Más de 800 viviendas del parque público de la Generalitat están ocupadas ilegalmente

Bloque de viviendas en el barrio de Beteró, donde ha habido viviendas ocupadas./Irene Marsilla
Bloque de viviendas en el barrio de Beteró, donde ha habido viviendas ocupadas. / Irene Marsilla

La conselleria ha iniciado 236 procesos para regularizar la presencia de los inquilinos si se encuentran en situación de vulnerabilidad social

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Hace una semana la Conselleria de Obras Públicas anunciaba la reactivación de ocho promociones de vivienda pública paralizadas en la anterior legislatura gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Fomento para aportar fondos. Entre esos edificios, dos de Ciutat Vella habían estado ocupados ilegalmente hasta hace un año, lo que provocó que incluso el departamento de María José Salvador tuviese que contratar vigilancia privada para evitar los accesos.

Actualmente, más de 800 viviendas del parque público de la Generalitat se encuentran en esa situación, es decir, ocupadas de forma ilegal, una cifra que ha aumentado en los últimos años a pesar de las medidas que se han adoptado para intentar frenar la situación, como la vigilancia o la negociación con los inquilinos que han accedido a los pisos y se encuentran en situación de vulnerabilidad.

LAS CIFRAS

2.130
pisos ocupados del parque de vivienda social de la Comunitat (tanto Generalitat como ayuntamientos) detectó el Síndic de Greuges en un informe de 2017 sobre esta materia.
61
casas sociales tienen inquilinos sin contrato en Valencia.
503
viviendas en esta situación en toda la provincia de Alicante.

En concreto, hay 837 viviendas ocupadas, de las que 613 lo estaban antes de julio de 2015 (es decir, de forma previa al inicio de la actual legislatura) y otras 224 a partir de ese mes y hasta el 11 de diciembre de 2018. Así consta en las respuestas parlamentarias que la propia conselleria ha facilitado al grupo popular en Les Corts a petición de la diputada Elisa Díaz.

De esa cifra, 291 se encuentran en la provincia de Valencia, 43 en la de Castellón y 503 en la de Alicante, que es la que cuenta con mayor número de viviendas sociales con inquilinos que no tienen ningún tipo de relación contractual con la conselleria. De hecho, según resalta Díaz, Alicante ciudad tiene casi tantos pisos ocupados (249) como toda la provincia de Valencia. Elche y Paterna son otros dos municipios con gran número de casas en situación irregular, con 111 y 112, respectivamente, según el documento.

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Respecto a esta situación, la consellera Salvador explica en el escrito que hay viviendas «se recuperan y, en muchas ocasiones, han de ser reparadas por lo que se van incorporando paulatinamente a la relación de viviendas que se han de acoger a un contrato marco de reparación».

Es el otro problema al que se tiene que enfrentar la Generalitat cuando consigue expulsar a los residentes ilegales en caso de que se recurra a la vía judicial (medio centenar de casas estaban en esa situación en el primer semestre del año): los desperfectos que sufren muchos de los pisos. Es lo que sucedió en la calle Teixidors, aunque en este caso el inmueble pertenece a la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) y, por tanto, eran VPO y no pisos sociales.

En el informe entregado al PP en Les Corts, la conselleria también refleja que están «aprobadas o en trámite» 236 regularizaciones, que es el procedimiento (vía resolución) que fijó la conselleria para permitir la continuidad de las familias sin recursos en estas casas siempre que cumplieran una serie de requisitos, como acreditar la situación de vulnerabilidad o asumir el pago del alquiler y los gastos de comunidad, además de tener buena convivencia vecinal y arraigo en el barrio.

Fuentes de la conselleria explicaron que se aplicar una política de «tolerancia cero contra las nuevas ocupaciones ilegales ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad y generan importantes conflictos en los grupos de vivienda social».

No obstante, indicaron, «no se podía seguir ignorando la situación de las familias que en legislaturas anteriores convirtieron las viviendas públicas abandonadas en su hogar», de ahí los intentos por regularizar los casos que cumplan los requisitos de carácter social.

Reducir el alquiler o modificar el régimen de uso, entre las medidas para las VPO

Junto a las regularizaciones de las viviendas ocupadas de forma ilegal, la Conselleria de Obras Públicas ha puesto en marcha una serie de actuaciones para aumentar las cifras de inquilinos en las VPO, donde actualmente hay un 75% en alquiler al arrendar 385 que estaban vacías. Entre las medidas, figuran el Plan de Alquiler Asequible, que reduce las rentas de alquiler según las circunstancias económicas y sociales de cada familia; acciones de difusión con los ayuntamientos; o la modificación del régimen de uso de las VPO para que puedan ofrecerse en venta, alquiler o alquiler con opción a compra.Según datos de la conselleria, se han invertido 25,4 millones en mejoras en el parque público de vivienda y se han adjudicado 1.340 (837 viviendas sociales y 503 protegidas) en lo que va de legislatura. Unas cifras que para el PP son «irreales». En este sentido, la diputada en Les Corts Elisa Díaz criticó que la consellera María José Salvador «maquille» las cifras de rehabilitación de viviendas y se incluyan las reparaciones de los problemas menores y diarios (una puerta, un grifo, etc.) para que «salgan más de un millar de viviendas cuando probablemente no hayan actuado ni en las 500 que decían que iban a rehabilitar anualmente».La diputada también criticó el baile de cifras en el apartado de casas vacías y la falta de políticas efectivas en esta materia. «Se limitan a decir las que aún no están disponibles y acogidas a un contrato marco de reparación de viviendas, que son 292», explicó y así recoge la respuesta parlamentaria. Según Díaz, «en una contestación anterior reconocieron 700 pisos vacíos».«Tras tres años de este Consell que decía que las políticas de vivienda eran una prioridad, han demostrado que no han hecho nada», señaló la diputado popular.

 

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