La okupación se desploma en Valencia: de casi 500 edificios okupados en 2023, a 84 en 2025

Catalá ha indicado que la oficina «nace, precisamente, de la realidad que vivimos en muchos de nuestros barrios, y de la necesidad de dar respuesta a la preocupación ciudadana ante el fenómeno de la ocupación». La nueva oficina impulsada por el gobierno municipal está integrada dentro de la estructura de la Policía Local. Acompañada por el concejal delegado de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, y por el comisario principal jefe de la Policía Local de Valencia, Ángel Albendín, la alcaldesa ha asegurado que «la ocupación ilegal de viviendas es un problema que, desgraciadamente, está ganando terreno en las ciudades y que está generando una preocupación creciente entre la ciudadanía».

Durante su intervención en las jornadas de formación la alcaldesa ha apuntado que «se está realizando desde el principio de la legislatura un buen trabajo. Comenzamos trabajando en el año 2023 en 474 puntos complejos que tenían ocupaciones. Algunos muy significativos, por ejemplo, uno en Orriols que generaba mucha inquietud y que era una propiedad completa». Gracias al trabajo policial constante ahora se está centrado y focalizado en 84 puntos, sobre todo en Orriols y el Cabanyal. «Durante los últimos dos años hemos trabajado en la intervención policial generando un impacto de reducción del 58% de los puntos conflictivos, los puntos difíciles de ocupación que tenemos en la ciudad de Valencia», ha apuntado la alcaldesa.

En este sentido la alcaldesa ha añadido que ahora hay en marcha una segunda fase, la de formación e información a la ciudadanía «convertirnos, como sabéis, en elementos de información, de prevención, de asesoramiento para vecinos y comunidad de propietarios. Por eso, la oficina que hemos puesto en marcha en la Policía Local, que está totalmente centralizada, y está informando a comunidades de propietarios, media en las situaciones de complejidad donde puede haber aparecido una ocupación y sigue trabajando, este es el tercer pilar, de forma coordinada con los servicios sociales municipales en atender determinadas situaciones delicadas a través de los servicios públicos existentes».

Según ha revelado durante su intervención la alcaldesa, el barómetro municipal refleja que hay cerca de 10.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia que no salen al mercado del alquiler por miedo a la inquiocupación, «por lo que había que abordar esta cuestión para intentar que salgan al mercado de la vivienda más propiedades, generando esas garantías sobre el propietario, esa seguridad y ese elemento de tranquilidad que le puede dar el tener a la Administración detrás», ha asegurado Catalá. La oficina, sin embargo, no trata esta cuestión, que ha de dirimirse en tribunales de justicia ordinaria. La oficina se dedica a mediar para buscar una alternativa habitacional a los okupas. Si no la consiguen, se ponen en contacto con los propietarios del piso para pedirles que interpongan una denuncia.

Catalá ha asegurado que, al contrario de lo que se asume a menudo «por parte de la opinión pública y determinados ámbitos de la esfera política, de que estas propiedades ocupadas pertenecen a grandes fondos o entidades bancarias, la realidad que hemos contrastado es bien distinta». Según la alcaldesa, «muchas de estas viviendas son de pequeños propietarios, de personas mayores, autónomos o de familias que han confiado sus ahorros a una segunda vivienda y que, cuando sufren una ocupación, quedan en una situación de desamparo absoluto, sin recursos, sin apoyo y sin respuestas».

Por eso, la Oficina Antiocupación de Valencia «llega en un momento oportuno para ofrecer respuestas rápidas y alternativas eficaces antes de llegar a los tribunales». Para la alcaldesa, la nueva oficina municipal extenderá su ámbito de actuación en tres líneas: En primer lugar, informar y orientar. En segundo lugar, prevenir y mediar. Y, finalmente, asistir y ayudar en los casos «donde existe una necesidad real de vivienda, casos que serán atendidos por los Servicios Sociales Municipales», ha dicho. «Esta oficina no nace con un carácter punitivo, sino con un enfoque equilibrado y social», ha insistido la primera edil.

El pasado mes de abril la alcaldesa presidió una reunión con las distintas delegaciones municipales implicadas en la lucha contra la ocupación ilegal, en la que se acabó de perfilar el carácter, funciones y recursos de la nueva Oficina Municipal Antiocupación. Esta nueva dotación fue impulsada de manera urgente por el Ayuntamiento de Valencia a través de la moción aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado 28 de marzo. Para dar salida a las inquietudes, denuncias y demandas de la ciudadanía, se ha habilitado una dirección electrónica y un número de teléfono en la Oficina, que estarán dedicado específicamente a estos asuntos: ocupado.viviendas@valencia.es y 962081111.

Desde el grupo municipal Compromís, el concejal Ferran Puchades ha registrado varias preguntas formales en la Comisión de Seguridad Ciudadana, exigiendo explicaciones sobre la composición y funciones reales de esta oficina, así como sobre su utilidad práctica. El equipo de gobierno, hasta ahora, «ha sido incapaz de detallar qué personal la integra, con qué funciones concretas y qué aporta realmente la Policía Local en un ámbito que no es de su competencia», tal como ha indicado Compromís en un comunicado.

Tal como recogen las propias instrucciones de la Fiscalía General del Estado, y los criterios de la Fiscalía Provincial de Valencia, la persecución de los delitos de usurpación y ocupación de viviendas corresponde a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los órganos judiciales, no a los cuerpos de policía local. Las víctimas de estos delitos, además, ya cuentan con canales de asistencia públicos a través de las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito de la Conselleria de Justicia.

«El PP pretende hacer creer que la Policía Local puede actuar donde no le corresponde. Eso no solo es desinformar, sino también duplicar recursos públicos de manera ineficiente, generando confusión en la ciudadanía», ha denunciado el concejal Ferran Puchades. Desde Compromís aseguran que la Oficina Antiokupación se ha convertido en una cortina de humo mediática, una respuesta populista a un problema social complejo, que merece rigor, datos y políticas públicas serias de acceso a la vivienda, en las que Catalá está fallando. Para los valencianistas, las escenificaciones sin recorrido legal sobran.

Compromís ha exigido al gobierno municipal transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Y, especialmente, que se deje de utilizar el miedo y la inseguridad como instrumento de confrontación partidista.