Patrimonio abre la puerta a ceder a los vecinos las viviendas de la Lonja de Pescadores del Cabanyal tras años de conflicto

Este primer encuentro se produce después de que el Tribunal Supremo dictase el pasado mes de abril una sentencia firme, en la que inadmitió un recurso de casación presentado por la Marina Auxiliante y, por tanto, se consolidara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) de 2023 que dio la razón al Consistorio sobre el hecho de que la concesión a la Marina Auxiliante de este edificio había caducado.

El concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, y la edil de Responsabilidad Patrimonial, Cecilia Herrero, han visitado el edificio que es Bien de Relevancia Local (BRL) y se han reunido con la directiva de la Marina Auxiliante para retomar las conversaciones, después de que la vía judicial haya concluido.

Badenas ha informado a los representantes de este colectivo la intención de abrir la puerta a la negociación para que los vecinos de las 40 casitas que forman parte de la Lonja de Pescadores puedan seguir residiendo en este edificio con algún título habilitante.

De hecho, el concejal de Patrimonio ha indicado que encargará un estudio «a un experto, a un catedrático de Derecho Civil, para que haga un dictamen independiente para ver si es viable encontrar una solución jurídica si lo que se quiere es que por parte del gobierno municipal se convierten en ocupantes legales de la vivienda, es decir, en poseedores de un título para seguir en las casas o como propietarios o ver si es factible un arrendamiento con opción a compra y también ver la viabilidad de crear una comunidad horizontal».

El encargo de este estudio se realizará en breve y el objetivo es ver si hay una manera legal de acreditar que son moradores con título habilitante o propietarios. Badenas ha explicado este miércoles que «esa es la opción que quiero defender y, con el resultado del informe, se elevará a la Junta de Gobierno, porque no es una decisión exclusivamente mía, tiene que ir a la Junta de Gobierno y demostrar que es garantista, ya que hay vecinos que históricamente viven ahí toda la vida y ha pasado a sus descendientes».

Y es que cabe recordar que la concesión del edificio a la Marina Auxiliante por parte del rey Alfonso XII se remonta a 1907 y, según como se recoge en la sentencia, expiró en 2007.

Como explica el presidente de la Marina Auxiliante, Carlos Oliver, «nosotros siempre habíamos abogado por llegar a acuerdos sin tener que recurrir a la Justicia, pero en 2016 el gobierno de La Nau (Compromís, PSPV y Podemos) nos reclamó las llaves y decían que la concesión había terminado. Al final, nos tocó ir a juicio y primero, en 2018, hubo una sentencia del Contencioso-Administrativo número 3 que nos reconoció que la concesión no tenía caducidad, como recurrieron, siguió el proceso judicial y la última sentencia recoge que sí ha caducado la concesión».

Con este proceso judicial cerrado, desde la Marina Auxiliante afirman que «lo que siempre hemos querido es llegar a acuerdos y dar seguridad a los vecinos y que puedan seguir en las casas». Detalla que en la época, «como el concesionario era la Marina Auxiliante se hicieron unos contratos privados con los moradores de las casas, que eran descendientes de los patrones de barcas, para tener la propiedad del vuelo de casa. Se hizo con el documento que se conoce como hijuelas».

Angustiado recuerda que en los últimos años de Rita Barberá, «cuando defendían la prolongación de Blasco Ibáñez, no contemplaban mantener la Lonja de Pescadores en su ubicación». Es más, el entonces vicealcalde Alfonso Grau habló de trasladar el edificio, ladrillo a ladrillo, a una ubicación cercana, puesto que en la zona iba una gran rotonda.

Durante el gobierno de La Nau, con Joan Ribó como alcalde y la entonces edil María Oliver (Podemos) al frente de Patrimonio, se quería dar por terminada la concesión y recuperar la propiedad para convertir el edificio en una subsede del museo del mar que se está creando en el edificio vecino de la Casa dels Bous.

Y en la segunda legislatura de Ribó (con gobierno de Compromís y PSPV) tampoco se avanzó en el tema porque seguía abierto el proceso judicial. Entonces, se llegó a hacer un estudio, a través de la Universitat Politècnica, para rehabilitar el edificio, se dijo entonces que se contaba con más de medio millón de euros para dicho fin, e incluso el arquitecto Tito Llopis, de Vetges tu i Mediterrànea SLP, redactó un proyecto de ejecución, pero todavía no se ha hecho efectivo.

 

En estos años los vecinos no entendían por qué sí se estaban llegando a acuerdos con vecinos de casas afectadas de la misma calle Eugenia Viñes, para que el Ayuntamiento les vendiera el suelo de las casas, y no se podía hacer lo mismo en la Lonja de Pescadores.

Los afectados, después de tratar de poner fin a la incertidumbre que viven desde hace décadas con gobiernos locales diferentes que optaron por propuestas tan diferentes como derribar y trasladar el edificio para hacer una rotonda o quedarse con la propiedad para hacer una subsede de un museo, ahora quieren ver si las conversaciones iniciadas este mismo miércoles suponen un cambio en la hoja de ruta.