Hasta 132 hectáreas en la Albufera no sembrarán el arroz por la basura de la dana

Afortunadamente, se trata de menos de un 1% del total de arrozales que se encuentran en la Albufera, los cuales ascienden a unas 14.000 hectáreas de campos de cultivo. Sin embargo, detrás de cada hectárea de terreno arrasado por la barrancada existen agricultores que viven de sembrar el arroz cada año para ganarse el pan. A este respecto, son 107 los arroceros afectados por los destrozos que han solicitado la ayuda del Ministerio de Agricultura para compensar el hecho de no poder hacer su trabajo durante este curso.

Las ayudas. Una herramienta al alcance de las instituciones para tratar de amortiguar el golpe cuando un colectivo se ve afectado por situaciones extraordinarias que impiden desarrollar su actividad con normalidad. O lo que es lo mismo. Si la dana arrasa el campo de un agricultor, -un hecho que se escapa de la responsabilidad del afectado- éste confía en que la gente que gobierna le facilitará una serie de partidas económicas para amortiguar la pérdida que supone tener el campo arrasado.

Un mes después de la riada, la conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca adelantó el pago de 3 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) en concepto de ayudas agroambientales para los arroceros. El objetivo era reducir el impacto inicial de la barrancada y ofrecer liquidez que ayude a afrontar la recuperación mientras se esperaba los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros. Posteriormente, el Consell publicó el 19 de febrero una nueva línea de ayudas de 5,3 millones de euros para productores de arroz. Cuantificaban en un poco más de 3.000 euros por hectárea y los agricultores podían llegar a recibir hasta 42.000 euros cada uno, si sus explotaciones sufrieron una pérdida potencial agrícola de al menos el 30%.

Sin embargo, estas ayudas no se repartieron todavía, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció también una partida de 3.000 euros por hectárea para los arroceros de la Albufera que no iban a poder sembrar durante la campaña de 2025. Según la conselleria, la ayuda anunciada y publicada en el BOE el pasado 8 de marzo, imposibilita que la Generalitat pueda llevar a cabo sus ayudas, puesto que la normativa impide superar una cantidad económica, que el Ministerio ha fijado en 3.000 euros por hectárea, y que ya va a cubrir con fondos propios.

En este sentido, desde la Generalitat critican que la forma de proceder del Ministerio evita que las ayudas sean complementarias, lo que obliga a los arroceros a escoger entre una u otra. «La ayuda que anunció el Gobierno y que se publicó en el BOE el pasado 8 de marzo fija unas pérdidas de 3.000 euros por hectárea en el arroz. La normativa europea estipula que no se pueden dar ayudas por encima de las pérdidas. Al fijar esa cantidad, y cubrirla con fondos estatales, el Ministerio impide que la Generalitat puede dar una ayuda», indican fuentes de la Generalitat.

En este sentido, el ministro Luis Planas acusó a la Generalitat de aparecer «una semana después con nuestras mismas medidas, pero en modo low cost», refiriéndose a las medidas de impacto contra los aranceles anunciados por Estados Unidos. tras esta acusación, Miguel Barrachina (conseller de Agircultura) contestó que «Las ayudas low cost de la Generalitat son el modelo que el Gobierno central no ha dudado en copiar». Barrachina hizo alusión a la problemática surgida con las ayudas a los arroceros: «el presidente Mazón anunció ayudas el pasado 19 de febrero y el ministro anunció exactamente lo mismo dos días después aprovechando la visita del comisario europeo de Agricultura Hansen».

Mientras tanto, existe un mínimo de 107 arroceros en la Albufera que no va a cultivar el arroz durante de la campaña de 2025 a causa de la basura que la dana arrastró hasta sus campos. Esos arroceros necesitan de las ayudas de todas las instituciones para minimizar el hecho de pasarse un año entero con cero producción, pero Gobierno central y Generalitat se dedican a lanzar acusaciones y zancadillearse el trabajo en lugar de trazar puentes para aplicar medidas coplementarias.