Los abogados del Ayuntamiento de Valencia rechazan la ordenanza contra el botellón

Así figura en un documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS. La vicealcaldesa Sandra Gómez anunció a finales de septiembre la voluntad de que la norma pasara por el pleno este año, mientras que el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, señaló la pasada semana que estaba a la espera de informes para seguir la tramitación. Entre los dos se sitúan todas las pegas que ha puesto la Abogacía del Ayuntamiento.

Así, se habla de que «incurre en abundantes impactos normativos. En un número importante de artículos de la ordenanza se incurre en incompatibilidad con otras normas jurídicas, duplicidad con conductas reguladas y sancionadas en otras ordenanzas municipales, continuidad en la protección de bienes jurídicos que gozan de protección penal o ubicación conflictiva en la propia ordenanza». Habla de que algunos apartados «contradicen principios constitucionales u otras normas de igual o superior rango, por lo que su mantenimiento en el texto puede dar lugar a futuras impugnaciones y, en su caso, declaraciones de nulidad».

A partir de ahí desmenuza artículo por artículo. La normativa debe servir para facilitar a la Policía Local la lucha contra el botellón y aparece en tres artículos del capítulo sexto. El servicio jurídico indica que hay duplicidad con la legislación autonómica con la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana y con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. «Esta redundancia puede dar lugar, a situaciones sobrevenidas en las que la modificación de la norma comprometa la vigencia de la ordenanza», dice.

En otros dos apartados que sancionan el consumo de alcohol en la calle se habla de que hay impacto de duplicidad con la Ley contra la Contaminación Acústica, mientras que «la posible suspensión de la actividad autorizada ya se encuentra regulada en los artículos 149.1, 189 y 232 de la Ordenanza de Ocupación del Dominio Público». También se aprecia duplicidad en la normativa de limpieza. En cuanto al concepto de «alteración de la convivencia», una de las razones para multar el botellón, se argumenta que afecta «directamente al derecho de reunión protegido por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio. El Ayuntamiento de Valencia no cuenta con título habilitante para limitar este derecho. Y menos para hacerlo del modo tan contundente como se pretende en esta letra, según la cual toda reunión 'masiva' para comer y beber altera la convivencia ciudadana, con independencia de la actividad que vengan desarrollando los ciudadanos y del modo en que conduzcan su actuación».

En otros aspectos habla de que el Ayuntamiento «no cuenta con habilitación legal para castigar conductas infractoras sobre bienes privados. Así, la ordenanza podrá hacer declaraciones generales sobre el ornato de inmuebles y del entorno urbano, pero el establecimiento de prohibiciones y de infracciones requiere de una habilitación de norma general con la que el Ayuntamiento no cuenta». En materia de convivencia se dice que el Ayuntamiento no cuenta con habilitación legal para castigar conductas infractoras sobre bienes privados, mientras que en el uso de canchas deportivas se indica que impacta por duplicidad con el Reglamento de Instalaciones Deportivas, el cual ya regula horarios, actividades permitidas y prohibidas, y establece un régimen sancionador, divergente de las establecidas en el borrador, apunta el servicio jurídico.

El concejal del Partido Popular Santiago Ballester exigió a la vista del informe que «paguen de su bolsillo los 120.000 euros que llevan gastado en la ordenanza», después de conocer que los servicios jurídicos han tumbado el borrador por segunda vez.

En marzo de este año los servicios jurídicos determinaron que el borrador de ordenanza carecía de informes de servicios municipales, unidades administrativas y organismos públicos. El edil declaró que «estamos ante una chapuza más de Ribó y el PSPV. Siete años después del anuncio y tres concejales diferentes han tenido que pasar para que los servicios jurídicos tumben por segunda vez la propuesta por chocar directamente con el ordenamiento jurídico».

A consultas de este periódico, la concejalía de Protección Ciudadana señaló sobre el informe jurídico que se «ha seguido los trámites reglamentarios y ha incorporado las apreciaciones de los servicios municipales, así como de colectivos sociales y cívicos. Asimismo, se solicitó el preceptivo informe de la asesoría jurídico municipal (que no es vinculante) y se está estudiando para incorporar aquellos preceptos que se estimen oportunos».

Elaborada por la cátedra Protecpol, la estructura y redacción actual sigue el formato de ordenanza tipo elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias, aseguran. «Se trata de un formato de ordenanza que presenta gran similitud con la propuesta inicial, está en plena vigencia normativa y en consonancia con otras ordenanzas. Al estar en vigor todas ellas, resulta de difícil comprensión que puedan aplicarse en estos municipios (Gandía, Manises, Villareal, Albal, Burriana, Onda...) y no en Valencia», para añadir que «no se considera que haya reiteración ni duplicidad el intentar describir y regular situaciones que son nuevas e impulsar métodos para mejorar la convivencia».

Por último, defienden que para la «confección de esta ordenanza se han seguido los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia. Su objetivo es preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio y encuentro».