El exmando policial juzgado por odio declara que su discurso era «contra la delincuencia y no contra los inmigrantes»

El juicio se celebró este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Valencia, y comenzó con las declaraciones de las presidentas de CIM Burkina y Valencia Acull, así como de la persona que presentó la denuncia inicial en nombre de una treintena de entidades.

Ferris declaró que su discurso era «contra la delincuencia, y no contra los inmigrantes», y añadió que su imagen de racista y xenófobo es incierta. «Soy un activista social que ayuda a la gente y que durante la dana estuve un un mes sin dormir patrullando por las noches», manifestó el acusado, que se sentó junto a su abogado defensor con la autorización del tribunal.

Ferris realizó las manifestaciones sobre los detenidos extranjeros en el salón Sorolla del Ateneo Mercantil, que fue alquilado por Vox para una jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana, y fue destituido cuando ejercía como jefe de la comisaría Centro de la Policía Nacional de Valencia.

Las organizaciones que ejercen la acusación popular, València Acull y CIM Burkina, solicitan también una condena de tres años de prisión por un delito de odio al considerar que Ferris incitó a la violencia contra la población inmigrante. También piden una inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por tiempo de seis años; así como la inhabilitación del procesado para empleo o cargo público por el mismo tiempo y el pago de una multa de 12 meses.

En su calificación jurídica, el Ministerio Público señala que el acusado aseveró que la práctica totalidad de los detenidos eran extranjeros «a sabiendas de que los datos a que aludía eran falsos». También acusa a Ferris de lanzar mensajes «encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión» hacia los inmigrantes.

El acto fue organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española. La Dirección General de la Policía relevó al procesado de sus funciones el 20 de octubre de 2022, y le abrió un expediente disciplinario que está paralizado a expensas del resultado del juicio.

La vista se celebró en una sala llena de público tanto de organizaciones de inmigrantes como de personas que apoyan al acusado. El exmando policial, que se negó a responder a las acusaciones particulares, hizo uso de su derecho a la última palabra para reivindicar que sus palabras y acciones van «exclusivamente dirigidas contra las delincuentes».

«Cómo voy yo a animar a la gente a que salga a matar. Es tan grotesco que es increíble que se plantee: soy policía, mi obligación es detener a los delincuentes», manifestó en relación a lo que dijo en la conferencia sobre los españoles. Concretamente afirmó: «Los españoles somos un pueblo pacífico, vamos a tener que dejar de serlo» o «vamos a tener que actuar y echarle narices al asunto». El acusado explicó que con estos asertos quería apelar a la necesidad de colaboración ciudadana porque «los propios policías reconocen se ha ido de las manos la seguridad».

También afirmó que no informó a sus superiores de que iba a participar en el acto, porque acudió como particular y como representante del sindicato policial Jupol para ofrecer su punto de vista desde su experiencia en sus 40 años en la Policía Nacional.

En España «desgraciadamente sí que delincuente es sinónimo de inmigración ilegal», declaró Ferris, pero aclaró que se refería a los delitos que causan alarma social, y que su afirmación «no estigmatiza, todo lo contrario, lo que estoy haciendo es animar a la gente en general y a los inmigrantes honrados y trabajadores, que son los más interesados para evitar esa estigmatización, a colaborar». Según el procesado, la colaboración ciudadana es una asignatura pendiente en España que «requiere un cambio político» y que debería incluso impartirse en los colegios.

«He preparado a policías colombianos, que me han dicho 'no permitáis que España se convierta en Colombia', y debajo de mi casa tengo familias de Marruecos con tiendas en el centro que me dan la razón, que los que roban en las tiendas son sus paisanos», añadió.

Las presidentas de CIM Burkina y de València Acull, que también declararon en el juicio, coincidieron en que el colectivo de inmigrantes se sintió «ofendido y humillado» por las manifestaciones de Ferris, y que incluso notaron un incremento de la hostilidad hacia ellos.

Un trabajador de Valencia Acull afirmó que algunos inmigrantes le transmitieron tristeza por «verse señalados por alguien que debería velar por la seguridad de la población», y rabia porque «llevan muchos años esforzándose por formar parte de esta sociedad y aún deben enfrentarse a este tipo de discursos».