Más okupas en Bloque Portuarios

Bloque de Portuarios del Cabanyal, próximo a la calle Doctor Lluch y Eugenia Viñes. / jesús signes
Bloque de Portuarios del Cabanyal, próximo a la calle Doctor Lluch y Eugenia Viñes. / jesús signes

Los vecinos piden que se desatasquen las obras de nuevos pisos | Los residentes lamentan que la falta de un planeamiento municipal en el barrio impida la tramitación de los edificios prometidos

LOLA SORIANOVALENCIA.

El Bloque Portuarios del Cabanyal sigue teniendo un efecto llamada para los okupas que se apropian de los pisos. De hecho, los residentes en las inmediaciones aseguran que en estas fechas la situación está empeorando porque «están llegando okupas que vienen de veraneo. Es decir, personas que tienen familia en algunas de las casas ocupadas y vienen a pasar la temporada estival», explica una vecina.

Algunos residentes en esta zona explican que «estos okupas de paso alargan las vacaciones porque están hasta septiembre o hasta octubre».

Por contra, algunos de los propietarios de estos pisos afirman que no se atreven a marcharse de veraneo «porque nos da miedo irnos al pueblo a pasar unos días y que a la vuelta nos encontremos la casa con gente dentro». Incluso alguno afirma que si alguna vez decide hacer una pequeña escapada «no paso más de dos días y me toca llevarme detrás la escritura porque si la dejo guardada entre mis pertenencias y me entran okupas, luego a ver cómo demuestro que soy el propietario».

Los vecinos piden a las administraciones que mientras se va trabajando en el proyecto de construcción de los edificios nuevos que sustituirán al actual Bloque de Portuarios, «es necesario que actúen y desalojen a las personas que están de forma ilegal. No pueden dejarnos con el problema y mirar hacia otro lado». Otro vecino indica que «lo que no puede ser es que permitan que ocupen casas porque hay total impunidad y es un efecto llamada».

Esta ocupación ilegal se traduce en problemas de convivencia. En los rellanos es habitual encontrar carros de la compra, neveras como chatarra o bombonas de butano «y los ascensores llevan décadas sin funcionar», indican los afectados.

Es algo habitual que las noches se conviertan en una fiesta continúa. «Abren las puertas de coches y ponen la música a todo volumen», indica un residente. Otro vecino que vive en calles próximas detalla que «no podemos dormir hasta que les apetece acostarse, a veces son las 3, las 4 o las 5 de la madrugada».

Añaden que hay días que «se ponen a hacer barbacoas y nadie les dice que pueden usar la calle como una prolongación de sus casas».

Los residentes aseguran que están desesperados y recuerdan que el proyecto que les anunciaron de construir nuevos bloques de viviendas para derribar los actuales, algunos de ellos con problemas estructurales, está parado. «Hace más de medio año que no nos reúnen para hablarnos de plazos», recuerdan.

El problema es que las obras no pueden comenzar si primero no hay un planeamiento, tal como es obligatorio para acogerse a las ayudas del plan de Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) y no se prevé que se haga a corto plazo.

Cabe recordar que una vez estén hechas las nuevas edificaciones, los propietarios que pasen a las nuevas viviendas no podrán venderlas durante los diez primeros años, por tratarse de casas financiadas con ayudas públicas. En la reunión que tuvieron hace meses, se les informó que en el caso de no vayan a destinar la nueva casa a vivienda habitual, durante los primeros cinco años tendrían que ser para alquiler de larga duración, con el fin de que no se quede cerrada y para evitar que se destinen a apartamentos turísticos, pero pasado ese lustro, ya podrían mantenerla sin uso o para alquiler vacacional, pero no venderla.

El calvario que describen los residentes en esta zona próxima a la playa contrasta con los datos de las administraciones. Aseguran que hay menos ocupación y afirman que de los 168 pisos existentes, hay 56 casas con moradores ilegales. Se trata de 18 pisos de Plan del Cabanyal (uno de ellos a la espera de una resolución en el juzgado); 3 del Ayuntamiento y 13 de la Generalitat y 22 privados.