Plan Cabanyal ofrece al Ayuntamiento de Valencia cuatro viviendas con ocupaciones ilegales
Catalá critica el «fracaso» del gobierno municipal en la recuperación del parque público del barrio
La empresa pública Plan Cabanyal, propiedad de la Generalitat y el Ayuntamiento, ha intentado vender cuatro pisos con ocupas para que el Ayuntamiento ... las saque a oferta para alquiler social. Finalmente, se ha desestimado la adquisición al descubrirse que estaban ocupadas ilegalmente.
En una resolución del Ayuntamiento se «desestima la compra de las viviendas sitas en la calle San Pedro, números 27 y 29», ofrecidas por la empresa pública el 14 de julio. En el documento se explica que «están ocupadas, incumpliendo el requisito establecido en el pliego del concurso que establece, entre otros requisitos, que «las viviendas estarán libres de personas arrendatarias, ocupantes o precaristas.»
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, señaló tras conocer esto que es un «ejemplo claro del problema de la ocupación ilegal que existe en la ciudad de Valencia, y que Compromís y el PSPV niegan una y otra vez». Recordó que en el Cabanyal el 80% de las viviendas municipales están vacías y el 10% ocupadas irregularmente y «aquí nadie hace nada».
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«La izquierda venía a salvar el Cabanyal y no ha hecho nada. Todo lo contrario. Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento tienen una actitud permisiva hacia la ocupación irregular. ¿Cómo pueden ofrecer viviendas ocupadas sin hacer nada para que esa gente las abandone?», afirmó, para alertar de que la lista de espera para una vivienda social ha aumentado un 73% en los últimos dos años.
«Hay más de 2.500 personas esperando poder acceder a una vivienda social en Valencia y lo único que hace la izquierda es reconocer que hay ocupaciones ilegales pero sin hacer nada para acabar con el problema y poner a disposición esas viviendas para la gente que lo está esperando.»
La portavoz del PP aseguró que desde que «la izquierda gobierna se han multiplicado por 3 las ocupaciones ilegales, pasando de 323 a 960 en 2021 en la provincia de Valencia. Volvemos a pedir el desalojo inmediato, darles de baja del padrón, crear una oficina Antiokupas, y devolver el IBI a los propietarios que la sufren».
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