El pago de siete millones en expropiaciones ralentiza las obras de la V-21

Los trabajos se realizan a la altura de Port Saplaya. / jesús signes
Los trabajos se realizan a la altura de Port Saplaya. / jesús signes

Fomento todavía tramita la modificación del proyecto para reducir la afección en la huerta, por lo que sólo hay trabajos en terrenos del ministerio

ISABEL DOMINGO

Las obras de ampliación del tercer carril de la V-21 entre Port Saplaya (Alboraya) y Valencia van camino de convertirse en un culebrón. A las protestas que generó el proyecto cuando se licitó en agosto de 2017 y a la dilatación del proceso administrativo (la formalización de la adjudicación no se realizó hasta junio de 2018), se suman ahora los problemas con los terrenos destinados a la actuación.

Por un lado, el Ministerio de Fomento sigue trabajando en una modificación del contrato para reducir la afección sobre la huerta, según confirmaron fuentes del departamento de José Luis Ábalos. Por otro, ese proceso permitirá aclarar el pago de los terrenos que deben expropiarse para ejecutar el tercer carril. Una situación que ha provocado que las obras vayan a ralentí y que, según la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, el plazo de finalización pueda prolongarse más allá de los 20 meses previstos.

El principal problema radica en el elevado coste de las expropiaciones de los 80.000 metros cuadrados inicialmente contemplados en el proyecto, ya que ascienden a 7,2 millones. Porque el Jurado Provincial de Expropiación ha fijado 74.800 euros por hanegada frente a, por ejemplo, los 12.465 euros que se abonaron por la anterior obra en la V-21 (el tercer carril entre Puçol y Alboraya inaugurado en 2014), lo que representa un aumento del 500%.

Una cifra que prácticamente representa la mitad del coste total de las obras, que asciende a 16,21 millones (sin IVA). De ahí que el modificado que plantea Fomento para «recoger el sentir de la Generalitat y de los ayuntamientos afectados», según dijo en noviembre el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo, sirva también para reducir el desembolso al que tendrá que hacer frente el Gobierno.

Al no estar resuelto todavía el asunto de las expropiaciones las obras únicamente pueden realizarse en la mediana a la altura de Port Saplaya, de donde se sacará un tercer carril por cada sentido. En concreto a lo largo de un kilómetro, ya que son terrenos del ministerio. Es donde actualmente hay máquinas.

Eso a pesar de que los trabajos arrancaron oficialmente en octubre. Pero no fue hasta noviembre cuando se redactó un acta de inicio parcial de obra para ese kilómetro ya que desde junio existía un acta negativa de comprobación del replanteo (el trámite formal de comienzo del contrato de obras) al no contar Fomento con los terrenos para realizar los trabajos.

«Después de más de dos años de tramitación es inaudita la situación de inseguridad jurídica en que se encuentra el proyecto de la V-21», lamentó el director de los contratistas, Manuel Miñés, quien recuerda que la obra es «prioritaria para la movilidad en los accesos a Valencia».

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