Las Provincias

El Consell aún no ha dado a las religiosas el informe en el que se habla de malos tratos

Mónica Oltra. :: efe
Mónica Oltra. :: efe
  • Patronal y sindicatos de centros de menores defienden la atención de los menores tutelados y critican la «alarma e inquietud suscitadas»

¿Cómo defenderse de un informe que no se conoce? Es la pregunta que se hacen en el entorno de la congregación de las Hermanas Terciarias, en torno al informe de la inspección de Igualdad y Políticas Inclusivas en el que, según Mónica Oltra, se incluyen los indicios de maltrato a los menores del centro de Segorbe. Y es que, una semana después de conocerse los hechos por medios de comunicación -antes de la rueda de prensa de la vicepresidenta-, las gestoras del centro aún no han tenido acceso al citado documento.

LAS PROVINCIAS pidió ayer a la conselleria el informe, pero desde la administración se alegó la imposibilidad de hacerlo al tratarse de un documento cuya publicación no está permitida. El documento sí consta en manos de la Fiscalía de Castellón, que investiga los hechos.

Desde la congregación se resaltó ayer el impago de cuatro meses de los fondos de la conselleria al centro (como reconoció Oltra en rueda de prensa), por lo que las religiosas han tenido que pedir créditos para pagar las nóminas de los empleados. Las Hermanas Terciarias no entraron ayer en afirmar como cierta la cifra de 2.500 euros por niño de ayuda pagada por el Consell, alegada por Oltra, pero recordaron que había 18 internos y 17 empleados, por lo que la sufragación de cada interno incluía manutención y sueldo de un empleado.

La Asociación Patronal de Instituciones de Menores de la Comunitat, junto a la Federación Española de Asociaciones del Tercer Sector en el ámbito de la Protección a la Infancia, CC.OO. y UGT defendieron que los menores tutelados por la Generalitat «están atendidos, protegidos y cuidados». En un comunicado, las entidades lamentaron «la alarma e inquietud que se está suscitando en la opinión pública sobre la atención y protección a los menores».

Abogaron por corregir «allá donde la atención a los menores no haya sido adecuada» pero cargaron contra «poner en entredicho a todas las personas y entidades que colaboran para facilitar a los menores los mejores medios».

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