelante con los preparativos del referéndum.

La Generalitat ya avisó la semana pasada que el recurso del Gobierno no cambia nada y que seguirá con sus planes de celebrar el referéndum en el mes de septiembre. La Generalitat esperaba el recurso del Gobierno y por esa razón incluyó una partida oculta para el referéndum en el apartado de fondo de contingencia. Puigdemont afirmó además que las advertencias no cambian nada, pues ya acumula cuatro similares.

La respuesta de Junquras

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha reaccionado hoy a la suspensión cautelar del TC afirmando que "el Tribunal Constitucional no podrá suspender la libertad ni la democracia".

Así ha respondido Junqueras en Twitter a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra las partidas de los presupuestos catalanes para 2017 relativas a procesos y consultas populares y procesos de participación ciudadana.

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