Ribó aprueba en 2022 el gasto de 136 millones sin fiscalización previa, el doble que el año anterior
Ciudadanos denuncia el «desprecio del alcalde» por los mecanismos de control financiero
Se desgañitaba hace años el entonces concejal de Hacienda, el añorado Ramón Vilar, en el pleno del Ayuntamiento pidiendo a sus compañeros concejales que redujeran ... el número de contratos menores, que había que ser cuidadosos con las cosas públicas del dinero. Su mensaje, el de alguien querido a ambos lados del hemiciclo, ha caído en saco roto, o eso parece a tenor del informe anual de las resoluciones del alcalde respecto a las omisiones del trámite de fiscalización previa detectadas por Intervención General. Bajo este arcano nombre se esconde un extenso documento en el que se apuntan todos los contratos que no fueron fiscalizados por los altos funcionarios de la casa: en total, 584 en todo 2022, con un valor total de poco más de 136 millones de euros, el doble que en 2021.
Estos 136 millones se dividen en 132 millones correspondientes a acuerdos de la Junta de Gobierno Local y poco más de 3,3 millones correspondientes a acuerdos adoptados en el pleno sobre reconocimientos extrajudiciales de crédito. Preguntada la concejalía de Hacienda, dijeron este miércoles que desconocían a qué contratos pertenecía este dinero, aunque apuntaron que probablemente se referían a servicios urgentes que no podían permitirse pasar por el trámite previo, más lento.
En 2020 se tramitaron 705 expedientes, por un importe de 38.112.140 euros, con omisión de fiscalización previa, mientras que en 2021 fueron 474 expedientes, por un importe total de 65.242.955,28 euros, según los informes de Intervención de años anteriores a los que ha tenido acceso este diario.
«Es una desfachatez»
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha calificado de «desfachatez» la gestión del gobierno de Ribó al frente de los fondos municipales. «En pocas palabras, el gobierno de Ribó ha promovido 136 millones de gasto público sin haber pasado por los mecanismos básicos de control», ha explicado al respecto.
En este sentido, ha detallado que la cantidad de dinero duplica la del año 2021, cuando los acuerdos adoptados sin el control previo de la Intervención municipal superó los 65 millones de euros. «Es una absoluta vergüenza que el equipo de gobierno gestione el dinero de todos los valencianos sin pasar por los mecanismos más básicos de control y fiscalización, unos mecanismos a los que por cierto está obligado legalmente. No sé a qué juegan PSPV y Compromís, pero lo que ha quedado claro es que se saltan la ley con el dinero de los valencianos y han generado un absoluto caos en la gestión», ha lamentado.
Además, Giner ha recordado que este «no es el único ejemplo» de una cuestionable gestión de los fondos públicos. «Solo hay que ver la querencia de este equipo de gobierno por los contratos menores, que tienen mecanismos de control y fiscalización mucho más laxos que otros procesos de contratación pública. Solo en 2022, el 80% de los procesos de contratación del Ayuntamiento de Valencia fueron por esta vía, una marca muy superior a la de otros Ayuntamientos como el de Barcelona, Zaragoza o Málaga», ha detallado.
«Pero el problema no son los contratos menores, es que el 30% de ellos incurrieron en fraccionamiento de contratos. Es decir, que se trocearon contratos más grandes en otros más pequeños para sortear así los rígidos mecanismos de control. Y esto no lo digo yo, lo dice el informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda», ha indicado. Además, ha detallado que las cifras de 2021 «fueron incluso más alarmantes», con un 47%. «Por lo tanto, podemos constatar el desprecio del gobierno de Ribó por la fiscalización en su gestión de los fondos públicos», ha finalizado.
Conviene recordar, en este sentido, que tanto Intervención como y el Síndic de Greuges han afeado en varias ocasiones al Consistorio el uso de contratos menores por cuanto es una forma de contratación que no permite una libre concurrencia. Es más ágil que hacer un concurso, sí, pero también menos transparente porque la administración elige a dedo una empresa, o tres a las que pide presupuesto, para que realice el servicio que necesita. En caso de que pida presupuesto a tres, elige una de ellas.
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