Un mes sin noticias de Saray

Pero ya ha pasado cerca de un mes desde que el padre recibió la resolución. En el momento en el que los trámites judiciales se solventaron, José Manuel ya estaba deseoso por hacer las maletas e ir a Francia a recuperar a su niña. Aun así, según le han comunicado, su expareja todavía no ha sido notificada de la sentencia y por ello no puede ir todavía a llevársela para que viva con él.

Un farragoso entramado jurídico que lo único que consigue es desesperar más al padre, que no puede estar junto a su hija. Después de la última vista judicial celebrada en Francia, su expareja lo bloqueó de todas las redes sociales. Desde entonces no ha visto el rostro de su hija, ni ha podido hablar con ella.

Su pesadilla comenzó el 28 de abril de 2023. José Manuel y su padre estaban acompañando a su hija al colegio en Tavernes Blanques. Fue entonces cuando su expareja y la familia materna de la niña les propinaron una paliza para conseguir hacerse con Saray y meterla en un coche camino a Francia.

Desde el minuto uno, la justicia le ha dado la razón a José Manuel y han determinado que la menor debía regresar con su padre. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Moncada determinó el 15 de mayo de 2023 que Saray debía regresar a España con su padre de manera inmediata y le quitaba a la madre de la menor su custodia y también la patria potestad.

La lucha judicial se produjo también de manera paralela en los juzgados franceses. Josephine, la madre de Saray, alegó que su hija corría peligro si estaba con su padre y que por ello se la había llevado con ella a Francia. Falso. La resolución del juzgado de Nimes concluyó el pasado mes de marzo que no se «ha demostrado que las habilidades paternales de José Manuel Muñoz no sean adecuadas».

La justicia francesa también contempló que Josephine sustrajo a Saray de manera ilegal y ordenó el retorno de la niña a España de manera inmediata. En la sentencia condena a la madre a pagar a José Manuel 2.000 euros en aplicación del artículo 26 del convenio de La Haya que establece que la persona que trasladó al menor ilegalmente debe pagar «los gastos necesarios en que haya incurrido el demandante incluidos los gastos de viajes, todos los costes o pagos para localizar al menor y las costas de representación judicial».

Un mes más tarde de recibir esta última sentencia, José Manuel todavía no ha podido volver con su niña. «Mi expareja chantajea a la niña y encima le dice que su papá no quiere ir a verla», lamenta desagarrado José Manuel.