La fiscalía no ve delito en la delegada del Gobierno por la falta de medios de policías

La Fiscalía de Valencia considera que no se puede atribuir la comisión de ningún delito a la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por la falta de medios de protección contra el coronavirus de los policías nacionales y guardias civiles. Se trata del primer pronunciamiento del ministerio público respecto a esta cuestión. El informe, elaborado por el fiscal encargado de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, ya adelanta la posición que el ministerio fiscal tendrá en asuntos de esta naturaleza. En este caso, se trataba de la denuncia contra la delegada del Gobierno, pero existe otro procedimiento similar contra el alcalde Joan Ribó por la falta de medios de la policía local. Las conclusiones de este exhaustivo análisis se extenderán también a la causa contra el primer edil.

La denuncia contra la delegada del Gobierno fue impulsada por un grupo de abogados de la Comunitat. En primer lugar, reflexiona el fiscal acerca de qué posición quieren ocupar los denunciantes que, en realidad no son perjudicados. El hecho de que propongan diligencias les haría estar como acusación popular y, por tanto, deberían prestar fianza. Pero existe la posibilidad de que pongan en conocimiento hechos aparentemente delictivos como notitia criminis. Es en este punto donde el fiscal aborda la posible naturaleza criminal de los hechos.

En primer lugar, el fiscal reprocha a los abogados «que sin ningún tipo de exposición razonada -más allá de recortes de prensa- denuncien a la delegada del Gobierno sin establecer la existencia de relación de causalidad entre la pandemia y la conducta de la misma. No se fija una posición de dominio sobre el coronavirus y que ella »no hiciera nada para evitarlo con dolo o imprudencia«.

El ministerio público razona que los hechos podrían aludir a un posible delito de peligro concreto, pero recuerda que este debe precisarse, circunstancia que no se cumple. «No se individualiza a personas o supuestos en los que los policías afronten un riesgo para su vida o integridad sino que se limita a indicar una falta de medios de forma genérica, sin concretar qué medios ni en qué situaciones». Además, el fiscal subraya, tras hacer un repaso de toda la legislación, que en situaciones como la que estamos viviendo la Directiva europea que regula las medidas de seguridad de los trabajadores hace una excepción para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «La realidad excepcional de un grave riesgo colectivo, como indica la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, obliga a dar prioridad absoluta al bien jurídico colectivo, sin perjuicio de poner todos los medios para la defensa de los derechos individuales de todos los trabajadores». Todo lo anterior, sin olvidar que la delegada del Gobierno no puede adoptar decisiones de manera autónoma sino que depende del Gobierno central.