La Autoridad Portuaria licitará de nuevo los locales de los dos restaurantes con cese de actividad de la Marina de Valencia

En los otros dos locales que no se cederán a Asindown, concretamente los módulos C-2 y C-3, tal como ha explicado el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, se «va a iniciar el proceso de regresión a la Autoridad Portuaria de Valencia».

Según Caballero, «se revertirá la titularidad a la Autoridad Portuaria y será el Puerto el que deberá licitarlos de nuevo«. Eso sí, como ya avanzó Catalá al inicio de esta semana las dos administraciones trabajarán conjuntamente para decidir el futuro uso. En las nuevas licitaciones se tendrá que estudiar los usos en función de lo marcado en el Plan Especial de la Marina, que podrían ser, por ejemplo, para restaurantes, tiendas o comercios.

Desde la Autoridad Portuaria indican que a fecha de hoy no hay una decisión tomada de los usos futuros, pero añaden que «todo lo que se haga se hará a través del procedimiento que contempla la Ley de Puertos, y será a través de concursos».

En cuanto al proyecto que impulsa la fundación Asindown con la escuela de hosteleria para personas con discapacidad ya en un local de nombre 'La mare que va' y que ahora se ampliará a los otros dos que quedarán vacíos este mes, Caballero ha indicado que «una vez se acabe la tramitación administrativa de cesión, ya podrán empezar las obras de adecuación o reforma de espacios que tengan previstas».

A la pregunta de si pueden seguir abiertos al público los cuatro locales, el portavoz del gobierno local es claro: «Ya no pueden seguir desarrollando la actividad en los locales del puerto. Tienen un cese de actividad y la Policía Local ya se personó en los restaurantes», una actuación que ya publicó LAS PROVINCIAS.

Como ha indicado Caballero, «no van a poder seguir desarrollando la actividad y lo mejor es que cuanto antes se arregle la situación. Se trata de cumplir con los compromisos que se fijaron en la concesión». E incluso ha remarcado que «no tienen cobertura para seguir abiertos».

Sobre la cuestión de por qué dos de los locales que han terminado la prórroga sí los cede el Ayuntamiento de Valencia y los otros dos se revierten a la Autoridad Portuaria, la explicación es la siguiente: tal como se recoge en la documentación del acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno, con anterioridad sí se permitía al Ayuntamiento de Valencia de forma excepcional licitar la explotación por terceros de los locales porque el Consistorio, como parte del Consorcio Valencia 2007, y el dinero que recibía por el canon anual se empleaba para pagar el crédito ICO, pero como esa deuda se resolvió, ya no es factible.

También se hace mención a un informe de la Abogacía del Estado emitido el 19 de octubre de 2022 donde se hablaba de los fines a los que se podían destinar los espacios cedidos al Ayuntamiento y se recuerda que tienen que «ser para utilidad pública o interés social», no lucrativa e incluso se cita un convenio de 1997 entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria donde se dejaba claro que la cesión que se hizo en el momento al Consistorio de bienes de dominio público portuario desafectado fue de forma gratuita.

En concreto se argumenta que el «fin de utilidad pública e interés social excluye que el destino que haya de darse a los bienes sea el mismo que les dio el Consorcio Valencia 2007», que fue hacer concesiones de los espacios a terceros para recaudar dinero para poder reintegrar el citado crédito ICO.

Se insiste en el documento que tampoco entra en el concepto de utilidad pública o interés social el «destinar a usos de naturaleza privada», por ser «incompatibles con el uso abierto y común» que se acordó en un principio cuando se cedieron los terrenos portuarios sin desafectados para el proyecto del 'Balcón al mar', de abrir Valencia al mar.

Por eso, el Ayuntamiento de Valencia sí ha podido hacer una concesión directa a la fundación Asindown de Valencia, porque está más que acreditado que el fin de la escuela de hostelería para personas con discapacidad sí es social.

En el otro caso, optan por reintegrar los dos locales que en los que ha concluido la prórroga a la Autoridad Portuaria porque, al considerarse que los bienes no pueden destinarse al fin que fueron cedidos procede resolver la cesión gratuita que se hizo al Ayuntamiento y, por lo tanto, la reversión de los mismos a la Autoridad Portuaria. «Por ello, se considera que la fórmula jurídica más ágil y operativa, para que los locales puedan ser objeto de utilización, consiste en su reversión a la Autoridad Portuaria de Valencia».

Y si bien será la Autoridad Portuaria la que los vuelva a licitar, habrá reuniones de trabajo entre las dos autoridades para estudiar el mejor fin, dentro de los que se recogen en el Plan Especial de la Marina.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Valencia, durante la anterior legislatura de Joan Ribó, ya tuvo problemas para dar una nueva utilidad a los Docks del Puerto, porque los quería ceder a una empresa de central de datos pero la Abogacía del Estado ya dijo que no podía hacerse un uso lucrativo de algo cedido gratuitamente.