El Consejo de Ministros aprueba ayudas para las zonas castigadas

El Consejo de Ministros aprobó este viernes una partida de ayudas para compensar los daños causados por la lluvia y las inundaciones una vez que también ha declarado «zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil» a las regiones más afectadas por el temporal que afectó desde el 17 de diciembre a la Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y las provincias de Almería y Albacete.

El Ejecutivo acordó la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil y la concesión de ayudas para paliar los daños personales y materiales, incluyendo viviendas, enseres, negocios, producciones agrícolas y ganaderas y bienes municipales.

Las medidas, que se financiarán conforme a los previsto en la Ley General Presupuestaria, incluyen ayudas económicas para casos que van desde el fallecimiento de personas o una situación de incapacidad permanente sobrevenida a causa del temporal (18.000 euros en cada caso), hasta la destrucción o daños en enseres (por un importe máximo de 2.580 euros); o ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados por el temporal, por importes de hasta 8.500 euros.

También se contemplan también ayudas a personas físicas y jurídicas, a corporaciones locales y se incluye un apartado específico para ayudar a aquellos cuyas viviendas han sufrido daños, bien estructurales (hasta 10.320 euros o el 50%), a las comunidades de vecinos (hasta el 50% o 5.160 euros) o bienes de primera necesidad (2.580 euros). En caso de destrucción total, la medida incluye una ayuda máxima de 15.120 euros.

Además de las ayudas económicas, se incluyen también determinados beneficios fiscales, como la exención de las tasas a la hora de tramitar las bajas de vehículos y cuando se proceda a la expedición de los permisos de conducción o circulación, aunque se podrán conceder otras ayudas si las aprueban otros ministerios.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, puntualizó el texto aprobado por el Consejo de Ministros puntualiza que «teniendo en cuenta que los siniestros se han producido recientemente, aún no se han podido cuantificar de manera definitiva los daños producidos».

Las ayudas aprobadas ayer por el Gobierno central se une a la línea ya aprobada por la Generalitat Valenciana y que la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, explicó a los colectivos agrarios. La Administración autonómica rebajará ya de los módulos, trasladarán a los municipios la propuesta de IBI rústico en parcelas cultivadas, estudiarán acuerdos con bancos para que faciliten préstamos a los agricultores afectados y agilizarán las ayudas.

Recordó los 25 millones presupuestados para potenciar la suscripción de seguros por los agricultores mediante la subvención parcial del coste del seguro, mientras que el Estado «ha bajado su contribución». Al respecto, ha comentado que es «muy preocupante» el alto nivel de cultivos que está sin asegurar, se calcula que cerca del 50%. Además, se está estudiando para ampliar y actualizar las coberturas.

Al respecto, resaltó que la experiencia anterior permitirá agilizar la concesión de ayudas y que se resuelvan lo antes posible. El decreto de ayudas aprobado por el Consell da un plazo de 45 días a los ayuntamientos afectados para presentar sus estimaciones de daños.